El Poder Judicial en
Aguascalientes va a requerir un presupuesto de aproximadamente 70 millones de
pesos para la creación y puesta en marcha de los juzgados en materia laboral
luego de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, dijo en
entrevista Juan Manuel Ponce Sánchez, presidente del Supremo Tribunal de
Justicia.
De ese total, 30 millones serían
destinados para la construcción de un edificio con seis juzgados laborales y
sus respectivas áreas de oralidad; 10 millones más para equipamiento y 30
millones para el primer año de operaciones de los juzgados, considerando 5 millones por cada
uno.
La puesta en marcha de los seis
juzgados requiere de seis jueces, seis secretarios de acuerdos, seis
proyectistas para arrancar y el personal operativo; cada juzgado funciona
aproximadamente con un total de 13 personas.
El próximo 24 de febrero del 2018
entra en vigor a nivel nacional la reforma constitucional que especifica la
desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para dar cabida a la
creación de los juzgados laborales.
“Va a ser la ley federal o el
código nacional el que establezca a partir de que momento va a entrar en vigor
esta nueva forma de procesamiento, que puede ser al día siguiente, puede ser un
mes, pueden ser dos meses, seis meses”.
Desde la perspectiva de Ponce
Sánchez, otro elemento que complicará el avance en la aplicación de esta
reforma es que 2018 es año electoral y por experiencias pasadas, estos temas
laborales se dejan para que la autoridad entrante sea quien ejecute, aunque la
expectativa sería que no sucediera de esta forma.
“Ojalá no sea así, ojalá y en
esta ocasión el gobierno federal el año que entra tome las previsiones
necesarias y genere el recurso indispensable… si no es así vamos a tener serios
problemas para operar porque a lo que nos obligarían a nosotros es a tratar de
operar con lo que tenemos y podamos”.
Ponce Sánchez comentó que
desafortunadamente el Congreso de la Unión hace modificaciones que implican
cargas para las entidades -como en este caso las reformas en materia laboral-
sin embargo, no consideran partidas presupuestales para ello y pretenden que
los estados lo resuelvan pero en realidad no existe como posibilidad real.
