La nueva ley migratoria que entró en vigor este 3 de julio en Florida, Estados Unidos, impulsada por el gobernador republicano Ron Desantis, es considerada por activistas y el gobierno de México como una amenaza a los derechos humanos de miles de personas migrantes por sus elementos de discriminación y xenofobia, argumentaron.
Entre las medidas incluidas en la ley está exigir a las empresas con más de 25 empleados que utilicen E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar.
La ley obliga además a los hospitales que aceptan el seguro público Medicaid a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Además, convierte en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular desde otro estado a Florida.
DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA EN LEY MIGRATORIA
“La intensidad de los lazos comerciales y turísticos entre México y Florida no pueden ser ignorados por medidas inspiradas en sentimientos de xenofobia y nacionalismo blanco”, advirtió la cancillería mexicana en un comunicado, en el cual acusó a la legislación de facilitar la discriminación contra migrantes.
La organización Southern Poverty Law Center, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americans for Immigrant Justice y American Immigration Council, han anunciado que presentarán una demanda federal contra dicha ley. Los grupos acusan a la ley de discriminatoria y una amenaza para los derechos y el bienestar de todas las personas en el estado.
UNA LEY MIGRATORIA QUE SOCAVA LA DEMOCRACIA
La demanda se presentará contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Los principales demandantes son la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, una organización de derechos de los inmigrantes que se centra en la justicia social, política, económica, laboral, de salud y ambiental con y para los trabajadores agrícolas. El argumento es que “la ley no solo viola los derechos fundamentales de las personas en el estado, sino que socava la riqueza cultural y las contribuciones económicas“.
Paul R. Chávez, abogado supervisor principal del Proyecto de Justicia Inmigrante del Southern Poverty Law Center, dijo: “El ataque a nuestras comunidades de migrantes no paran. Diseñado a propósito para infligir crueldad, la ley es inconstitucional y socava nuestra democracia”.
MIGRANTES SIGUEN SIN SER RESPETADOS
Añadió: “El efecto punitivo de este proyecto de ley erosionará la seguridad pública y la salud pública, empujando a millones de familias de estatus mixto a las sombras. Cuando la gente teme denunciar delitos o buscar tratamiento médico, esto nos afecta a todos. Estamos comprometidos a garantizar que a los migrantes se les trate de manera justa, equitativa y con dignidad”.
Por su parte, Kate Melloy Goettel, directora jurídica de litigios del Consejo Americano de Inmigración, señaló que la ley antiinmigrante de Florida “perpetúa estereotipos dañinos y fomenta una atmósfera de miedo y hostilidad”.
“Esta legislación equivocada no solo se dirige a los inmigrantes y sus familias, sino que también pone en peligro el tejido de las comunidades de Florida, así como la economía del estado. Nuestra demanda busca garantizar los derechos fundamentales y la dignidad de cada individuo en el estado, independientemente de su estatus migratorio”, señaló. N
