Samantha Blakely lleva una camiseta roja que dice “mujer”. Es una de sus maneras de lidiar con su pasado. Hace dos años fue violada y decidió abortar el hijo de su violador. Para ella, el acceso al aborto es una cuestión de vida o muerte.

Si la ley anti-aborto de Alabama hubiese estado vigente entonces, dice, se habría suicidado.

Una de las razones por las que la ley anti-aborto de Alabama, en el sureste de Estados Unidos, ha generado tanta atención nacional e internacional es porque no contempla excepciones en caso de incesto o violación.

Aprobada esta semana, la ley prohíbe los abortos en cualquier etapa de la gestación y contempla hasta un siglo de prisión para los médicos que lo practiquen, puesto que considera al feto un “niño no nacido” e iguala su extracción a un homicidio.

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Incluso el presidente republicano, Donald Trump, dijo que aunque se opone al abortono apoya a los legisladores de Alabama hasta tal extremo.

La ley, que entrará en vigor en noviembre aunque probablemente será antes bloqueada por un juez, “es un ataque al derecho a la salud pública” de las mujeres, dijo Blakely.

“Antes estábamos preocupadas, ahora tenemos miedo”, agregó la joven de 25 años durante una charla con AFP en un parque frente a un puerto fluvial en Montgomery, la capital de Alabama.

Detrás de ella, en el río Alabama, atraca un clásico barco de vapor de ruedas del sureste estadounidense, hoy una atracción turística.

Hace dos años, contó, un compañero de trabajo la violó. “Pronto me di cuenta de que estaba embarazada como resultado de esa violación”.

Mucha angustia

El momento en que se hizo el test de embarazo, dijo, estaba “muy angustiada”. Fue diagnosticada con síndrome de estrés postraumático y trastorno depresivo.

“Recuerdo que mordí la cortina de la ducha para que nadie me escuchara gritar, porque sabía lo que eso iba a significar para mí. Sabía que no quería tener ese hijo”.

Sólo hay tres clínicas que proveen abortos en Alabama, luego de que este estado mayoritariamente conservador implementara a lo largo de los años numerosas restricciones que complican su acceso.

La ley HB314 de Alabama, aprobada la semana pasada, será llevada a tribunales por organizaciones de derechos humanos y no entrará en vigor en el corto plazo.

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El aborto es legal en todo el país debido a un fallo de 1973 de la Corte Suprema de Justicia.

Pero sus autores la diseñaron con la intención de provocar una batalla judicial, con la esperanza de que los magistrados de la mayor instancia judicial reviertan este fallo a nivel nacional.

“Si esta ley hubiese estado vigente cuando yo necesité un aborto, sé que no hubiera sido capaz de tener al hijo del hombre que me violó”, dijo Blakely. “Me habría matado, la verdad. Porque sabía una sola cosa: yo no podía tener ese niño”.

Blakely contó su caso el martes de la semana pasada a los legisladores que consideraban el texto, aunque no logró convencerlos. Aprobaron la ley sin excepciones y al día siguiente la gobernadora, Kay Ivey, la firmó.

Desde entonces, su testimonio ha sido uno de los más fuertes en el movimiento a favor del derecho a elegir de la mujer.

“Sabía que era hora de ser una voz para aquellas mujeres que no podían compartir sus experiencias”, contó a la AFP.

Su temor es que, si esta ley se implementara, “seguirá habiendo abortos, aunque no serán abortos seguros”.

“Acudiremos a distintos métodos, vamos a googlear cosas (…) Pasaremos por situaciones terribles para asegurarnos de hacer lo que tenemos que hacer”.