Un ciudadano estadounidense de origen latino presentó un reclamo legal contra el gobierno de Estados Unidos por haber sido deportado indebidamente a México, donde una organización criminal lo secuestró.
El 11 de junio, un agente de inmigración detuvo Julio César Ovalle, residente de Texas de 24 años, cuando caminaba hacia una tienda de comestibles H-E-B, informó en conferencia de prensa el abogado del caso, Javier Espinoza.
Ovalle, quien nació en California y creció en México, habla principalmente en español. Al ser detenido, trató de explicar que era un ciudadano estadounidense y que contaba con papeles aunque no los llevaba con él. Sin embargo, relató Espinoza, el agente lo trasladó a la estación de la Patrulla Fronteriza en Cotulla.
En la estación, contó el abogado Espinoza, “el les dijo: ‘yo soy ciudadano americano, tengo número de seguro social, tengo identificación de Texas, tengo mi acta de nacimiento’ y nada de eso funcionó para que lo dejaran ir, no le dieron la oportunidad de hacer una llamada a sus padres, no le dieron acceso a un juez”.
Después, el hombre fue deportado junto con otros migrantes a Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 12 de junio. Una vez en México, recuperó su teléfono y llamó a su padre, quien dijo que traería pruebas de la ciudadanía.
De acuerdo con la queja presentada en contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), un camión con miembros de un cártel de la droga secuestró al hombre mientras esperaba a su familiar.
El cartel contactó a la familia de Ovalle y exigió el dinero del rescate, lo que llevó al padre de Ovalle a comunicarse con el FBI con la documentación de ciudadanía de su hijo. Los agentes del FBI intervinieron y trabajaron con la policía mexicana para repatriar a Ovalle a los Estados Unidos. Fue liberado días después.
“Claramente hay problemas con el debido proceso aquí”, dijo a Newsweek Sarah Pierce, analista de políticas del Instituto de Políticas de Migración, cuando se describió el caso. “El más grande son los formularios que firmó, a través de los cuales asumo que renunció a su derecho de presentarse ante un juez de inmigración”.
Javier Espinoza, el abogado que representa a Ovalle, dijo al medio que quería saber cómo ocurrió la deportación y ver la documentación de los agentes fronterizos sobre el incidente.
“Una de las principales cosas que buscamos es cómo un ciudadano estadounidense es detenido y termina en México”, dijo Espinoza. “Suponemos que es porque él solo hablaba español y porque era hispano”.
“Si la Patrulla Fronteriza o los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas hubieran respetado alguno de los derechos de debido proceso del Sr. Ovalle, estas agencias hubieran podido ver que el Sr. Ovalle era claramente un ciudadano de los Estados Unidos”, se lee en la presentación.
La queja señala que Ovalle sufrió “graves trastornos emocionales” como resultado de su deportación y detención por parte de un cartel. Solicitó un millón de dólares en daños y perjuicios por lesiones personales.
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