El gobierno de Rafael Moreno Valle está inmerso en el escándalo, debido a que los gobiernos estatales recientes ha mantenido en la opacidad los documentos que hicieron posible la concesión del Agua de Puebla, donde la familia Hank fue una de las más beneficiadas, debido a que le entregaron la concesión de la privatización del servicio de agua potable a Carlos Hank Rhon, pese a que la concesión la consiguió la familia Gutiérrez Cortina en 2014.
Se creó una estrategia para presentar al Sistema Operador de Agua Potable (Soapap), como un organismo en quiebra, hubo una carga inusual de pagos, para mostrar su insolvencia financiera, sin embargo, antes de entregar la concesión la deuda bajó un 70 por ciento.
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Tras ganar la concesión de agua, los beneficiarios crearon la empresa Concesiones Integrales relacionada con las firmas EPCOR y TICSA. Argumentando que no tenían los 415 millones de dólares, por la concesión a 30 años, recurrieron a un financiamiento del grupo Hermes vía Banorte, de la familia Hank, quienes de esta forma asumieron el control del negocio.
Tras la privatización el servicio ha resultado malo y caro, han sido seis años de constantes quejas de los usuarios por sus abusos, que el tema fue relevante en la elección del año pasado donde los candidatos de Morena, encabezados por el ahora gobernador Miguel Barbosa, ofrecieron revertir la privatización del servicio de agua potable, lo que es un pendiente que se ve lejano.
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Lo que antes era un reproche constante por el mal servicio y su costo se ha transformado en un trato comprensible y de gran apoyo que brinda el gobierno estatal a través del Soapap para la empresa Agua de Puebla, como la gestoría del pozo en San Lorenzo Almecatla que se empezó a construir al margen de la Ley y que fueron los pobladores quienes en un primer momento frenaron la obra, posteriormente el ayuntamiento y finalmente Conagua, ya con atribuciones legales.
Cabe recordar que hace apenas una semanas Puntual publicó que la Asamblea Social del Agua (ASA) criticó el acuerdo de la Secretaría de Economía estatal y Concesiones Integrales SA de CV que se ostenta como “Agua de Puebla para Todos”, ya que omitió mencionar el derecho humano al agua; y mantiene una visión reduccionista y centrada en el manejo del agua como un artículo comercial de consumo.
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Puntual publicó que “ASA sostuvo en su pronunciamiento que la medida temporal, reconoce el impacto que representa la falta de agua en momentos que se requiere para la salud de la población, situación de gravedad que Concesiones Integrales –compañía privada-, ha violentado desde que se apropió del servicio que le fue entregado mediante un oscuro proceso de licitación en diciembre de 2013 y llevado a cabo en mayo de 2014, con trágicas consecuencias para la población del área metropolitana de la capital del Estado”.
En este sentido el Poder Legislativo, controlado por Morena vía Gabriel Biestro Medinilla, también ha dejado entrever que la cancelación de la concesión de agua es algo muy difícil de lograr, a pesar de ser una de sus principales propuestas de campaña.
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Sin embargo, ha sido la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, quien ha mantenido un discurso en contra de la privatización, postura que ha sumado a la ruptura con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
Con información de Diario Puntual
