BOLIVIA debe proteger a las niñas de la violencia sexual y los embarazos forzados, afirmó este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) después de que una adolescente de 11 años fuese violada por el padre de su padrastro.
Hasta el momento la niña se encuentra en un albergue de la Iglesia católica, que se niega a que se someta a un aborto. Las autoridades locales, el personal médico y la madre de la menor también se oponen.
EMBARAZO Y MATERNIDAD FORZADOS
Un embarazo infantil forzado se produce cuando una niña queda embarazada sin haberlo buscado o deseado y se le niega, dificulta, demora u obstaculiza la interrupción del embarazo, explica el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM).
“El embarazo forzado puede ser producto de una violación sexual o producto de la falta de educación en sexualidad, o habiéndola tenido no pudiendo acceder a métodos de prevención de los embarazos y de anticoncepción de emergencia.
“En ambos casos hay responsabilidad de los Estados; en el primero, por no haber prevenido la violencia sexual contra las niñas y en el segundo, por no haberlas provisto de las herramientas necesarias para prevenir un embarazo”.
La maternidad es forzada cuando no fue buscada ni deseada, en el caso de las niñas menores de 14 años, sucede generalmente cuando se le impone ser madre, añade CLADEM.
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El indicador más claro de que no desea ser madre es su deseo de interrumpir el embarazo. La preocupación de las niñas en cuanto a su situación se debe, en la mayoría de los casos, a una obstaculización de los procesos en las distintas áreas del desarrollo pleno de una persona; puesto que, a diferencia del embarazo, que dura habitualmente nueve meses, la maternidad es un compromiso a perpetuidad; transforma para siempre la vida desde el punto de vista físico, psíquico y social; altera las posibilidades de educación, acceso a recursos económicos y afecta las relaciones sociales de la niña no sólo al interior de su familia sino con su entorno.
“En aquellos casos en que el embarazo fue producto de violencia sexual y se prohibió su interrupción, al momento en que la niña se convierte en madre se han cometido tres tipos de violaciones a sus derechos humanos: la primera, imponiéndole una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; la segunda, al obligarla a llevar a término un embarazo que no buscó y la tercera, al obligarla a ser madre contra su voluntad”.
Los resultados del Balance Regional de las Niñas Madres demuestran que, en general, no existen programas específicos para niñas menores de 14 años embarazadas o madres. Sin embargo, la mayoría de los países cuenta con algún programa para adolescentes embarazadas, implementado a través de las áreas de salud, educación o desarrollo.
TORTURA
Someter a una niña a un embarazo forzado está calificado como tortura. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), en la Recomendación General 35, señala que la vulneración del derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas, como la continuación forzada del embarazo, son “formas de violencia por razón de género que, según las circunstancias, pueden constituir tortura o trato cruel, inhumano o degradante”. El Comité Contra la Tortura en reiteradas oportunidades ha establecido que la prohibición de la interrupción del embarazo puede constituir tortura o maltrato porque pone a las mujeres en riesgo de mortalidad materna evitable.
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El Sistema de Naciones Unidas en Bolivia (ONU Bolivia) hizo un llamado urgente a intensificar los esfuerzos para la protección de los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y de embarazos forzados, manifestaciones extremas de violencia por motivos de género, “que se constituyen en actos de tortura”.
“Ante los alarmantes casos de violencia sexual y embarazos forzados en niñas menores de 15 años, ONU Bolivia recuerda que hay un marco normativo internacional y nacional de protección a las niñas que debe aplicarse de manera integral y oportuna para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas.
“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, señala la ONU.
10 MILLONES DE EMBARAZOS AL AÑO
En el informe sobre Violencia y Discriminación contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, la CIDH advirtió que el embarazo infantil y adolescente es un serio problema en el hemisferio con cerca de 10 millones de embarazos al año, respecto del cual los Estados tienen el deber de atender el interés superior y garantizar la protección especial de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes por la condición de especial vulnerabilidad.
“En particular, quienes son víctimas de violencia sexual deben acceder pronta y oportunamente a los servicios de salud, y a toda la información científica para que tanto ellas como sus familias puedan tomar las decisiones y dar el consentimiento sobre cualquier procedimiento, sin que esto represente un riesgo para sus vidas, o afectación a otros derechos.
“El Estado debe además garantizar la confidencialidad y privacidad, blindándolas de cualquier tipo de opiniones y o información no científica por parte de personas que se desempeñan como funcionarias de instituciones públicas y/o de terceros que pueda interferir en sus decisiones”.
Bolivia registra una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región que, según el Fondo de Población de Naciones Unidad, es de 88 por cada 100 habitantes entre 15 y 19 años, en tanto que el promedio regional es de 70. Por su parte, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre enero y julio de 2021 se registraron 22,221 embarazos de adolescentes, con una proyección de aumento para el segundo semestre del año.
En el caso de la menor de 11 años, la madre afirma que tanto ella como su hija quieren que el bebé nazca y que después decidirán si lo crían o lo dan en adopción.
“El embarazo de niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual pone en riesgo su vida, salud física y mental, y afecta su autonomía integral”, recalca la CIDH. N
