La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la inmunidad del guardia fronterizo que mató a un adolescente mexicano y dijo que los padres de la víctima no tienen derecho a buscar una indemnización en territorio estadounidense.
El incidente ocurrió en 2010, cuando Sergio Hernández, de 15 años y que se encontraba en territorio mexicano, murió a causa de los disparos efectuados por el agente fronterizo Jesús Mesa desde el lado estadounidense.
El menor falleció en territorio mexicano, a 18 metros de la frontera.
Hernández y tres amigos jugaban a correr hasta la reja alambrada que impide el paso hacia Estados Unidos para volver luego hasta territorio mexicano en la zona de Rio Grande.
El agente, que disparó desde territorio estadounidense, argumentó que los jóvenes intentaron cruzar ilegalmente la frontera.
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“Un reclamo por un tiroteo transfronterizo tiene implicaciones para las relaciones internacionales y la seguridad”, escribió el juez Samuel Alito, en una opinión que agrupa a los cinco magistrados conservadores, mayoría en la corte.
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“Además, el Congreso ha sido notablemente dubitativo a la hora de admitir demandas basadas por conductas supuestamente ilícitas en el exterior”, dijo el magistrado.
El gobierno de Donald Trump, que defiende una dura política contra la inmigración, le pidió a la Corte Suprema que garantizara la inmunidad del agente, afirmando que de otra forma se podría comprometer la seguridad nacional.
“Un menor desarmado”
Este caso, que llegó a la Corte Suprema en 2017, tensó las relaciones entre Estados Unidos y México, que pidió la extradición del agente y representó a los padres del menor ante el alto tribunal.
En la querella, los padres del adolescente señalaron que el agente violó la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que proteger a los ciudadanos del uso desproporcionado de la fuerza.
En su argumentación, Alito dijo que “los tiroteos transfronterizos y este tema en particular deben ser abordados mediante los canales diplomáticos”.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lamentó la muerte del joven pero concluyó que el agente no había violado el reglamento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y no presentó cargos.
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La jueza Ruth Bader Ginsburg, que agrupó a los cuatro jueces progresistas que estaban a favor de una compensación para la familia, señaló que este litigio no constituye una amenaza “ni para la política exterior ni para la seguridad nacional” y destacó que el hecho de que la bala golpeara a Hernández del lado mexicano era algo “fortuito”.
La Liga de Congresistas Latinos lamentó la decisión en un comunicado en el que destacó que Sergio era “un menor desarmado cuando fue baleado a través de la frontera por el agente fronterizo Mesa”.
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“Debido a la decisión de hoy, la familia Hernández no tiene forma de buscar justicia por este asesinato”, dijeron los congresistas.
La organización de derechos humanos Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) dijo que los agentes fronterizos no deberían tener inmunidad para disparar mortalmente a adolescentes mexicanos al otro lado de la frontera.
“La Constitución no termina en la frontera”, dijo la organización.
