La federación decidió regular la importación de productos que se venden entre negocios. Ahora las PyMes recortan a su personal, y otras creen que en poco tiempo tendrán que cerrar sus puertas.
La frontera noroeste de México goza de una ubicación privilegiada para los negocios de tecnología, pues colinda con el poderoso estado de California.
Pero en junio pasado, la autoridad cambió las reglas del juego para importar productos de electrónica, y empresas que daban servicios de ingeniería hoy tambalean, al grado en que cientos de trabajadores podrían perder sus empleos.
Avit Soluciones es una de las afectadas en Tijuana.
Cada año importa de 19 mil a 20 mil modelos distintos de productos electrónicos, que no vende al público en general, sino a otros negocios.
Los consigue para echar a andar fábricas y empresas de telemercadeo en Tijuana, una ciudad que concentra más de 900 maquiladoras y alrededor de 50 oficinas de atención al cliente vía telefónica.
Los procesos productivos de estos negocios, dependen de tecnología especializada, que en su mayoría proviene de otros países.
Y PyMes como Avit Soluciones, encontraron una oportunidad de negocio en esto.
En lugar de comprar a distribuidores, aprovecharon la cercanía de Tijuana con ciudades de vanguardia en tecnología, como San Francisco, Los Ángeles y San Diego, para comprar de forma directa modelos específicos y novedosos.
Ahorraron tiempo y dinero en importar equipos de cómputo, de audio, video, de comunicación y de seguridad, que se integran a una red de contact center, o se usan para equipar una sala de juntas.
Pero empresas de este giro lo hacen cada vez menos porque el negocio está dejando de serlo.
En casos como el de Avit Soluciones, se registró un recorte al 20% de su personal.
Otras tres empresas ya advirtieron a la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), que de seguir así, tendrán que cerrar operaciones en diciembre.
Sucede que la ruta para importar estos productos cambió este año, a raíz de una modificación a las reglas y criterios de comercio exterior, que emite la Secretaría de Economía.
Jorge Ortega, director de Avit Soluciones, y otros afectados, dicen que ahora es más caro y tardado.
Si antes resolvían en cuatro semanas, ahora la espera es de tres a seis meses. Y a sus gastos deben sumar el costo de nuevos trámites y de mercancía para pruebas de calidad.
“Es algo que pone en riesgo la existencia de nuestra empresa y otras similares a la nuestra”, dice Ortega. “El 60% de nuestros ingresos procedían de productos de importación”.
Ahora se les obliga a tramitar una Norma Oficial Mexicana (NOM) por cada modelo de producto que desean ingresar al país.
Las NOMS son documentos que certifican la calidad de un producto, y existen para evitar la piratería y la venta de artículos potencialmente peligrosos.
En el proceso para conseguirlas, el importador debe facilitar muestras del producto a un laboratorio que experimenta con ellas.
“Tienes que destruir un producto o dejarlo sin posibilidades de venta”, dice Ortega sobre el trámite ante la dependencia de gobierno.
El problema es que firmas como la suya suelen comprar solo una o dos piezas de cada producto. Y destruir un artículo para importar otro, resulta insostenible.
Premier Systems & Technology es otra de las empresas que se enfrentan a esta situación en Baja California.
“A todos los importadores nos están tratando como si fuéramos grandes comerciantes”, dice Javier Pimentel, director de ese negocio, en el que trabajan 12 personas.
Ellos se dedican a la venta de equipo de cómputo y soluciones de ingeniería.
Este sector comercial es el sustento de unas 500 familias en Baja California, dice Román Caso, presidente de Canieti.
En su opinión, la modificación que entró en vigor este año los está sacando del mercado.
“Les quitó toda la capacidad que tenían de competir”, comenta.
Y Javier Pimentel coincide.
“El simple hecho de comprar una NOM para cada uno de los productos resulta incosteable”, explica el director de Premier Systems & Technology.
Anteriormente, la Secretaría de Economía les permitía utilizar una carta de no comercialización, conocida como carta VIII.
Ésta les servía para importar productos, sin necesidad de una NOM.
“Es un manifiesto donde decías que este producto no iba para venta al público en general”, explica el presidente de Canieti.
La Secretaría de Economía la aceptaba para productos que no se vendían en tiendas, sino que formaban parte de un proceso productivo, para brindar un servicio o fabricar un producto.
Sin embargo, la dependencia detectó que un 60% de las importaciones ingresaban al país mediante la carta VIII.
Se buscó una entrevista con la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, aunque al cierre de esta edición no dieron respuesta.
Y en octubre del año pasado la Secretaría anunció la modificación que entró en vigor hace cuatro meses.
Desde entonces, las pérdidas para estos negocios, rondan los 70 millones de dólares, de acuerdo a Canieti, situación que también afecta en recaudación al mismo gobierno federal.
“Nada más en el tiempo que nosotros tenemos sin poder importar, hemos dejado de pagar impuestos de productos de importación por más de 10 millones de pesos”, dice Ortega.
Canieti a nivel local y nacional, ha dado a conocer su punto de vista.
Piden que la Secretaría de Economía revise estos casos y haga un ajuste.
“Dijeron que iba a haber un sistema de equivalencia de normas”, dice Román Caso.
A través de este sistema, las empresas podrían consultar si un producto ya cuenta con una norma aprobada en otro país, para hacerla válida en México.
Caso comenta que la plataforma funcionó un par de días y luego ya no.
Por eso, Canieti propone tres opciones.
“Echar a andar el programa correctamente, reabrir la regla 8, o crear un modelo nuevo”, explica Román Caso.
Y empresas de la región como Premier Systems & Technology, han dado seguimiento a través de cartas dirigidas a la Secretaría de Economía, sin obtener respuesta.
“La verdad es que esto se ha complicado demasiado, y a como está todo, considero que así nos van a dejar. Las personas que dependemos de este negocio estamos atadas de manos”, dice el pequeño empresario, Javier Pimentel.
Pero no es solo ellos.
Algunas empresas de manufactura, conocidas como maquiladoras, también experimentan pérdidas por el rezago, de acuerdo a Román Caso.
“No pueden arrancar y están pagando nómina de 280 empleados desde junio, esperando a que llegue el certificado de la NOM para importar un servidor de Australia”, detalla el presidente de Canieti sobre los clientes de un afiliado.
