El pleno de la Cámara de Diputados avaló este viernes la controvertida Ley de Seguridad Interior en lo general y en lo particular en un tiempo récord de poco más de una hora.
Los diputados reactivaron actividades de discusión en el pleno sin la presencia de la oposición política que se opone a la ley que regula la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, patrullajes y tareas de inteligencia pese a las advertencias de organismos internacionales que han advertido del grave riesgo que implica esta ley a los derechos humanos de los mexicanos.
Casi cinco horas después de recibir la minuta emitida por el Senado, los diputados emitieron 262 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones y la turnó al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
La diputados de la coalición “Por México al Frente” que integran legisladores del PAN, PRD y MC acordaron ausentarse de la sesión y evitar así la validación de la ley. Pero la estrategia no funcionó, ya que diez legisladores panistas de Puebla, Querétaro y Tamaulipas se presentaron para votar a favor.
Las bancadas que votaron en contra fueron Morena y Movimiento Ciudadano con 25 votos, donde sus diputados dijeron que acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnar esta ley.
Por México, aprobada la #LeyDeSeguridadInterior. Pasa al Ejecutivo para su promulgación. #LoHacemosPorTi pic.twitter.com/Mblsuq24ht
— Diputados PRI (@DiputadosPRI) 15 de diciembre de 2017
El Senado de la República previamente había aprobado en lo general y en lo particular el dictamen de la ley, después de 13 horas ininterrumpidas de debate, las comisiones dictaminadoras presentaron al pleno modificaciones a nueve artículos de este ordenamiento aprobado en lo general con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones la nueva Ley de Seguridad Interior.
Entre algunas de las modificaciones que se hicieron a los artículos 1, 7, 8, 10, 16, 21, 22 y 26, destacan que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción los derechos humanos y sus garantías.
En lo que respecta al artículo 8, el dictamen eliminó el término “pacíficamente”, para precisar que las movilizaciones de protesta social o aquellas que tengan un motivo político-electoral no se considerarán como amenazas a la seguridad interior.
Respecto a los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, se agregó en el artículo 16 que el Presidente de la República “de acuerdo a sus facultades” podrá ordenar acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
En el artículo 22 se estableció que “cuando la amenaza no requiera la intervención de las Fuerzas Armadas, el Presidente designará a la autoridad civil que corresponda a propuesta del Secretario de Gobernación”.
Todas estas modificaciones fueron remitidas a la Cámara de Diputados, quienes deberán discutir y en su caso aprobar las adecuaciones para que la ley se publique.
Al poco tiempo de la aprobación, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos calificó de “lamentable” que el Senado aprobara esta ley.
“No creemos que sea un paso positivo”, señaló en rueda de prensa la portavoz del alto comisionado Elisabeth Trossell.
“El país debería centrarse en reforzar la policía nacional y no convertir a las fuerzas armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, mencionó.
