El acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala para que los demandantes de asilo sean enviados a ese país mientras se tramita su solicitud ha sido implementado de tal forma que inducen a las personas a abandonar su proceso, denunciaron Refugees International y Human Right Watch.
Las dos oenegés publicaron este martes un informe titulado “Deportación con una escala”, tras entrevistar a 30 demandantes de asilo que fueron sometidos al proceso, con información de personas que atienden a los refugiados y datos oficiale los dos países.
“Nuestras entrevistas indican que el Acuerdo de Cooperación Migratorio (ACA) ha sido implementado de una manera en que efectivamente obliga a las personas transferidas a abandonar su solicitud”, afirmaron los investigadores.
Tras un alza de las detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos en 2018 y principios de 2019, el gobierno de Donald Trump denunció una “invasión” y obligó a Guatemala, El Salvador y Honduras a firmar controvertidos acuerdos migratorios.
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El acuerdo con Guatemala faculta a Estados Unidos a enviar a solicitantes de asilo de terceros países allí para esperar mientras se tramita su proceso.
Según las organizaciones, todos los entrevistados describieron las condiciones en la frontera con Estados Unidos como abusivas y reportaron que pasaron varios días sin ducharse, recibieron comida todavía congelada y dijeron que no podían dormir porque estaban expuestos a la luz de forma permanente.
También denunciaron que se les negó atención médica y fueron sometidos a insultos y tratamientos degradantes mientras estuvieron detenidos bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los migrantes también dijeron que se les dificultó el acceso a abogados y a mujeres víctimas de violencia de género, con casos documentados en la justicia de sus países, no se les dejó presentar estas pruebas.
Un policía hondureño que huyó de bandas criminales reportó que las autoridades estadounidenses “tiraron sus papeles”, que contenían pruebas de su caso.
“Destruyendo a una generación”
Una vez en Guatemala, a los solicitantes de asilo se les comunicaba que tenían 72 horas para decidir si querían permanecer en el país, retornar a sus lugares de origen o intentar encontrar refugio en otro lugar, según el informe.
“Este plazo de 72 horas es arbitrario y coercitivo, lo que hace que a las personas transferidas se les de poco tiempo para tomar una decisión mayúscula”, denunciaron los autores del informe.
Según los datos del gobierno de Guatemala, entre diciembre de 2019 y el 16 de marzo de este año, cuando los vuelos fueron suspendidos por el coronavirus, 939 hondureños y salvadoreños que pidieron asilo en Estados Unidos fueron llevados a Guatemala.
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Del total sólo un 2% solicitó asilo en Guatemala, pese que muchos de ellos tenían razones fundadas para huir de sus países.
Según el informe, algunas de las personas llevadas a Guatemala pensaban incluso que estaban siendo trasladadas dentro de Estados Unidos y se enteraron de su destino una vez allí.
Un trabajador del Refugio de la Niñez, una organización que ayuda a los migrantes una vez en Guatemala, describió el proceso de traslado desde la frontera estadounidense, pasando por el vuelo y la recepción, “como una serie de decepciones y de intimidaciones”.
Una psicóloga que atiende a los migrantes señaló que estos acuerdos crean un “círculo de violencia”, que coloca a los demandantes de asilo en un estado de estrés constante.
Con respecto a los niños en el albergue, la psicóloga señaló que los menores muestran diversos signos de ansiedad.
“Estamos destruyendo a una generación”, concluyó.
