Primera de dos partes.
De acuerdo con el exhaustivo trabajo realizado por el Auditor Superior del Estado, Armando Plata, a lo largo de los años se logró acreditar que el TSJ era un desorden administrativo. Solamente en las observaciones de la cuenta pública del 2007 al 2011, se establecieron promociones de sanciones administrativas por irregularidades en el manejo de 6.2 millones de pesos.
Destaca además que en el ejercicio 2011, el TSJ no acreditó adecuadamente la comprobación de “viáticos” para Gregorio Pérez Mata, por más de 150 mil pesos. Para muchos la suma podría parecer “menor”, pero no debe olvidarse que en Coahuila el 28.1% de quienes trabajan tienen ingresos por debajo de la línea del bienestar, es decir, ganan menos de $2,538 pesos al mes; es decir, sólo en viáticos Pérez Mata comprobó deficientemente el salario mensual de 60 trabajadores promedio en Coahuila, y es un monto equivalente a lo que recibe mensualmente como pensión.
Newsweek Coahuila / Investigaciones especiales
Gregorio Pérez Mata fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila durante 10 años, para el periodo que fue del año 2005 al 2015. Para nadie es un secreto en Coahuila que llegó a ese cargo de la mano de los hermanos Moreira, y diversas fuentes sostienen que el haber sido apoyado sin ningún regateo por los dos hermanos gobernadores, se debió a que siempre estuvo a sus servicios, vulnerando con ello severamente la independencia del Poder Judicial en la entidad.
Después de poco más de tres años de su retiro como Magistrado Presidente, Pérez Mata goza de una jugosa pensión del poder judicial del estado, equivalente a alrededor de 150 mil pesos mensuales, siendo uno de los magistrados en retiro más jóvenes del país, que gozan de una prestación tan generosa como la que le fue otorgada.
En Newsweek se han documentado las numerosas irregularidades en que incurrió el Poder Judicial durante su mandato, en lo que respecta del caso FICREA, lo cual llevó a que la Auditoría Superior del Estado haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, cuyo titular declaró a este medio que el caso y la investigación siguen abiertas y que se llegará hasta las últimas consecuencias, en el caso de que se acredite la comisión de algún delito.
Pero ese es sólo uno de muchos casos de irregularidades que han sido identificadas a lo largo de los años por la Auditoría Superior del Estado, que no fueron solventadas en su momento, por lo que consta en distintos oficios y ejercicios de auditoría respecto de la Cuenta Pública Estatal, y los cuales, a pesar de su notoriedad y relevancia, no fueron indagados, ni por la Procuraduría General de Justicia, ni por la ahora Fiscalía, y particularmente, la Fiscalía Anticorrupción.
Por ejemplo, respecto de la Cuenta Pública 2009, se dieron por no solventadas diversas irregularidades identificadas por la Auditoría uperior del Estado, y que se plasmaron en los oficios ASE-427-2011, y ASE-438-2011 signados ambos por el Auditor General del Estado, C.P. Armando Plata Sandoval.
En ellos se promueven responsabilidades administrativas de la Cuenta Pública 2009, debido a los siguientes hechos:
- Falta de aclaración del destino de $452,465.91 pesos de la plantilla del personal del TSJ.
- Inexistencia de un contrato por la prestación de servicios de honorarios, a favor de Genoveva Lucía Hernández Guerra, por un monto total de $326,647.80 pesos.
- Inexistencia de contrato de prestación de servicios y pago de “mantenimiento de edificio”, por un monto de $575,667.00 pesos.
- Falta de contrato por el servicio de sonido y equipo audiovisual, por un monto de $97,395.00 pesos.
- Destaca en esta lista, la “Responsabilidad administrativa número 15, en la cual se establece que el TSJ no proporcionó los comprobantes de pago al ISSSTE, FOVISSSTE, IMSSS e INFONAVIT, para el ejercicio 2009; destaca sobre todo porque el Tribunal incumplió con esta responsabilidad jurídica con sus trabajadores, pero no ha fallado nunca, hasta donde se tiene conocimiento, con el pago puntual de la jugosa pensión de su expresidente.
- En el mismo sentido destaca la responsabilidad administrativa número 16, la cual establece que no se presentó el informe de partidas para la provisión de reservas para futuras contingencias laborales.
Respecto de la Cuenta Pública 2010, destaca la determinación de responsabilidad administrativa número 8, pues según consta en el oficio ASE-2101-2012, signado por el C.P. Armando Plata, no se encontraron pólizas de diario 995 por $-486,029.60 pesos; la póliza 6805, por $-243,014.8; ni las pólizas de cheque 8826 por $438,398.4; la póliza 12967, por 120,811.74 pesos; ni la póliza 16292, por 486,029.6 pesos.
En esta revisión del ejercicio 2010 destacan además los siguientes hechos:
- Pago de un curso sobre nuevos juicios orales, por $300,526.97 pesos, que no se impartió, y posteriormente los recursos de reportaron como “no recuperables” pues la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia cambió su RFC.
- Falta de comprobación adecuada por $800,000.000 pesos dirigidos a otorgar apoyos a personal de confianza y de base del TSJ para la adquisición de útiles escolares.
- Falta de comprobantes de pagos mensuales al IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE e INFONAVIT.
- Una vez más, en este nuevo ejercicio, el TSJ no presentó las partidas relacionadas con la provisión de reservas para futuras contingencias laborales.
Sobre la Cuenta Pública 2011, destacan como no solventadas, las siguientes promociones de responsabilidad administrativa, según consta en el oficio ASE-4284-2013, lo siguiente:
- La ausencia de comprobación de gastos, por la cantidad de $260,000.00 pagados al entonces Magistrado Gregorio Pérez Mata, por concepto de viáticos. Según se desprende ese este oficio, en la “etapa de solventación” el TSJ logró comprobar sólo una parte de ese recurso, subsistiendo la falta de comprobación de poco más de 153 mil pesos por concepto de viáticos a favor del entonces presidente del TSJ.
- La ausencia de comprobación suficiente por un monto ligeramente superior a los 78 mil pesos, por concepto de viáticos, a favor de Héctor Armando Alvear Alvarado.
- En la responsabilidad administrativa número 19, destaca la no adecuada comprobación de poco más de 280 mil pesos, asignados a los magistrados como “asignaciones a funcionarios”, recursos que no se justificaban por no formar parte de los tabuladores del TSJ.
- En la responsabilidad administrativa número 26 se encuentran nuevas irregularidades por un monto de $776,000 por el mismo concepto de “asignaciones”, las cuales no tenían, según la Auditoría Superior del Estado ningún fundamento.
- Asimismo, en la Responsabilidad Administrativa número 32 se identificó el pago de tres “Bonos”, cada uno de ellos por 150 mil pesos, a tres Magistrados del TSJ, sin que se haya encontrado justificación legal para su autorización, la cual correspondía de manera preponderante al titular del TSJ.
Como se observa, esta lista de irregularidades que se presentaron en la gestión de Gregorio Pérez Mata no fueron pocas ni menores, pues los montos identificados por la Auditoría Superior del Estado son mayores. ¿Por qué nada de esto provocó ninguna consecuencia para el ex presidente del Tribunal, cuando su gestión era altamente desordenada, por lo que se observa y lee en los informes de la ASE?
Los peores datos, sin embargo, no son estos, y en la segunda entrega de esta investigación se dará cuenta del cúmulo de irregularidades cuantificadas y señaladas ante el Congreso del estado, por la Auditoría Superior.
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