Estudiantes, políticos, reporteros, los más buscados por Daniel Ortega


Estudiantes, políticos, reporteros, activistas, los más buscados por Daniel Ortega



HACE 40 AÑOS, el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se ocultaron en casas seguras de San José, Costa Rica, para esperar a que cayera Anastasio Somoza. Hoy día, miles de sus compatriotas exiliados en ese país viven en domicilios parecidos, aguardando la caída de la pareja presidencial.

Viajamos a San José para entrevistar y retratar exiliados nicaragüenses de todos los estratos sociales: estudiantes, políticos, reporteros, activistas por los derechos humanos y líderes cívicos. Aunque algunos de ellos ocuparon los titulares internacionales al salir de Nicaragua, casi todos no son más que ciudadanos promedio. Eso sí, todos tienen algo en común: si regresan a su país podrían ser detenidos, torturados o asesinados. Y es que algunos son los objetivos más buscados de Daniel Ortega.

“Prefiero caer preso aquí, que en Nicaragua”

No hay duda de que los exiliados nicaragüenses están agradecidos con sus vecinos del sur, pero muchos apenas logran sobrevivir en un entorno donde casi pueden sentir el aliento de Ortega en la nuca.

“Este exilio no es seguro para mí”, afirma Nemesio Mejía, famoso líder agrícola a quien el peligro le impide ver a su esposa e hijos más de dos veces al mes. Un desertor de la policía antimotines de Nicaragua vive recluido en las afueras de la capital costarricense: “Me siento como una rata”. Uno de los aliados más allegados a Ortega, Rafael Solís, demoró siete semanas en encontrar el lugar y el momento adecuados para reunirse con nosotros. “No tengo miedo, pero debo tomar precauciones”, explica Solís.

El 15 de marzo de 2019, Álvaro Leyva, presidente de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, hoy exiliado en Costa Rica, envió una carta al presidente Carlos Alvarado Quesada solicitando su ayuda para documentar múltiples casos de refugiados acosados y perseguidos por individuos “que, presuntamente, forman parte de las unidades de inteligencia del gobierno nicaragüense […], quienes han sido enviados a Costa Rica para actuar como paramilitares”.

Nicaragua aprueba ley de amnistía para presos y represores; liberan a 50 opositores

Víctor Barrantes, viceministro de Gobernación y Policía de Costa Rica, asegura que su “gobierno no tiene pruebas concretas de que haya grupos nicaragüenses de paramilitares o contrainteligencia que estén operando en nuestro país. Sin embargo, estamos investigando, ya que seguimos recibiendo quejas”.

Los nicaragüenses no han dejado de cruzar la frontera con Costa Rica, mas el viaje al exilio no ha sido bien documentado debido a la persistente represión en Nicaragua. Este proyecto —fundamentado en más de 50 entrevistas realizadas a lo largo de cuatro meses, tanto en San José, Costa Rica, como en Managua, Nicaragua— da voz y rostro al dolor y la esperanza de los exiliados que viven en la incertidumbre.

Carlos (21 años), Moisés (19), Christopher (19) y Randol (30), en la vivienda que comparten en San José. Estos universitarios nicaragüenses participaron en las manifestaciones que estallaron en Managua en abril de 2018. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews)..

“EL GOBIERNO NOS OFRECIÓ 5,000 DÓLARES POR MUERTO”

“Durante las protestas, la vicepresidenta Murillo emitió una orden en la que nos ofrecía 5,000 dólares por muerto. Pero me negué a participar en aquella masacre”. El hombre de 35 años que figura en esta imagen dio su testimonio a cambio de permanecer en el anonimato. Exagente de la policía nicaragüense, hoy radica en Costa Rica. Al negarse a cumplir la orden, fue capturado y conducido a la prisión de El Chipote en abril de 2018. “Todos estaban desnudos y llorando”. A lo largo de 16 días, fue violado y mutilado, y le aplicaron electrochoques en los genitales. Durante la tortura le sacaron tres uñas de los pies, dislocaron su mandíbula y le arrancaron dos dientes. “Al final, me llevaron con otros cuatro hasta la Laguna de Tiscapa, y allí nos dispararon. No sé de dónde saqué las fuerzas, pero me eché a correr”. Unos estudiantes universitarios lo encontraron y, luego de recuperarse en la ciudad de Jinotega, él y su esposa cruzaron la frontera. En estos momentos está recibiendo atención psicológica. “San José está infestada de inteligencia nicaragüense. No quiero vivir con temor, pero paso las noches sin dormir”. San José, Costa Rica; 26 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

“CINCO POLICÍAS ME VIOLARON”

Ericka Sánchez (32 años), en un restaurante de San José. Ericka fue lideresa de una barricada en su ciudad natal, Masaya. La madrugada del 2 de junio fue capturada y conducida a El Chipote. “Me obligaron a posar con un montón de armas y a decir que era terrorista. Me pegaban cada vez que protestaba. Después de que me desvistieron y vendaron los ojos, cinco policías me violaron. Luego me echaron en una celda completamente oscura. Olía a muerte. Al día siguiente tuve que leer un testimonio falso frente a una cámara en el que incriminaba a 15 de mis vecinos”. Un día más tarde, defensores de los derechos humanos ayudaron a liberar a algunos prisioneros, incluida Ericka, quien volvió a su barricada para proporcionar armas y comida hasta el 17 de julio, día en que las fuerzas gubernamentales tomaron Masaya. “Mi grupo fue el último. Resistimos hasta el mediodía. Mientras corría a esconderme, me dispararon en las nalgas. Matamos al tipo que me hizo eso”. Transcurridos dos días, cruzó la frontera y una ambulancia la trasladó a San José. “Vivo atemorizada. Los paramilitares están buscándome aquí”. San José, Costa Rica; 21 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Exiliados en Costa Rica, los universitarios Jonás Cruz (18) y Moisés Rivas (19) practican lucha en el hogar de San José donde se han refugiado. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Según datos de Naciones Unidas, alrededor de 55,000 nicaragüenses han huido a Costa Rica desde abril de 2018. La mayoría se ha asentado en San José, la capital del país, y vive en barriadas periféricas, en condiciones muy precarias y con un alto índice de criminalidad. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Un refugiado posa en su hogar, ubicado en un estacionamiento del centro de San José, Costa Rica. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Una organización no lucrativa proporciona alimento a los refugiados nicaragüenses que se reúnen en el centro de la ciudad de San José. Aunque Costa Rica mantiene una política de fronteras abiertas con los refugiados de Nicaragua, no está en condiciones de atenderlos a todos. Muchos cubren sus necesidades cotidianas por su cuenta o con la ayuda que proporcionan diversas organizaciones locales e internacionales. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

“LOS EXILIADOS NICARAGÜENSES TIENEN PROBLEMAS PSICOLÓGICOS GRAVES”

El Dr. Ricardo Pineda, de 55 años, solía trabajar en una clínica privada de Managua hasta que se convirtió en un personaje de renombre nacional por brindar atención médica a los estudiantes que participaban en las manifestaciones. “Observé que, de pronto, muchos hospitales cerraban sus puertas a los estudiantes lesionados. Eso hizo que las protestas se volvieran muy personales para mí”. Ricardo fue uno de los médicos que acudió a la iglesia de la Divina Misericordia la noche del 13 de julio. “Grabé un video dentro de la iglesia y, en cuestión de minutos, se diseminó por todo Nicaragua. Al poco rato, empecé a recibir mensajes de texto con amenazas de muerte; entre ellos, un gráfico que decía: ‘Pagaremos 50,000 dólares a quien mate al médico’. Cuando salimos de la iglesia comencé a encaminarme hacia la frontera con Costa Rica”. Ricardo no tiene autorización para ejercer la medicina en San José, pero sigue haciendo labor voluntaria con los nicaragüenses recién llegados. “Algunos llegan aquí muy malheridos, muchos otros han sido violados. El gobierno de Ortega usa la violación como un arma de guerra, así que nuestros exiliados tienen problemas psicológicos graves, como TEPT [trastorno por estrés postraumático]. En cambio, los paramilitares nicaragüenses que operan en Costa Rica reciben vivienda, comida y recursos del gobierno”. San José, Costa Rica; 24 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

@Justa42517276: “[Ricardo Pineda] Gestiona fondos externos usando su cargo en Asaciación Medica, lo que consigue se lo queda porque es un ladrón de primera… y efectivamente hay que detenerlo porque tiene dosordenes mentales y al estar armado es muy peligroso”. (Redacción y ortografía originales.) La autora de esta respuesta pública vía Twitter es Justa Pérez, ministra de Economía Familiar en el gobierno de Daniel Ortega. Igual que Ricardo Pineda, todas las personas que entrevistamos nos mostraron evidencias de que Twitter, Facebook y WhatsApp son las principales herramientas con que los simpatizantes de Ortega intimidan, difaman y persiguen a los disidentes. Twitter; septiembre de 2018. (Captura de pantalla de Ricardo Pineda para DAWNING).

La iglesia de la Divina Misericordia en Managua, siete meses después de la noche del 13 de julio de 2018, cuando dos estudiantes se refugiaron en el interior y fueron asesinados a tiros. Ese día señaló el final de las manifestaciones estudiantiles en Managua. Managua, Nicaragua; 7 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

“NO QUIERO MORIR EN EL EXILIO”

Con 60 años, el Dr. Estrada (se omite el nombre de pila) se deja retratar en una cochera de San José que comparte con otros cuatro exiliados nicaragüenses. Cuando estallaron las protestas, el Dr. Estrada dejó su empleo para prestar servicios médicos en una clínica improvisada en la plaza principal de la comunidad indígena de Monimbó, en su natal Masaya, localidad emblemática desde la Revolución Sandinista. “Usábamos una carpa con mesas de restaurante y algunas camillas. Atendimos a unas 2,000 personas en 88 días. Apenas dormíamos, pero me sentía muy bien dando servicio en mi pueblo”. El 17 de julio, las fuerzas gubernamentales retomaron el control de Monimbó y el Dr. Estrada caminó seis días hasta la frontera costarricense. “Recibí dinero para mantener funcionando las barricadas, y ahora el gobierno me acusa de financiar el terrorismo”. Como no pudo encontrar trabajo en San José, el Dr. Estrada vive de donativos. “Si sigo aquí, mi muerte será lenta, pero segura. Y no quiero morir en el exilio sin volver a ver a mi familia. El mundo necesita hacer algo, y rápido. Ortega está destruyéndonos”. San José, Costa Rica; 21 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Un hombre en el interior de su hogar, en Monimbó. Monimbó, Nicaragua; 8 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

Escena callejera en Monimbó. El 17 de julio de 2018, las fuerzas del gobierno tomaron Monimbó y retiraron las barricadas. Murieron al menos cuatro personas y hubo decenas de lesionados. Monimbó, Nicaragua; 8 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

“ME BUSCAN POR TODAS PARTES”

Dulce Porras, de 67 años, demuestra la postura que mantuvo durante las seis horas que pasó encerrada en un armario en la iglesia Apóstol Santiago, cuando las fuerzas progubernamentales atacaron su natal Jinotepe el 8 de julio de 2018. “Éramos seis, y tuvimos que permanecer en cuclillas, uno junto a otro, detrás de las túnicas del sacerdote. Los disparos resonaban en la iglesia. Si existe el infierno, lo conocí aquel día”. Dulce pertenece a una familia de políticos y es miembro fundadora del partido Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Al desatarse las protestas del 18 de abril, los estudiantes buscaron a Dulce para pedirle apoyo. “Me han acusado falsamente de terrorismo, crimen organizado, tortura, saqueo, y de financiar las protestas con fondos del MRS. Me buscan por todas partes”. Dulce y su hijo cruzaron la frontera con Costa Rica dos días después del ataque del 8 de julio. “La vida en el exilio es difícil. Dejé mi corazón al otro lado de la frontera”. Dulce sigue recibiendo amenazas de muerte. San José, Costa Rica; 23 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

“ME SENTENCIARON A DOS AÑOS DE PRISIÓN POR ACUSACIONES FALSAS”

Raúl Oporta, de 53 años, ora en el interior de la iglesia de La Merced en San José, Costa Rica. Raúl era un activo líder comunitario en la ciudad nicaragüense de Boaco. Poco antes de las manifestaciones fundó un nuevo partido político llamado Ciudadanos por la Libertad y se destacó como líder de logística durante las manifestaciones. Lo arrestaron a principios de agosto, cuando se encontraba sentado en el portal de su casa. Acusado de daños y perjuicios contra los bienes del Estado —cosa que Raúl niega—, terminaron enjuiciándolo. “Los fiscales y la policía eligieron al jurado, mas esas personas se negaron a comparecer en el tribunal para incriminarme, porque sabían que todo era falso”. El 14 de diciembre, se presentó a declarar el único testigo. Era un vecino. “Estoy convencido de que lo obligaron a mentir. Aun así, un solo testigo bastó para condenarme y sentenciarme a dos años de cárcel. Escapé durante un receso”. Disfrazado de sacerdote, Raúl huyó a Costa Rica en una motocicleta Raybar de 250 cc. Hoy día, radicado en San José, participa en reuniones políticas donde los exiliados se organizan y hablan del futuro de Nicaragua. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Raúl Oporta muestra los documentos originales del tribunal que lo sentenció a dos años de prisión. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Estados Unidos envía alimentos y ropa usada para distribuirlos entre los nicaragüenses que viven en este centro para refugiados de San José, patrocinado por Fundación Al-Barro y Operación Nicaragua. San José, Costa Rica; 24 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Nicaragüenses aguardan para solicitar asilo en el Centro para Migración del gobierno de Costa Rica, en San José. San José, Costa Rica; 23 de enero de 2019. (DAWNING/Raul Roman).

“ME SIENTO OPTIMISTA”

Carlos Fernando Chamorro, de 62 años, en los estudios de Teletica en San José, donde trabaja como reportero independiente. En enero pasado, el periodista más famoso de Nicaragua se exilió en Costa Rica después de que la policía allanó las oficinas del diario digital Confidencial, del que Chamorro es fundador y editor. “Demandamos al gobierno por robarnos durante nuestras transmisiones de las protestas y, poco después, mi nombre figuró entre los primeros en una orden de captura. Pero me han perseguido desde hace diez años, así que esto no empezó en abril de 2018. Los canales noticiosos de Nicaragua sufren de una represión masiva”. Hoy radicado en San José, Chamorro sigue trabajando en reportajes que transmite a través de YouTube. “Me siento optimista en cuanto a que la crisis puede resolverse por la vía política. Sin embargo, la salida rápida no caerá del cielo. La agenda de la democratización va de la mano con la agenda de la verdadera justicia. Es necesario que la comunidad internacional encuentre la manera de negociar, con o sin Ortega”. San José, Costa Rica; 24 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

“ORTEGA HA TRATADO DE SILENCIARNOS, PERO SEGUIMOS INFORMANDO DESDE AQUÍ”

Leticia Gaitán, de 29 años, se prepara para grabar un segmento en el estudio provisional que estableció en San José con algunos colegas de 100 % Noticias, canal independiente que el gobierno nicaragüense clausuró el pasado 21 de diciembre. Desde abril de 2018, Leticia ha sido uno de los rostros más visibles del canal gracias a su cobertura de las manifestaciones. Durante su labor, ha sido agredida y le han confiscado o roto sus equipos en numerosas ocasiones. En junio, las fuerzas gubernamentales interceptaron la camioneta de la estación, en la cual viajaba para cubrir las protestas en el municipio de Ticuantepe, Nicaragua. “Saquearon el vehículo, se robaron todo y, mientras murmuraban obscenidades, me pusieron en la cabeza el cañón de un AK-47”. La intimidación persistió hasta diciembre, cuando unos oficiales de policía irrumpieron en su oficina. Hoy día, agentes armados resguardan el edificio de 100 % Noticias, cuyo propietario, Miguel Mora, así como la directora de noticias, Lucía Pineda, siguen en prisión acusados de “terrorismo”. “Ortega ha tratado de silenciarnos, pero seguimos informando desde aquí”, dice Gaitán. San José, Costa Rica; 23 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

Un hombre vende periódicos en las calles de Managua. Casi todos los medios de comunicación de Nicaragua son propiedad de aliados o familiares de Ortega. Desde abril, el gobierno nicaragüense ha mantenido una extensa campaña de represión contra los medios independientes. Las autoridades han golpeado y amenazado a decenas de periodistas, y 67 de ellos han abandonado el país. Managua, Nicaragua; 8 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

Hace poco, La Prensa, el diario más antiguo y más leído en Nicaragua, circuló con la primera plana en blanco como protesta porque el gobierno había confiscado sus suministros de impresión. Managua, Nicaragua; 11 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

Canal 12 sigue transmitiendo a pesar de las amenazas. En enero de 2019, el gobierno pidió que Canal 12 dejara de difundir todos los programas de Carlos Chamorro. Ese mismo mes, más de 30 policías allanaron el estudio y exigieron ver las identificaciones de los periodistas. Managua, Nicaragua; 11 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

Las oficinas de 100 % Noticias en Managua: cerradas y con vigilancia policial permanente desde el pasado 21 de diciembre. Managua, Nicaragua; 12 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

 

“LA VIOLENCIA NO RESOLVERÁ ESTA CRISIS”
Rafael Solís, de 65 años, en una cafetería en San José, Costa Rica, país donde solicitó asilo después de que, a principios de enero, dimitiera como magistrado de la Suprema Corte y afiliado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLM). Considerado durante décadas como uno de los aliados más próximos a Ortega, Solís divulgó su carta de dimisión, donde describe a Nicaragua como una “dictadura” y un “Estado de terror”. Solís defendió las controversiales modificaciones jurídicas que permitieron que Ortega se reeligiera en 2011. “Cometí un error”, confiesa. “Nicaragua necesita una reforma jurídica profunda, o hasta una nueva Constitución. Y hace falta una Comisión para la Verdad que investigue a fondo todo lo que ha ocurrido desde abril”. Solís abriga la esperanza de que surjan oportunidades para el diálogo. “La violencia no resolverá esta crisis. Necesitamos un diálogo. Y no será fácil, porque Ortega tendría que liberar a todos los presos políticos. Tenemos que ser pacientes”. Esta es la primera fotografía de Solís en un espacio público de Costa Rica. “No tengo miedo, pero debo tomar precauciones. Soy fuerte. En mi juventud me jugué la vida frente a la dictadura de Somoza. No pierdo la fe”. San José, Costa Rica; 20 de febrero de 2019. (DAWNING/Juan Carlos Ulate).

 

 

Exiliados se reúnen en el Parque de La Merced, en el corazón de San José. Los nicaragüenses recién llegados tienen muchas dificultades para encontrar empleo en Costa Rica. Aun cuando pueden trabajar tres meses después de obtener la condición jurídica de residentes, el mercado laboral es muy pobre, de cualquier manera. San José, Costa Rica; 22 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

 

“ESTAMOS INTERRUMPIENDO LA DEMOCRACIA DE COSTA RICA”
Nemesio Mejía, de 43 años, es uno de los líderes del movimiento agrícola más grande de Nicaragua. Oriundo del departamento de Chontales, desde 2013 ha encabezado 97 marchas para protestar contra el controvertido Canal de Nicaragua. “Han matado a muchos agricultores en los últimos seis años. Lo que ocurrió en abril de 2018 no es novedad para nosotros, porque el régimen de Ortega siempre ha tratado de silenciarnos. Vendió nuestras tierras a los chinos”. Nemesio era el encargado de coordinar las barricadas del movimiento agrícola en todo el país. “Tuvimos muchas crisis porque había diferencias de opinión en la manera de realizar las protestas. No apoyamos la violencia”. Nemesio huyó el 14 de julio, cuando el gobierno lanzó el ataque contra su ciudad natal. “Ese día perdimos mucha gente. No sé si están vivos, muertos o en la cárcel”. Su esposa y sus hijos lo alcanzaron en Costa Rica, pero Nemesio solo puede verlos dos veces al mes. “Este exilio no es seguro para mí. Sé que quieren matarme. De cierta manera, estamos interrumpiendo la democracia de Costa Rica, porque Nicaragua está enviando paramilitares para perseguirnos. Ya tenemos aquí algo del conflicto nicaragüense”. San José, Costa Rica; 26 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

 

“LLEVÉ EN MI VIENTRE A MI HIJO MUERTO DURANTE UNA SEMANA”
María Alejandra Castillo, de 20 años, aparece aquí con su madre (izquierda), su novio y otros familiares, en el centro de la ciudad de San José. El 13 de julio contaba con tres semanas de embarazo cuando la policía atacó el campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se hizo cargo de las tareas de logística durante los 89 días de protestas. “Cocinábamos, nos duchábamos y dormíamos en la universidad. Por la noche, cantábamos y jugábamos a las cartas”. María tuvo que ocultarse en tres casas seguras a lo largo de dos meses, hasta que fue capturada a fines de septiembre y la llevaron a El Chipote, donde tuvo que vestir el uniforme azul del reclusorio para que la policía la presentara ante la prensa. “Fue una farsa absoluta. De pronto aparecía en todos los medios de comunicación como una delincuente peligrosa”. Durante su encarcelamiento, la golpearon todos los días y la hicieron dormir en el suelo. También le negaron atención médica hasta que, el 18 de octubre, un ultrasonido reveló que su bebé había muerto. “Llevé en mi vientre a mi hijo muerto durante una semana”. Aunque la liberaron, siguió sufriendo el acoso de las fuerzas gubernamentales, por lo que, justamente tres semanas después de cumplir 20 años, María emigró a Costa Rica con su madre. San José, Costa Rica; 24 de enero de 2019. (DAWNING/Raul Roman).

 

 

El 20 de enero de 2019, a nueve meses de iniciadas las protestas en Nicaragua, cientos de exiliados marcharon por las calles de San José, Costa Rica, para exigir la dimisión de Ortega. San José, Costa Rica; 20 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews)

 

“FINGÍ DESMAYARME PORQUE SABÍA QUE IBAN A MATARME”

Jonás Cruz, de 18 años, en el apartamento de San José que comparte con otros cinco universitarios nicaragüenses exiliados. En abril, durante la primera semana de protestas, este estudiante de ingeniería civil presenció el asesinato de 14 compañeros. “De pronto me encontraba en medio de una guerra. Nunca había visto morir a alguien. No estaba preparado para eso”. A principios de mayo, Jonás se sumó a los jóvenes atrincherados en la UNAN, donde permaneció 77 días. “Fue muy hermoso ver que todos en la ciudad se unían y apoyaban mutuamente”. El 24 de julio, Jonás fue arrestado y conducido a la prisión de El Chipote. “Me metieron en una celda de un metro por un metro. Cuatro policías enmascarados me torturaban todos los días. Me daban electrochoques y me golpeaban con un bate de beisbol. Nunca recibí comida ni agua. Varias veces perdí el conocimiento mientras me interrogaban. Al quinto día, fingí desmayarme porque sabía que mis torturadores iban a matarme. Por suerte, me enviaron a un hospital. Tenía cuatro costillas fracturadas”. Jonás escapó del nosocomio y se refugió en una casa segura hasta que pudo cruzar la frontera, todavía con el torso vendado. “Aquí soy libre, pero es muy difícil subsistir en Costa Rica”. San José, Costa Rica; 21 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

Los recuerdos y las cicatrices de la tortura que soportó Christopher Gaitán, universitario de 19 años que vive oculto en las afueras de San José. San José, Costa Rica; 21 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

 

Wilfredo Porras, de 41 años, muestra las cicatrices de los balazos que recibió durante las protestas del 8 de julio de 2018 en la ciudad de Jinotepe, Nicaragua. Poco después, emigró a Costa Rica con su familia. San José, Costa Rica; 23 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

Documentos de un desertor de la policía antimotines nicaragüense que vive refugiado en San José, Costa Rica. Muchos informes de organizaciones multilaterales y de derechos humanos demuestran que los detenidos en las cárceles de Nicaragua —tanto hombres como mujeres— son víctimas de violencia sexual y tortura física y psicológica. San José, Costa Rica; 26 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

“NO TENDREMOS PAZ SIN JUSTICIA”

En la oficina de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, el Dr. Álvaro Leiva, de 55 años, ayuda a dos periodistas recién llegados de Nicaragua. “He documentado las violaciones de derechos humanos que mi gobierno ha perpetrado desde la década de 1990. Durante la primera semana de las protestas de abril, presenté un informe oficial en el Ministerio Público de Nicaragua, nombrando a los funcionarios responsables de las muertes de 42 jóvenes. También descubrimos que, durante las manifestaciones, el gobierno ocultó deliberadamente los registros públicos del servicio médico forense”. Dos meses después, un amigo llamó al Dr. Leiva para avisarle que el gobierno nicaragüense había emitido una declaración denunciándolo como terrorista y ordenando su captura. “Me dijo: ‘Álvaro, tienes que irte’”. El Dr. Leiva huyó a Costa Rica con su equipo de defensores de los derechos humanos. “Levantábamos cadáveres de los dos bandos. No soy partidista. Defiendo a las personas. Pero es difícil ser imparcial. No tendremos paz sin justicia”. San José, Costa Rica; 24 de enero de 2019. (DAWNING/Rafe H. Andrews).

 

“EL TERROR NO HA TERMINADO”

A sus 81 años, Vilma Núñez es una activista de renombre internacional y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), una de las ONG a las que la Asamblea Nacional de Nicaragua retiró el registro en diciembre de 2018. “Una noche, la policía allanó nuestras oficinas y robó todo lo que teníamos. A resultas de eso, muchos de nuestros colegas abandonaron el país, horrorizados. Por mi parte, decidí quedarme en Managua”. Vilma asegura que el Cenidh está reconstruyéndose. “El terror no ha terminado. Todavía hay mucha gente encarcelada, torturada y desaparecida. Nuestras cárceles son centros de tortura. Funcionarios gubernamentales, jueces, policías, paramilitares, espías; todos actúan con impunidad. Nuestro temor no es patológico: es un miedo muy real. El gobierno está haciendo añicos nuestra capacidad para luchar. Y, entre tanto, nuestros exiliados de Costa Rica enfrentan una crisis humanitaria”. La vida de Vilma ha cambiado desde abril de 2018. “Si bien fui prisionera política de Somoza y me torturaron, esto es mucho peor. Hoy me siento bastante sola porque mis amistades tienen miedo de que las vean conmigo. Los espías me fotografían dondequiera que voy. Pero no pienso esconderme”. Managua, Nicaragua; 12 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

La vida prosigue en Nicaragua, donde son visibles los rescoldos de la violencia y los indicios de la agitación política. Managua, Nicaragua; 9 de febrero de 2019. (DAWNING/Jorge Cabrera).

 

 

Retrato de Daniel Ortega, del ilustrador Riccardo Vecchio. Nuestro equipo hizo numerosos intentos para concertar una entrevista y una sesión fotográfica con el presidente Daniel Ortega. A pesar de que su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, respondió de inmediato, en tres ocasiones, afirmando que estaban “agradecidos” y que nos “notificarían muy pronto”, las comunicaciones se interrumpieron tan pronto como nuestro equipo llegó a Managua. Un mes después, la vicepresidenta Murillo nos pidió que enviáramos las preguntas por correo electrónico. La pareja presidencial no ha respondido hasta ahora. (Riccardio Vecchio para DAWNING).

 

——

Este trabajo es una produccion de DAWNING (https://dawning.org) con el siguiente equipo en fotografia, entrevistas y transcripciones: Jorge Cabrera, Juan Carlos Ulate, Ana Acosta, Mees van der Werf, Diego Rivera, Alberto Molina, M Sawyer Ballance, Rafe H Andrews, Raúl Román, Joey Rosa, Norman Fitoria y Nick Parisse.

Ingresa las palabras claves y pulsa enter.