A través de una iniciativa en el Congreso del Estado, buscan tipificar como delito la creación de desnudos y material pornográfico utilizando la Inteligencia Artificial (IA).
La diputada Patricia Jiménez Delgado, propuso una enmienda al Código Penal de Durango buscando abordar el fenómeno tecnológico creciente y sus repercusiones legales en el Estado.
Hasta el momento, el uso indebido de esta tecnología para generar imágenes íntimas falsas no ha sido contemplado en la legislación local. Durango ya cuenta con sanciones por delitos relacionados con la pornografía, que incluyen penas de 6 a 14 años de prisión, acompañadas de una multa de 430 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
En este sentido, la propuesta busca añadir un elemento adicional a esta legislación. Según la diputada, “Cuando se promuevan imágenes ficticias y se hayan hecho con Inteligencia Artificial, se tendrá pena en el Código Penal”.
Jiménez Delgado hizo énfasis en que la Inteligencia Artificial es un fenómeno global que se utiliza tanto para propósitos benéficos como perjudiciales, y que la creación de imágenes íntimas ficticias mediante esta tecnología está en aumento en otras partes del mundo. Por esta razón, se busca tipificarlo como un delito en Durango, para que quienes lo practiquen enfrenten consecuencias legales.
En lo nacional, hay casos de extorsión por imágenes creadas con inteligencia artificial
A nivel nacional y a través de las redes sociales, se han reportado casos de víctimas que han sido extorsionadas con imágenes falsas creadas con IA, principalmente mujeres. Los extorsionadores exigen dinero a cambio de no difundir imágenes que ni siquiera son reales.
Aunque el fenómeno de crear imágenes de contenido sexual no consensuado no es nuevo, ya que anteriormente se realizaba con el uso de herramientas como Photoshop, la Inteligencia Artificial facilita aún más la generación de este tipo de contenido, lo que ha desencadenado preocupación en diversos sectores de la sociedad.
Consideró que esta propuesta legislativa en Durango busca proteger a las posibles víctimas y establecer un marco legal que se adapte a los avances tecnológicos actuales.
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