Activistas e investigadores confirmaron la denuncia por hackeo en su contra y apuntaron hacia el gobierno como el probable responsable.
Señalaron que los mensajes a sus celulares fueron enviados a través de una herramienta de espionaje diseñada por la empresa israelí NSO Group, especialista en software de vigilancia para gobiernos y contratista de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Los afectados – defensores del derecho a la salud – Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO, quienes junto con las organizaciones Red en Defensa de los Derechos Digitales, SocialTIC y Artículo 19, señalaron en conferencia de prensa que presentarán una denuncia penal ante la PGR por los actos de espionaje.
“Es paradójico y complicado que la denuncia se interponga ante la PGR cuando existen pruebas de que la misma PGR ha hecho uso del software para espionaje”, expuso Luis Fernando García, representante de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales.
El caso fue expuesto por el diario The New York Times en cuya investigación refiere que las víctimas de espionaje son promotores de un impuesto a las bebidas azucaradas en un país que ha sido declarado con emergencia epidemiológica por diabetes.
En septiembre de 2016 el diario publicó también que en 2013 México pagó más de 15 millones de dólares en los servicios de vigilancia de NSO Group.
“No se sabe exactamente cuánto cuesta el uso del malware, pero sabemos que no se compra una licencia para su uso ilimitado, se paga por cada vez que se usa”, aclaró Luis Fernando García.
“Daremos la oportunidad a la PGR de que investigue el caso, de lo contrario acudiremos a instancias internacionales”, indicó García. Si la PGR no da seguimiento al caso, “será una violación de la propia labor de esa instancia”.
De acuerdo con SocialTIC, NSO Group no es la única empresa a la que México compra tecnología para espionaje, y aseguran que el gobierno mexicano es uno de los mayores consumidores de la empresa italiana Hacking Team, diseñadora también de programas de vigilancia exclusivamente para gobiernos.
“Estas herramientas no han sido utilizadas para perseguir a delincuentes, sino a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y activistas”, señaló a medio día Luis Fernando García en la conferencia de prensa.
A través del Phising – método para robar información confidencial – es que se realizó el hackeo y las amenazas a Calvillo, Encarnación y Barquera, con la ayuda del software de NSO.
Para que el sistema de espionaje se active, basta con que una persona de click al enlace que llega acompañado de un mensaje en un SMS para que el malware se instale en el dispositivo.
Una vez que está instalado, el software es capaz de acceder a contactos, correos electrónicos y fotografías, y tiene la capacidad de acceder al micrófono para escuchar conversaciones y a la cámara para ver lo que pasa alrededor.
Calvillo, Encarnación y Barquera, recibieron repetidamente este tipo de mensajes entre el 8 de julio y el 17 de agosto de 2016. Algunos de ellos contenían incluso amenazas e intimidaciones, pues al dar click a los enlaces se redireccionaba a la página de la funeraria Gayosso.
Un mensaje decía, por ejemplo, que la hija de Barquera había estado en un grave accidente. Otro era para decirle a Barquera que su padre había muerto y contenía un enlace para revisar los detalles del funeral.
Además de la denuncia en la PGR, los afectados y las organizaciones involucradas presentarán una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
“La vigilancia contra científicos y defensores de derechos humanos es un hecho a todas luces reprobable, inaceptable y que agravia a toda la sociedad. El uso de las capacidades de vigilancia del Estado, especialmente al servicio de los intereses de la industria, resulta en un agravio para todas las personas que trabajan en favor de la salud de las y los mexicanos, tanto en el sector público y privado, así como de la sociedad civil organizada”, dicen los activistas en un comunicado.
