Con algunos republicanos y demócratas alineándose para aprobar una versión legislativa de DACA (siglas en inglés de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) —el programa de la era de Obama que protege a los hijos infantes de inmigrantes de ser deportados—, muchos se olvidan de un grupo que ahora está en mayor riesgo por las políticas de la administración de Trump: los veteranos de guerra.
Aun cuando muchos no lo saben, cientos de inmigrantes —en su mayoría de México y Filipinas— sirven en las fuerzas armadas de EE.UU. A ninguno se le promete la ciudadanía a cambio de su servicio.
Al contrario, cuando ya no les son útiles al gobierno, están sujetos al mismo riesgo de deportación que los recién llegados quienes se escurren por la frontera. Si infringen la ley de EE.UU., por cualquier razón, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas pueden llevarlos de vuelta allende la frontera a Juárez o Bagdad sin ni siquiera un “Gracias por tus servicios”.
Esto es el resultado de una ley de 1996 que ordena la deportación de inmigrantes sentenciados por crímenes que cumplan con la definición de delito agravado y purguen por lo menos un año en prisión. En 1988, cuando el términodelitos agravados se estableció por primera vez, se refería a asesinato y tráfico de drogas y armas de fuego. Desde entonces, la definición se ha ampliado para incluir crímenes menos severos, como el hurto y la negligencia en reportar un cambio de dirección, ofensas que ahora pueden llevar a la deportación.
Hoy, casi cualquier ofensa que resulte en una condena de más de un año en prisión —sin importar cuán menor sea el crimen— puede llevar a la deportación de estos veteranos. (Y en algunos casos, un inmigrante puede ser deportado por “un delito agravado” incluso si la sentencia es menor a un año.)
La ley de 1996 no permite que un juez considere el servicio militar del defendido o cualesquiera otros aspectos de su vida aparte de que hayan cometido dicho crimen. Los no ciudadanos tampoco tienen un derecho constitucional a un abogado.
Durante viajes recientes de reporteo a México y República Dominicana, conocí a veteranos quienes fueron deportados por crímenes como posesión de marihuana y fraude con cheques. Todos purgaron condenas en prisión. Después de su liberación, todos fueron deportados. Fueron castigados dos veces por el mismo crimen, simplemente porque eran inmigrantes. Su servicio militar no fue tomado en consideración.
Los veteranos deportados incluyen a quienes se unieron a las fuerzas armadas y quienes fueron reclutados. Muchos cumplen con la definición federal de DREAMer (por las siglas en inglés de la ley de Desarrollo, Alivio y Educación para Menores Extranjeros), quienes llegaron a EE.UU. siendo niños, traídos por sus familiares sin que pudieran opinar al respecto. Si no hubieran hecho algo o hubieran cometido una clase diferente de crimen, serían elegibles para aplazamientos permitiéndoles “hacerse legales” ante el gobierno federal, y en algunos estados, incluso se les permitiría pagar las colegiaturas universitarias para residentes del estado.
Sin embargo, sin la ciudadanía, corren el riesgo de la deportación si se meten en problemas con la ley. Después de purgar condenas en prisión, son castigados una vez más y con mayor rigor del que un ciudadano estadounidense experimentaría por ofensas idénticas. Son expulsados. Su servicio militar no les da derecho a una segunda oportunidad.
¿Por qué debería importarnos? Porque su reclutamiento los hizo parte de nosotros. Ellos sirvieron con nuestro uniforme y pelearon por nuestra bandera. Rindieron un juramento de defender nuestra Constitución. ¿Por qué, cuando se quitan el uniforme, son considerados extranjeros cuando, al vestir el uniforme, fueron considerados soldados estadounidenses?
Como todos nosotros, los veteranos deportados son seres humanos con defectos. No los excuso. Pero sin importar lo que hayan hecho, sirven, y en algunos casos, arriesgaron sus vidas por EE.UU., al igual que los ciudadanos. No podemos excusar sus crímenes, pero al hacerlos responsables no deberíamos hacerlos sufrir dos veces.
El año pasado, visité a la familia de Manuel Castaon, un soldado del ejército y veterano deportado quien había crecido en El Paso y otras partes de Texas. Él murió en México de la enfermedad de Lou Gehrig en 2012, pero como fue dado de baja honrosamente del ejército, todavía era elegible para los beneficios, incluido un entierro con todos los honores militares. Está enterrado en Fort Bliss.
Indeseado en vida, fue bienvenido como cadáver.
—-
Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
