Como parte de las operaciones de inteligencia llevados a cabo contra Estados Unidos durante los últimos siete meses, al menos un aliado de Europa Occidental interceptó una serie de comunicaciones, previas a la investidura de enero, entre asesores relacionados con el presidente Donald Trump y funcionarios gubernamentales rusos, afirmaron fuentes con conocimiento directo de esta situación.
Dichas fuentes precisaron que las intercepciones incluyen, por lo menos, un contacto entre el ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn y un funcionario ruso basado en Estados Unidos. No fue posible confirmar si esa comunicación se refiere a la llamada telefónica con el embajador ruso, Sergey Kisliak, misma que condujo a la renuncia de Flynn, o si se trató de comunicaciones adicionales. No obstante, las fuentes dijeron que las comunicaciones adicionales no se limitaron a llamadas telefónicas, pues la agencia extranjera también está reuniendo información electrónica y de fuentes humanas sobre los socios comerciales de Trump en el exterior. De hecho, los servicios de inteligencia ya están considerando que algunos de esos socios comerciales son agentes de sus gobiernos respectivos. Estas operaciones se han emprendido debido a la inquietud de que Rusia pretende manipular sus relaciones con funcionarios de la presidencia Trump como parte de una estrategia a largo plazo para desestabilizar la alianza OTAN.
Así mismo, una nación báltica está obteniendo inteligencia sobre funcionarios de la Casa Blanca Trump, y también sobre ejecutivos que trabajan en la compañía del presidente, Trump Organization, por el temor de que un cambio en la política estadounidense a favor de Rusia pueda poner en riesgo su soberanía, reveló un tercero directamente vinculado con el gobierno de ese país.
Todas estas fuentes hablaron a condición de no ser identificadas, debido a que no están autorizadas, formalmente, a divulgar la información. Aunque Newsweek está al tanto de las naciones aliadas que interceptaron las comunicaciones y están recogiendo información sobre los asociados de Trump, las fuentes accedieron a la entrevista a condición de que los países no fueran identificados, por la inquietud de que sus gobiernos pudieran incurrir en la ira del presidente estadounidense.
Las operaciones de inteligencia de Europa Occidental dieron inicio en agosto, después que el gobierno británico recibió información de que ciertas personas que actuaban en representación de Rusia estaban en contacto con miembros de la campaña Trump. Estos detalles de los británicos fueron compartidos extensamente entre los aliados OTAN de Europa. La nación báltica ha estado reuniendo inteligencia durante casi el mismo tiempo, y ha estado vigilando a los ejecutivos de Trump Organization que viajaban por Europa.
Estas operaciones reflejan una grave ruptura de la arraigada confianza en la dirección de la política estadounidense por parte de algunos de los aliados más importantes de Washington. Peor aún, Estados Unidos se encuentra ahora en una situación que quizás no tiene precedentes: una en que los gobiernos europeos saben más de lo que ocurre en la rama ejecutiva que cualquier funcionario estadounidense electo. Hasta el momento, el Congreso controlado por los republicanos se ha negado a convocar audiencias para investigar los nexos entre los socios comerciales de Trump en el exterior y los gobiernos extranjeros, o las actividades entre Rusia y los funcionarios de la campaña y la presidencia Trump: las dos áreas que están examinando los servicios de inteligencia de, por lo menos, dos aliados estadounidenses.
Algunos detalles de los socios comerciales de Trump fueron participados al gobierno estadounidense hace meses. Por ejemplo, mucho antes de la investidura presidencial, la vigilancia electrónica alemana determinó que el padre del socio comercial azerbaiyano de Trump es un funcionario gubernamental que lavó dinero para el Ejército iraní; esa información fue compartida con CIA, afirmó una fuente europea con conocimiento directo de la situación.
De igual preocupación para los aliados estadounidenses es el socio comercial de Trump en Filipinas quien, además, es el representante especial en Washington del presidente de aquel país, Rodrigo Duterte. Este funcionario gubernamental, llamado José E. B. Antonio, es el director de Century Properties, grupo que, a su vez, es un socio comercial del presidente estadounidense en la construcción de Trump Tower en Century City, en la ciudad de Makati, Filipinas. A decir de los individuos que tienen conocimiento directo de la situación, un servicio de inteligencia europeo ha obtenido los contratos y otros documentos legales del acuerdo entre Trump Organization y Antonio. Dicho acuerdo ya ha derivado en importantes pagos al negocio de Trump; y millones de dólares adicionales están en puertas, todos procedentes del representante del presidente filipino.
La relación financiera entre el mandatario estadounidense y el gobierno filipino se desvela en un momento en que la alianza histórica entre Occidente y el país del sureste asiático se encuentra bajo enorme tensión. Desde el año pasado, tras la elección de Duterte, Filipinas ha estado sometida a una campaña homicida, con escuadrones de muerte asesinando a miles de sospechosos de narcotráfico en las calles. La matanza –que se lleva a cabo con la participación de Duterte, según la conclusión de funcionarios de inteligencia-, ha sido condenada por todo el mundo Occidental. El Parlamento de la Unión Europea y dos expertos en derechos humanos de Naciones Unidas han instado a Duterte a poner fin a la masacre.
Duterte ha respondido indicando que su gobierno podría abandonar sus alianzas con Occidente y abrazar a China como su aliado principal. Semejante medida podría ser devastadora, dado que las fuerzas armadas estadounidenses mantienen grandes bases militares en aquel país. La situación con Filipinas “se ha vuelto un desafío enorme”, dijo un funcionario con conocimiento directo de las operaciones de inteligencia europeas. “El negocio del presidente Trump allá es un factor perjudicial que estamos tratando de evaluar”.
La información reunida por el gobierno de Europa Occidental ha sido ampliamente compartida por los aliados OTAN, aunque no queda claro cuánto de ella fue proporcionada a los funcionarios de inteligencia estadounidenses. Una fuente dijo que miembros del personal de la primera ministra británica, Theresa May, habían sido informados de los hallazgos de vigilancia antes de su entrevista del mes pasado con Trump, y que funcionarios del gobierno de la canciller Angela Merkel también recibieron los detalles.
Estas operaciones de inteligencia contra Estados Unidos son resultado de la inquietud de los aliados sobre las intenciones del presidente ruso, Vladimir Putin, de dañar a la OTAN y ante la incertidumbre de que Trump siga un camino político que envalentone a Rusia. Además, les preocupa que Moscú, nuevamente fortalecida, pueda usar su armamento energético –Europa Occidental obtiene de Rusia casi 40 por ciento de su gas natural- para promover políticas agresivas con mínimas objeciones por parte de la Casa Blanca Trump.
Los funcionarios de los estados bálticos de Letonia, Estonia y Lituania están particularmente preocupados. Dada la invasión rusa de Ucrania, temen que el futuro de sus naciones también pueda estar en riesgo si la presidencia Trump abandona las sanciones diseñadas para castigar la temeridad militar rusa. El presidente ruso Vladimir Putin ha dicho que “protegerá” a los hablantes de ruso doquiera se encuentren; y solo 17 por ciento de la población ucraniana es rusa étnica. No obstante, los rusos étnicos componen 24 por ciento y 27 por ciento de las poblaciones de Estonia y Letonia, respectivamente, según Foregin Policy Research Institute, un centro de estudios estadounidense. Y aunque solo 6 por ciento de la población lituana es de etnia rusa, su gobierno ha retomado la conscripción militar, la cual fue abandonada hace siete años tras la invasión militar rusa de Ucrania.
Si bien no ha detectado algo indebido, el servicio de inteligencia de la nación báltica también ha lanzado una investigación sobre la relación entre el secretario de Estado, Rex Tillerson, y su viejo amigo personal, Igor Sechin, director de la petrolera Rosneft, que controla el Kremlin. Sechin y Rosneft están inscritos en la lista negra de individuos y entidades designados para sanciones tras la incursión de Rusia en Ucrania. Sechin fue el principal socio comercial de Tillerson cuando este se desempeñaba como director ejecutivo de Exxon Mobil, y es un personaje poderoso en Rusia, donde es conocido como ex miembro de la FSB (el servicio de seguridad federal que es el sucesor principal de la KGB soviética) y ex director de la dependencia presidencial a cargo de los servicios de seguridad.
“El poder de Sechin deriva de su relación con Putin”, afirma un cable del Departamento de Estado enviado, en 2008, desde la embajada estadounidense en Moscú. “Como subdirector de la dependencia presidencial a cargo de los servicios de seguridad, no queda duda del poder de Igor Sechin. Era ampliamente considerado como un miembro muy influente del círculo íntimo de Putin, tal vez el más influyente, con el historial FSB requerido para promover la agenda del presidente (y la propia)”.
Esa influencia –y el papel que Sechin podría desempeñar para obtener mayor poder para Rusia mediante la venta de petróleo, si la presidencia Trump retirara las sanciones- es la razón de que se convirtiera en un objetivo principal de la investigación de inteligencia sobre Tillerson emprendida por el estado báltico. Sin embargo, en Estados Unidos, el nombre de Sechin ni siquiera se mencionó durante las audiencias de confirmación de Tillerson en el Senado.