Michel Temer es el primer presidente brasileño en ejercicio que es inculpado por la Fiscalía General en un escándalo de corrupción que ha colocado los reflectores sobre una parte importante de la clase política brasileña y que ha llevado los niveles de popularidad del mandatario a un 7 por ciento. Sin embargo, diversos factores proyectan mantener a la actual administración en pie.

La denuncia por corrupción pasiva, por ejemplo, debe ser validada ahora por dos tercios de la Cámara de Diputados para que pueda ser procesada por el Supremo Tribunal Federal (STF). En el Congreso, Temer tiene una mayoría desde que asumió el poder en mayo de 2016, tras el ‘impeachment’ a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff.

Además, 185 de los 513 diputados están siendo investigados, la mayoría dentro de la devastadora operación anticorrupción ‘Lava Jato’ sobre la red de sobornos en Petrobras. La caída de Temer podría propulsar un efecto dominó y muchos en la Cámara no quieren perder sus fueros privilegiados.

Otro factor es que no se cuenta con un sucesor claro. Cuando Rousseff fue destituida por el Congreso por manipulación de las cuentas públicas, el camino para su sustitución era claro. En su lugar, asumía su vicepresidente Temer, con quien había hecho una alianza contranatura para tener más apoyo en el Congreso.

Pero si Temer cayera, ya no habría vicepresidente que le pudiera reemplazar. En caso de vacío de poder, la Constitución prevé que el Congreso elija a quien lo sustituya en un plazo de 30 días. Y tampoco parece haber una figura de consenso.

Durante el primer mes, quedaría interinamente en su lugar el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido DEM (derecha). Aunque también está investigado por corrupción, su nombre es uno de los que suena con fuerza para completar el mandato hasta finales de 2018.

La legitimidad de quien encabece este gobierno de transición, el tercero en menos de un año y medio, estaría aún más cuestionada.

Muchos en Brasil creen que este embrollo político debería resolverse con unas elecciones directas, antes de las fijadas para octubre de 2018. Pero para eso, debería aprobarse una enmienda constitucional.

Temer además cuenta con el apoyo del mercado luego de que prometiera sacar a Brasil de la peor recesión de su historia a través de una serie de impopulares ajustes que pretenden devolver la confianza a los inversores.

Ya logró aprobar la congelación de los gastos públicos durante 20 años y abrir a la iniciativa privada el sector petrolero, pero le faltan dos de sus principales banderas: la reforma laboral y la del sistema de jubilaciones. El mercado espera con ansias su aprobación, pero la crisis política retarda el proceso.

Su principal socio de gobierno, el PSDB también quiere la aprobación de esas reformas antes de las elecciones, aunque está dividido sobre el costo político de permanecer junto a un presidente con semejante índice de desprestigio.

El partido está debilitado además por las investigaciones contra su exlíder Aécio Neves y parte de su cúpula, y tampoco pierde de vista que probablemente necesite aliarse con el PMDB de Temer si quiere la Presidencia en 2019.

Otro factor es el silencio en las calles. Uno de los motivos que propulsó la salida de Rousseff fue la presión de millones de personas movilizadas por todo Brasil. Pero el grito de “Fora Temer” ha sido tímido hasta ahora en las calles, pese a que un 65 por ciento de los brasileños cree que su salida sería “lo mejor” para Brasil, según el último sondeo Datafolha.

Los sindicatos protagonizaron la mayor y más violenta manifestación el pasado 28 de mayo en Brasilia, pero el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula da Silva (2003-2010) tiene sus propios problemas de corrupción y no ha logrado capitanear el descontento popular.

Al negarse tajantemente a renunciar, Temer complicó mucho más los escenarios y, de alguna forma, está estirando al máximo la solidez institucional de Brasil.

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Con información de AFP