EL GOBIERNO de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas acordaron que el comité realice una visita al país, en cuanto las condiciones relacionadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV-2 lo permitan, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta será la primera visita del Comité contra la Desaparición Forzada desde su creación, y la cuarta que México recibe de un órgano de tratado de la ONU.

“México ha reconocido que prevalecen desafíos importantes en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, y que es fundamental reforzar las políticas y estrategias para abordarlos de manera integral y con la cooperación internacional del sistema multilateral”, informó un comunicado.

Este lunes, en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, los colectivos y organizaciones integrados en el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) exigieron al Estado la búsqueda de las más de 90 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

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“A dos años de que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumiera siete compromisos con las familias de personas desaparecidas, vemos una agenda integral cuyos pendientes deben abordarse a través de canales de diálogo periódico que cuenten con el acompañamiento y respaldo directo del presidente.

“La construcción de políticas públicas que respondan a nuestras demandas implica la necesidad de un diálogo nacional en materia de desaparición forzada”, señala el comunicado de las organizaciones.

En tanto la SRE señala que México ha reiterado su apertura al diálogo constructivo y a la cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de derechos humanos.

“La experiencia y buenas prácticas que el comité ha desarrollado desde su creación a través de jurisprudencia contribuirán a los esfuerzos de México para fortalecer las capacidades institucionales para la investigación, búsqueda de personas desaparecidas, procesos de rendición de cuentas y reparación para las víctimas.

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“El Estado mexicano y el comité desarrollarán juntos un programa de trabajo que permita a los expertos contar con información de primera mano de las autoridades federales y locales, colectivos de víctimas, personas defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, entre otros actores”, indica la SRE.

Una “desaparición forzada” se produce cuando una persona es arrestada, detenida o secuestrada contra su voluntad o privada de su libertad de cualquier otra forma por autoridades gubernamentales o por grupos organizados o individuos particulares cuyas acciones son aprobadas de alguna manera por el gobierno.

“Esa privación de libertad viene seguida de una negativa a desvelar la suerte o el paradero de la persona en cuestión o una negativa a reconocer su privación de libertad. A consecuencia de esta conducta, la persona desaparecida queda fuera del amparo de la ley, con lo que se le impide el recurso a remedios judiciales y garantías de protección y se la pone en una situación de total indefensión. Esto, a su vez, la deja expuesta a otras violaciones de derechos humanos, como la tortura, la violencia sexual o incluso el asesinato”, explica Amnistía Internacional.