“Declaramos que Cataluña se convierte en un estado independiente en forma de República”, asegura la resolución aprobada con 70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra, tras una votación secreta ante un hemiciclo semivacío del que se ausentaron varios partidos de la oposición.
Tras la votación, los diputados comenzaron a cantar el himno catalán, Els Segadors, concluyendo con un sonoro “Visca Catalunya” (Viva Cataluña).
La última vez que Cataluña, una región con lengua propia, intentó proclamar la independencia fue en octubre de 1934, cuando el entonces presidente Lluís Companys anunció una “República catalana” dentro de una “República federal española”.
Ese intento, en un clima de insurrección en otras partes de España, duró apenas diez horas, acabó con decenas de muertos y provocó la suspensión del autogobierno.
Ocho décadas después, el Senado español se disponía de nuevo a decretar la suspensión del gobierno catalán.
A petición del gobierno de Mariano Rajoy, la cámara, con mayoría conservadora, iba a aprobar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión de una autonomía en aras de la unidad y el bienestar del país.
España cuenta con 17 autonomías con amplias competencias jurídicas y políticas, similares a países de raigambre federal, como Alemania.
Cataluña y País Vasco, pioneras en el autogobierno y con un importante grado de desarrollo social y económico, fueron las primeras comunidades en recuperar su estatuto de autonomía, en diciembre de 1978, con la vuelta de la democracia a España.
Las consecuencias de la declaración de independencia como la intervención del autogobierno son ahora incalculables.
Cerca de 1,700 empresas, entre ellas los dos principales bancos de la región, CaixaBank y Sabadell, han decidido trasladar su sede social fuera de la región.
‘Cargado de razones’
En Madrid, paralelamente, el presidente del ejecutivo español, Mariano Rajoy, pidió al Senado, donde su partido tiene la mayoría absoluta, poderes extraordinarios y temporales.
Con esos poderes en mano, Cataluña perderá su autogobierno de forma temporal, una medida también sin precedentes en esas cuatro décadas de democracia.
“Este procedimiento se inicia cargado de razones”, ante un ejecutivo catalán decidido a la secesión y que con ello “afecta a la economía, y muy mal”, declaró Rajoy, después de que unas 1,500 empresas sacaran su sede social de Cataluña ante la incertidumbre reinante.
El mandatario anunció que quiere poder destituir al presidente independentista catalán, Carles Puigdemont, y a todo su gobierno, lo que provocó una fuerte salva de aplausos.
Igualmente, “la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña pasará al presidente, que debe convocar elecciones en un plazo máximo de seis meses. Ya les adelanto que mi voluntad es celebrarlas lo más pronto posible”, añadió Rajoy, en referencia a la principal medida del artículo 155 de la Constitución española.
El desenlace de la votación en el Senado era inevitable, mientras que en Barcelona el desarrollo de la sesión parecía aún confuso, puesto que la resolución fue presentada, sin estar claro si iba a ser votada o simplemente proclamada.
La sociedad catalana se ha ido fracturando con los años de protestas y manifestaciones masivas.
Unas elecciones no arrojarían un resultado muy diferente del actual, predicen las encuestas.
La aplicación del artículo 155 es por otro lado un desafío porque implica gestionar a más de 200,000 funcionarios catalanes.
Asociaciones independentistas ya han anunciado un boicoteo a ese control por parte de Madrid, y la extrema izquierda está dispuesta a movilizarse.
“Impensable a nuestra edad. No hay marcha atrás. O nos hundimos o nos salvamos”, declaró a la AFP Joan Servitje, de 66 años, dueño de un bar.
“No creo que lo hagan, alguna excusa van a encontrar” dijo a la AFP Pol Aranda, de 24 años, contrario a la aventura.
En medio quedan los catalanes que no quieren ni la independencia ni la intervención.
“Siempre dividirnos y fragmentarnos nos debilita, y siempre a los más fuertes les es más fácil imponernos sus medidas” declaró a la AFP Núria Suárez, portavoz de la asociación de izquierdas Recortes Cero.