TRAS DÉCADAS de buscar el sustento en los
polvorientos campamentos de refugiados de Kenia, Muhumed Mohamed Abdi al fin
iba de salida. Huyó del conflicto que estalló en Mogadiscio, capital de
Somalia, cuando milicias rivales derrocaron al gobierno en 1991. Luego de más
de veinte años de espera en campamentos de refugiados, Abdi y los cuatro
miembros de su familia habían conseguido espacios en un vuelo a Missouri, el 30
de enero: Estados Unidos los había aceptado en el marco de su programa para
reasentamiento de refugiados. El hombre de 38 años vendió todas sus posesiones
en Dadaab, el extenso complejo de campamentos donde cientos de miles de
refugiados somalíes han vivido desde principios de la década de 1990. Fue a
Nairobi listo para abordar un avión y comenzar una nueva vida. Pero el 29 de
enero, el día antes de su vuelo, Abdi se enteró de que él y su familia ya no
podían viajar a Estados Unidos, y se les indicó que regresaran a Dadaab.
Abdi y su familia se suman a las decenas
de miles de personas cuyos futuros fueron desbaratados por la reciente orden
ejecutiva del presidente Donald Trump, cuya supuesta finalidad era impedir la
entrada a “terroristas islámicos radicales”. Entre otras cosas, el plan
paralizó el programa para refugiados de Estados Unidos, prohibiendo de manera
indefinida el ingreso de refugiados sirios y bloqueando, al menos
temporalmente, el acceso al país a los refugiados de otras seis naciones de
mayoría musulmana, incluida Somalia. Semejante política, que carece de detalles
sobre la manera de implementar cambios tan extensos, ocasionó una confusión
generalizada y desató protestas en aeropuertos de todo el mundo. Al momento de
cerrar esta edición, se desconocía el destino de la política de Trump, y los
refugiados seguían esperando una decisión de las cortes de Estados Unidos.
El 3 de febrero, un juez de Seattle
emitió un dictamen que bloqueó temporalmente la orden de Trump, provocando que
una andanada de tenedores de visas y refugiados llegara a Estados Unidos. La
Organización Mundial para las Migraciones (OIM), agencia migratoria de la ONU,
dijo que, desde entonces, el Departamento de Estado ha dado instrucciones para
que los refugiados que se encontraban en camino antes de la orden de Trump
puedan entrar en Estados Unidos hasta el 17 de febrero. No queda claro cuántos
ingresarán realmente: de los cerca de 19 000 refugiados cuyos pasajes de avión
fueron cancelados tras la orden, OIM espera que entre 1,800 y 2,000 personas
consigan entrar en Estados Unidos en esas dos semanas. Tampoco se sabe si ese
grupo incluirá a Abdi, a quien no pudimos contactar por teléfono, o a otros
refugiados de campamentos como Dadaab. “Intentamos contactarlos urgentemente
para pedirles que aprovechen esta ventana”, dice Leonard Doyle, un vocero de la
OIM en Ginebra.
Conforme los refugiados asimilan el golpe
propinado por la orden de Trump, las naciones anfitrionas intentan enfrentar la
creciente carga que les impondrá esa decisión. La mayor parte de los 21.3
millones de refugiados del mundo viven en África y el Medio Oriente, mientras
que los seis países más ricos albergan menos de 9 por ciento de la población
mundial de refugiados, según información de Oxfam. Estados Unidos ha sido
generoso, pues a través de su programa de reasentamiento formal, en los últimos
años ha ofrecido a los refugiados más hogares permanentes que cualquier otra
nación. Pero si eso cambia, podría ejercer mucha más presión en los países
pobres y dejaría a miles atrapados en limbo.
“Si el país más poderoso del mundo teme a
los más vulnerables, ¿qué ejemplo da a los más pobres, que han tomado la
responsabilidad de albergar a cientos de miles de refugiados; en algunos casos,
durante décadas?”, acusó Joel Charny, director estadounidense del Consejo
Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés), en su declaración del
30 de enero.
Uno de esos países es Kenia, el cual ya ha
dejado claro que está harto de la tarea. Kenia ha albergado refugiados somalíes
desde que las milicias expulsaron al dictador Mohamed Siad Barre, en 1991,
desatando una guerra civil en Somalia y décadas de anarquía que permitieron que
al-Shabaab, violento grupo militante, tomara el control de partes del país. En
mayo pasado, después que la Unión Europea tomara medidas contra los migrantes,
el gobierno keniano —presintiendo que menguaba la conmiseración internacional
por los refugiados— anunció su intención de clausurar Dadaab. Kenia argumentó
el temor de que al-Shabaab utilizaba el campamento como base para planificar
sus ataques. Desde entonces, el gobierno ha dicho que el complejo, que en enero
albergaba a más de 256 mil refugiados somalíes, será cerrado en mayo.
Ese anuncio ha provocado que algunos
residentes de Dadaab regresen a Somalia, pero una encuesta, el NRC halló que la
mayoría de los refugiados no quiere volver a un lugar que todavía consideran
inestable. Aunque debilitado, al-Shabaab todavía representa una grave amenaza
en Somalia; dos días antes que Trump firmara su orden, el grupo mató a 28
personas en un ataque contra un hotel de Mogadiscio. “Puedes ver lo que sucede
en Somalia”, dice Ahmed Omar, de 43 años, residente de Kakuma, quien ha solicitado
la reubicación a Estados Unidos durante años. “Nadie está dispuesto a
regresar”.
Al acercarse la fecha del cierre del
campamento, el despacho del Alto Comisionado para Refugiados de ONU (ACNUR),
agencia para refugiados de Naciones Unidas, dice que cientos de miles de
desamparados no serán forzados a regresar a su país, pero no especificó adónde
irán a parar. Y si persiste la prohibición estadounidense, esa sería una opción
menos.
Los refugiados como Abdi encaran un
futuro incierto. Según lo que decidan las cortes, la orden de Trump podría
traducirse en que los refugiados aprobados se someterían a procesos de
selección de seguridad adicionales antes de ingresar en Estados Unidos. De por
sí, la aprobación para reasentamiento es un procedimiento abrumador que puede
demorar años. “No se trata, simplemente, de gente que quiere ir a Estados
Unidos”, dice Yvonne Ndege, portavoz de ACNUR en Kenia. “Han sido identificados
como los casos más fuertes entre millones”. Agrega que la somalí es una de las
nacionalidades vetadas con mayor cuidado en todo el mundo. En Kenia hay
alrededor de 26,000 refugiados somalíes que se encuentran en el “pipeline” de
reasentamiento estadounidense, y han estado en ese proceso desde hace varios
años.
Omar se aferra a la esperanza. Dice que
la gente de Kakuma que había sido aprobada para establecerse en Estados Unidos
se siente furiosa y frustrada, y algunos incluso han sido ingresados en el
hospital del campamento debido al estrés. El panorama es muy sombrío, pero cree
que Estados Unidos todavía podría cambiar su rumbo. Las encuestas demuestran
que menos de un tercio de los estadounidenses considera que la medida de Trump
les dará mayor seguridad. “Cuando [Trump] estaba en campaña, dijo varias veces
que los somalíes eran una gran amenaza para Estados Unidos. No sé por qué”,
comenta Omar. “Si Trump dice que todos los somalíes son terroristas, ¿podemos
decir que todos los estadounidenses están en contra de los refugiados?”. Él
sabe que ninguna de las afirmaciones es cierta.
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Publicado en
cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek