*Tortura, uso excesivo de la fuerza pública y amenazas las principales quejas vs elementos, ante la CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) investiga el caso del abuso policíaco que presuntamente, habría causado la muerte del ex agente ministerial, el pasado jueves 18 de abril cuando era trasladado a la Comandancia Sur.
Para el recién nombrado presidente de la Comisión, Néstor Armendáriz, el asunto es grave ya que quejas contra elementos policíacos hay muchas pero no un antecedente reciente de que esos excesos provocaran la pérdida de una vida.
De hecho, las denuncias por uso excesivo de la fuerza pública en 2018 llegaron a 124, además de otras 122 relacionadas con lesiones ocasionadas por elementos de seguridad.
El ómbudsman expuso que desde ese día –el jueves— que se dio a conocer la muerte de Leopoldo Soto Cortez, de 48 años, la CEDH abrió un expediente y se asignó a un visitador para que comenzara con las diligencias.
Incluso Armendáriz Loya acudió personalmente a conocer los detalles del deceso y comenzar con las indagatorias del caso.
“Se radicó el jueves una queja de oficio ante el conocimiento del hecho y la gravedad del mismo; se comisionó a un visitador y nos dimos cuenta que la persona nunca fue ingresada a los separos, sino que al momento que llegaron con él, los policías se percataron de su estado de inconciencia, salió el médico de la comandancia y lo constató pero no elaboró el certificado porque no entró a los separos, trató de reanimarlo y ante la imposibilidad, se notificó a la Fiscalía”.
Ya con el expediente abierto, explicó Néstor Armendáriz, recibieron los testimonios tanto de la viuda como del hijo, quien fue testigo de la detención, y acompañaron a los familiares en los trámites para la entrega del cuerpo que fue enterrado en el estado de Sonora, de donde era originario.

“Se puso combativo”

Como se informó, la madrugada del jueves pasado acudieron policías municipales para atender un reporte de violencia familiar en un domicilio de la colonia División del Norte II etapa.
Según el jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los cinco oficiales que atendieron el llamado de auxilio de la esposa de Soto Cortez, “actuaron en apego al protocolo y lo sometieron ya que el sujeto se puso combativo”. Más tarde, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que murió debido a asfixia mecánica, es decir, que fue estrangulado.
Los oficiales Luis T. M., David R., José S., Fernando M. L. y Pedro C. C. fueron puestos a disposición del Ministerio Público, el fin de semana pasado y ya se les formularon cargos por los delitos de homicidio y abuso de autoridad.
En la diligencia judicial, la viuda y uno de los hijos de Leopoldo Soto, indicaron que él llegó a la casa en estado de ebriedad y agredió a uno de sus hijos, así como a su esposa y por ello, llamó a la Policía “para que lo detuvieran, no para que lo mataran frente a nosotros”.
Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y será el próximo jueves cuando se lleve a bao la audiencia de vinculación o no a proceso.

Excesos en números…

A partir de mañana martes, a petición de la viuda, reiniciarán con las diligencias y la recopilación de pruebas, como el certificado de la necropsia y el informe de seguridad pública a fin de esclarecer el caso que, a consideración del presidente de la CEDH, es muy grave.
“Ha habido muertes por omisiones dentro de las celdas, por lesiones auto infringidas por los mismos detenidos, pero que alguien pierda la vida por golpes de los policías, no hay antecedentes en fechas recientes”.
En el informe de la Comisión del año 2018, se señala que se registró un total de 1,538 quejas relacionadas con acciones y omisiones de los cuerpos policiacos de los distintos niveles como la Fiscalía y Direcciones de Seguridad Pública de los Municipios.
Los de mayor frecuencia son los cometidos por agentes de Vialidad, Seguridad Pública, del Ministerio Público y jueces calificadores, entre otros.
En esa lista, el uso excesivo de la fuerza pública aparece con 144 por detención ilegal e injustificada, 128 por tortura, 127 por intimidación o amenazas, 124 por uso excesivo de la fuerza pública, 122 por lesiones, 65 por trato cruel e inhumano y 35 por emplear arbitrariamente la fuerza pública, entre otras como entrar a un domicilio sin autorización judicial, apoderarse de un bien mueble o inmueble sin el consentimiento del propietario, deteriorar o destruir ilegalmente propiedad y más.
Tal y como se publicó el jueves pasado, de hecho Leopoldo Soto tendría poco de haber salido del penal ya que siendo policía estatal fue detenido junto con tres agentes por detención ilegal, causar lesiones y abuso policíaco contra un joven, a quien golpearon y aplicaron descargas con las llamadas “chicharras” durante un operativo en la ciudad de Chihuahua, en 2013. No obstante, los elementos fueron procesados cuatro años después sólo por abuso policíaco; dos ex agentes –entre ellos, Soto Cortez— recibieron una sentencia de dos años en la cárcel y los otros dos por seis meses, además de que todos serían inhabilitados para volver a formar parte de las filas policíacas.