TARDE O TEMPRANO SUCEDERÁ. Ya sea por poderosas razones económicas, presión social o como un paso inevitable ante el escenario internacional, la legalización y comercialización de la marihuana ocurrirá en algún momento en México. A finales de esta década o a principios de la siguiente, la legislación se inclinará a favor. Lo saben académicos e integrantes de la sociedad civil. Lo reclaman con discreción poderosas compañías trasnacionales agrícolas y pequeños empresarios deseosos de invertir su dinero, pues tras el surgimiento de una industria del cannabis en Estados Unidos que crece a pasos gigantes, regular la planta podría significar también un redituable negocio en tierra mexicana.
Y esto, como en toda inversión, implicará reglas, sobre todo porque la hierba cuenta con un historial que incluye violencia, lavado de dinero, corrupción y una guerra del Estado contra las bandas del crimen organizado que ha derivado en al menos 30 000 muertos, según cifras oficiales, pero en pocos resultados. El proceso no será fácil.
“Sucederá en el próximo sexenio, en este ya no. El presidente Peña Nieto ya no tiene capacidad para impulsar ninguna iniciativa”, dice Jorge Chabat, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Comercializarla será un gran negocio, afirma el experto en narcotráfico y seguridad nacional: “Las cifras nunca son claras, pero los cálculos indican que representa entre el 30 y 40 por ciento del ingreso por drogas ilegales de las bandas, un porcentaje importante. Para un mercado legal significa muy buenas ganancias”.
Si bien los números sobre los ingresos en drogas del crimen organizado en México no son claros, de acuerdo con el estudio El problema de las drogas en las Américas, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el valor del mercado mundial al por menor de marihuana se estima en 141 000 millones de dólares, y el mercado de Estados Unidos representa poco menos de la mitad del monto.
“Si se establece un monopolio de Estado —menciona el también analista político—, que no lo creo, provocará que productores privados compitan de manera ilegal. Se formará un mercado negro, menos violento que el de hoy, pero existiría, como en otros productos. Si se permite a particulares producir y vender, vendrá una regulación, reglas e impuesto, y si este es muy alto será un incentivo para que personas comercialicen fuera de los marcos legales”.
—¿Y entonces?
—Será regulada, insisto, no se venderá en cualquier esquina y, en teoría, las empresas se registrarán y pagarán impuestos. Ese sería un escenario ideal, pero no probable. Veremos.
Mientras tanto, Peña Nieto ya incentivó el debate en México, aunque en el pasado había dicho a la revista Time que la legalización no era “la ruta correcta”. Apenas en abril pasado envió al Congreso una iniciativa que propone el uso de medicamentos elaborados con marihuana y que no se considere delito la posesión de hasta 28 gramos para uso personal.
“La propuesta no ha avanzado, y es contradictorio, pues comprarla es ilegal y su consumo no —critica Chabat—. En el tema estamos en pañales, pero es una corriente mundial. Es absurdo que en estados de Estados Unidos la producción y venta sea legal y en este país no. Aquí estamos persiguiendo a los narcos”.
La discusión, sin embargo, comenzó hace un par de años, y difícilmente será frenada en un país donde 1.2 por ciento de la población de entre 12 y 65 años consume marihuana, la droga de mayor demanda en México, según la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el registro más reciente sobre el tema.
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Un expresidente mexicano fue el primero en manifestar sus intenciones de producirla y comercializarla: “El negocio de la marihuana ya no será solo de Joaquín el Chapo Guzmán”, indicó Vicente Fox en 2013, un año antes de la captura del capo. “Una vez que sea legítimo y legal, claro. Yo soy agricultor, puedo hacerlo. El día que esté aprobado, todos los productores pueden participar”, dijo sin titubeos.
Otro exmandatario de México, Ernesto Zedillo, también impulsa la legalización, aunque no por un interés personal lucrativo, al menos no en apariencia. El priista es integrante de la Comisión Global sobre Política de Drogas, donde también figuran los expresidentes de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, y de Colombia, César Gaviria, quienes han manifestado que “40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas”.
La particularidad de esta comisión, igual que otros grupos que impulsan la legalización de la marihuana en América Latina y Estados Unidos, es que recibe financiamiento de Open Society Foundations, fundada y presidida por George Soros, quien es considerado clave en el tema de la regulación de la hierba en el continente americano. El nombre del magnate húngaro-estadounidense de 83 años, de hecho, resonó en el debate sobre el cannabis en Uruguay, tras conocerse que Open Society financió una campaña a favor de la ley que convirtió a ese país en el primero en legalizar el comercio de la droga.
Además, uno de los grupos que financia Soros en Estados Unidos es Drug Policy Alliance, que impulsó, a su vez, la despenalización de la marihuana en Colorado y Washington.
Soros, un controvertido inversionista, especulador y filántropo que acumuló fortuna con sus fondos de inversión, ha sido acusado de tener vínculos con los negocios de Monsanto, la trasnacional especializada en siembra y venta de semillas genéticamente modificadas, pero Pedro Abramovay, exsecretario de Justicia de Brasil que ahora dirige los trabajos de Open Society en América Latina, negó en una entrevista que Soros sea accionista de la multinacional estadunidense y que la estrategia en la región se relacione con los negocios del empresario en el área agrícola.
El interés de estos expresidentes, sin embargo, “sí podría ser el mismo de Monsanto, que tiene semillas genéticamente modificadas de la marihuana y las vende en Estados Unidos”, afirma Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. “Las grandes empresas agrícolas mundiales, distribuidoras de grano, claro que tienen interés, y se mueven de manera estratégica. Monsanto es la principal empresa agroindustrial del planeta”, agrega.
Especialista en seguridad internacional y crimen organizado en México, el doctor invita a voltear a ver el escenario de Estados Unidos: “El 8 de noviembre, cuando serán las elecciones federales, se realizarán referéndums sobre marihuana en cuatro estados, y el decisivo es California. Si ahí legalizan el consumo recreativo, tendrá un efecto boomerang en México, sobre todo en Tijuana, por su cercanía”.
Y lo más probable es que en ese estado se legalice, considera, pues ahí ya existe “un desarrollo importante de cultivos de marihuana genéticamente modificada, orgánica e hidropónica. Hay campos experimentales autorizados por el gobierno de California. La estrategia de Estados Unidos es a escala estatal y es posible que ese país deje de ser importador y se convierta en productor y exportador de marihuana de alta calidad”.
Benítez vaticina que, de legalizarse ahí, una consecuencia será el contrabando de la droga a México, lo que aceleraría su despenalización. Sin embargo, enfatiza, “en el país no hay un sistema de control como en Estados Unidos, donde ha habido recaudación fiscal importante en los estados donde ya se vende. Aquí ese escenario no es posible: la mitad de la economía mexicana es informal. Probablemente el mercado de la marihuana, aunque se despenalice, seguirá informal”.
—¿Por qué?
—El gobierno no tiene la capacidad de control fiscal ni los productores agrícolas querrán legalizar sus cultivos y pagar impuestos. No lo hacen con otros productos: mandan naranjas y aguacates al mercado sin el control del gobierno. ¿Por qué sería distinto con la marihuana, que también es un producto agrícola? Van a encontrar sus circuitos de comercialización. No veo impacto financiero positivo ni negativo. Será un mercado importante, pero no uno que capte gravámenes. Esperemos, primero, a que llegue una iniciativa, pero creo que el debate se enfocará en los temas morales y de salud pública.
“La mitad de la economía mexicana es informal. Probablemente el mercado de la marihuana, aunque se despenalice, seguirá informal”. Foto: Pedro Pardo
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Los medios la llamaron sentencia histórica: en noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo para cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana, con fines recreativos, a cuatro personas: Josefina Ricaño, Armando Santacruz, José Pablo Girault y Juan Francisco Torres Landa, integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART).
Como era de esperarse, activistas en pro de la legalización afirmaron que la resolución daría paso a un debate nacional sobre la política contra esta droga y su posible legalización en el país.
Lo interesante del caso es que ninguna de estas cuatro personas, integrantes de la asociación civil México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), consumen cannabis, y su interés tampoco es comercial. Eso afirman. Las razones para iniciar un proceso que culminó en un fallo a su favor tienen sus orígenes en situaciones personales.
En su oficina, en un lujoso edificio del poniente de la Ciudad de México, Torres Landa, uno de los abogados corporativos más importantes de México, cuenta que los integrantes de MUCD han sufrido el impacto de la delincuencia organizada. En su caso, uno de sus primos fue secuestrado y asesinado en 2005, lo que lo llevó a buscar una forma de combatir la delincuencia. “Por eso me uní a Mexicanos Unidos —indica—. Nuestra intención es aportar a la discusión de la legalización de las drogas y que los órganos de gobierno hagan su chamba, pues no la están haciendo. Este fallo es un inicio para legalizar y enfocarse en rehabilitación”.
El consejo de MUCD concluyó hace más de tres años que la capacidad económica de la delincuencia organizada obedece a la política de prohibición de las drogas en México y su mercado monopólico de estupefacientes. Sus integrantes iniciaron un diálogo con el Ejecutivo y Legislativo, “pero en ambos casos fue muy estéril, no hubo avances, dijeron que políticamente no era rentable. Vimos que faltaba un pronunciamiento y participación del Poder Judicial. El plan fue generar una controversia y solicitar su intervención”.
Conformaron un grupo integrado por consejeros de MUCD y el Centro de Estudios de Impacto Social, un equipo de abogados que genera litigios para atacar temas específicos. El siguiente paso fue constituir un club cannábico, el primero en su especie en México: SMART. Lo constituyeron ante un notario y solicitaron un permiso para operar a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La petición fue denegada, pero, ante el rechazo, llevaron el caso al Poder Judicial. “Vía el amparo —recuerda—, argumentamos que a los miembros del club nos habían negado el derecho humano a la autodeterminación y al libre desarrollo de nuestra personalidad. Estos derechos, conforme a la reforma constitucional de 2011, están por encima de las facultades de la autoridad.
“El juez de distrito negó el amparo. Nos fuimos a la revisión, y en el colegiado logramos que la Primera Sala de la Corte atrajera el caso. El argumento del derecho humano a la autodeterminación y al libre desarrollo fue suficiente, la Corte falló a nuestro favor. Y es que, si queremos ganar la batalla contra el crimen, tenemos que eliminar su factor económico. Si las autoridades no le entran al debate es porque, entonces, ellos tienen intereses económicos, están coludidos”.
El tema central, indica el abogado, no es la marihuana, “sino seguridad y justicia en el país. Buscamos que las instituciones se fortalezcan, pues la ruta actual nos lleva a una debacle de proporciones inimaginables”.
La pugna ahora, finaliza, es que el Congreso y el Ejecutivo cambien la política de drogas en México: “Hay que pasar de la prohibición a la regulación, de los policías a los médicos. Dejar de perseguir a consumidores e invertir en prevención. Eso no se hace, seguimos en esta tontería”.
Manifestación en el Centro de la Ciudad de México. El apoyo a la legalización de la marihuana en México va en aumento, aunque la Iglesia católica ha expresado su no rotundo. Foto: Ronaldo Schemidt/AFP
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Fumar esta hierba ayuda a disminuir la presión ocular en pacientes con glaucoma, según Glaucoma.org. Contribuye a detener la progresión de la enfermedad de Alzheimer, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Sur de Florida. Fumarla en pequeñas cantidades alivia, en pacientes con cáncer, las náuseas provocadas por la quimioterapia y aumenta su apetito, afirma la Sociedad Americana contra del Cáncer.
El apoyo a la legalización de la marihuana en México va en aumento, aunque la Iglesia católica ha manifestado su no rotundo. La encuesta presentada en abril pasado por Parametría indica que el 29 por ciento de los consultados se pronunciaron a favor y 66 por ciento en contra. El dato es importante porque hace ocho años solo el 7 por ciento dijo que estaba de acuerdo con la despenalización. Eso significa un aumento favorable de 22 puntos en menos de una década.
La pregunta sobre si en 2016 más personas apoyan la legalización, en comparación con hace algunos años, está resuelta, pero en esta discusión otra de las incógnitas que surgen es si su regulación significará un golpe fuerte a las finanzas del crimen organizado.
La doctora en ciencias sociales e investigadora del ITESO, Rossana Reguillo Cruz, tiene una respuesta: “Sería mínimo, pues esta metástasis de violencia que el Estado y la misma sociedad permitieron crecer tanto es cualquier cosa menos la venta de marihuana: existen decenas de otras drogas, la trata, el trabajo esclavo, piratería, control de productos y territorios. Sería como arrancarle una hojita a una margarita.
Pensar que legalizarla acabará con el crimen, añade, “es ilusorio y tonto. Lo que se necesita es una política de Estado que termine con la corrupción, impunidad, con lo que llamo el misterio teológico de tres personas en una: narcotraficante, político y policía. Y quién sabe si así, pues hay que pensar esto en términos políticos, internacionales, de redes criminales que operan como grandes empresas”.
Lo que a la también antropóloga llama la atención del debate es el gran movimiento social generado para impulsar la despenalización y el enorme interés de desligar el acceso a la marihuana de la violencia en el país. “Esto no significa que esta vaya a desaparecer”.
Otro tema, indica la experta en violencia vinculada con el narcotráfico, “es impulsar el cultivo, procesamiento y circulación a circuitos reglamentados por lo queda del Estado mexicano, muy venido a menos. Si pones la sustancia en un ambiente de regulación generas otra lógica de consumo, favoreces a los que hoy son los más castigados: los campesinos, que prácticamente hacen trabajo esclavo para el narco”.
Un tercer aspecto es promover una cultura de libertad y democrática, “en la que cada uno tenga el derecho a decidir. En pleno siglo XXI esto es fundamental: impulsar políticas públicas de salud y educación para el consumo. No tenemos eso”.
Reguillo Cruz está convencida de que México atraviesa por un momento en el que deben replantearse las políticas prohibicionistas “que han mostrado su fracaso una y otra vez, y exponen a las personas. Uno de los problemas fundamentales de la circulación y el consumo tiene que ver con que se coloca al usuario en una espiral de violencia terrorífica. Este no es un asunto de moral, de bien y mal. Si las personas saben qué sucede si consumen cerveza, marihuana o coca será una decisión. El asunto es que exista la información posible: por ejemplo, que las adicciones existen”.
—Como van las cosas, ¿los políticos se enfocarán en esa política integral?
—No soy ilusa. Veo un problema de grandes intereses económicos en el tema. No sabemos quién va a ganar. Con el proyecto de legalización, la gente con recursos, empresas, políticos con acceso a la anticipación de las decisiones que se toman en el Congreso, se van a poner las pilas. Ahí hay un buen fruto para invertir. Es especulación, pero probablemente Marlboro amuele a algunos productores mexicanos interesados. Son infinidades de opciones.
Juan Francisco Torres Landa, uno de los abogados corporativos más importantes de México, cuenta que los integrantes de MUCD han sufrido el impacto de la delincuencia organizada. Foto: Antonio Cruz/NW Noticias.
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El Colectivo por Una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) surgió a finales de 2008 y se convirtió en la primera asociación civil en México dedicada exclusivamente al tema de la legalización de las drogas. Su fundador, el politólogo Jorge Hernández Tinajero, activista pro cannabis desde hace más de una década, indica que el objetivo de la organización desde su inicio fue visibilizar al usuario y sus derechos.
“Propusimos un mecanismo regulatorio para evitar los intereses del mercado en la industria: la creación de asociaciones de cultivo, es decir, adultos que se reúnen para cultivar en un espacio específico, o un equipo profesional que se dedica a hacerlo para los socios, con sus respectivos mecanismos regulatorios.
“La incomprensión de un mecanismo así —añade— ha provocado muchos opinadores, entre ellos Vicente Fox, que ven en la legalización la formalización de un mercado que intentará expandirse lo más posible”, prevé el también socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis.
Hernández no ignora que alrededor de la legalización de la marihuana hay diversos intereses económicos: “El mercado de cannabis ya existe y es estable desde hace años en México, no especialmente grande en comparación con otros mercados: los índices de consumo en Estados Unidos y Europa son mayores, pero no por eso es despreciable, y es objeto de la codicia de aquellos que, una de dos, lucran con ese mercado ilegal, o ven la posibilidad de regularlo y legalizarlo mediante mecanismos de mercado”.
El CUPIDH no está en contra de ese mercado regulado, pero propone la coexistencia de este y el sistema de asociaciones de cultivo. Si surgen empresas, indica, deben formalizarse de acuerdo con las características culturales de México y no convertirse en una copia de los modelos de Colorado, Washington, Oregon y Alaska, los estados del país del norte donde está permitida la marihuana con fines recreativos.
Las arcas de Colorado, por cierto, engordaron gracias a la legalización. En 2014, el primer año de ventas de marihuana recreativa, el Colorado Department of Revenue informó que recibió una tasa de impuestos de 44 millones de dólares, cantidad nada despreciable que pudo ir a parar al bolsillo de las bandas del crimen.
“Resulta que Estados Unidos se brincó la barda, nunca le importó los tratados internacionales: empezó a regular, primero la marihuana medicinal, que es válido y legítimo, pero ha servido como pantalla para regular un mercado informal que existía”, critica el activista.
En esos convenios se estableció que es viable regular una industria farmacéutica alrededor del cannabis, pero Hernández indica que, para que eso suceda en México, el Estado primero tiene que reconocer su valor terapéutico. “Aunque esto comienza a suceder —dice—, las iniciativas ven la planta como un medicamento de patente. Por otro lado, los tratados prohíben la organización de un mercado formal, pero no el cultivo privado sin fines de comercio, lo que falló la Corte en noviembre pasado”.
Para el CUPIDH el asunto es claro: mientras no se defina quién puede cultivar, todos son castillos de arena, y “las personas consumirán sea legal o no. El narcotráfico y los mercados ilegales existen con, sin y a pesar de nosotros. Yo no conozco a ningún dealer que vaya a ponerse la pistola en la sien porque no le compras”.
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Vicente Fox estableció en su sexenio un máximo de portación personal de cannabis, pero la presión estadounidense logró que vetara su propia propuesta, en 2004. Años después, Felipe Calderón envió una iniciativa similar al Congreso que planteaba un consumo de cinco gramos y el proyecto se estableció en la Ley de Narcomenudeo de 2009.
Enrique Peña Nieto propuso 28 gramos, pero nadie sabe si esto prosperará. Hablar de una legalización es, en este escenario, más complicado, aunque los expertos refieran las bondades que surgirían con la acción: el acceso a la droga, cuando es legal, garantiza un producto de mayor calidad. Un problema es que los países no se han puesto de acuerdo, no hay coordinación internacional. Cada uno actúa de acuerdo con su criterio.
Y como el poderoso Tío Sam legalizará la hierba poco a poco en sus estados, eso repercutirá en México, donde, vaticinan los expertos, se promulgarán leyes parecidas a las del norte: “La estrategia será similar —afirma Benítez Manaut, el investigador de la UNAM— a la del aborto y matrimonios igualitarios: el gobierno federal se lavará las manos y pasará el tema a los congresos de los estados, como en Estados Unidos. Existirán entidades donde se permitirá el consumo e, incluso, la producción, lo cual generará polémica”.
Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se ha pronunciado abierto al debate. Como ha sucedido con otras leyes controvertidas, no es descabellado asegurar que la capital será la primera en despenalizar la hierba. El crimen, sin embargo, seguirá ahí. “La marihuana ya no es hoy un gran negocio para los grandes cárteles, sino solo para bandas pequeñas, como las de Tepito, que tratarán de acaparar la distribución. Ahí, grupos permanecerán con su circuito de comercialización, aunque se legalice, pues ya tienen contacto con los productores, por ejemplo, de Guerrero”, expone el catedrático.
Pese a que el negocio de la marihuana no impactará en el PIB mexicano, será negocio para varios empresarios interesados, pero Benítez está convencido de que antes es forzoso fortalecer los mecanismos reguladores del Estado mexicano: fisco, salud, comercios, inspección, encuestas, reacción ante contingencias de salud.
“El panorama aquí no es bueno, pues si el gobierno ni siquiera logra regular la distribución de thinner, ¿cómo va a controlar la marihuana? En Estados Unidos se vende en centros comerciales. Para que nosotros lleguemos a eso se necesita un cambio cultural al que no estamos acostumbrados”.
Evento magno nacional de incineración de narcóticos en Tijuana en 2015. La marihuana es una de las casi 400 drogas psicoactivas con las que opera el crimen organizado. Foto: Christian Serna/Cuartoscuro
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A la producción y comercialización de la marihuana en México le van a apostar pequeños empresarios dedicados por años a la industria agropecuaria que tratarán de diversificar sus cultivos, predice Jorge Chabat, del CIDE.
Empresas extranjeras vinculadas con el negocio del uso legal de la marihuana ya han manifestado su intención de incursionar en México, tras el fallo de la Corte a favor de cuatro personas en noviembre. “Yo personalmente no le temo a ir a México”, declaró a los medios Daniel Sparks, jefe de asuntos gubernamentales de BioTrackTHC, que provee software comercial para la industria del cannabis. “México es una oportunidad de inversión interesante”, comentó, por su parte, Brendan Kennedy, director de Privateer Holdings, una firma de capital privado que invierte estratégicamente en el campo del cannabis medicinal legal.
“No será un monopolio de Estado y seguramente alguien cultivará en su patio una planta. Ya no será delito. Pero si siembras, vendes y no pagas impuestos, el Estado te va a caer, si la ley lo define así”, dice Chabat.
—Se requerirá de una política integral en salud y educación.
—Esa política ya existe, pero no se le han dedicado recursos ni atención porque el Estado está enfocado en perseguir a los narcos. Aunque opino que, si le quitas la prohibición a la marihuana, esto no provocará un patrón importante en el consumo. Este, hoy, ya puede ser catalogado como un problema de salud, y lo seguirá siendo, no hay manera de quitarlo: hay un número relevante de usuarios. La ventaja es que los recursos para seguir a bandas se invertirán en prevención. Legalizar sería importante para quitar la parte criminógena.
—Algunos consideran que el crimen seguirá lavando dinero a través de empresas y que la legalización no tomará cartas en el asunto.
—Hoy se puede lavar dinero a través de empresas legales, y no por eso las vamos a prohibir. Muchos hoteles funcionan así. Sería el mismo esquema, ni modo. Por otro lado, considero que sí se verá perjudicado porque un 30, 40 por ciento de sus ganancias vienen de la marihuana. Implicaría una reducción de sus ingresos. Pero nunca va a desaparecer, lamentablemente, porque hay actividades que no se pueden legalizar: el tráfico de personas, los secuestros. No es la varita mágica, pero ayuda a aminorar el problema. Las bandas se van a dedicar a otras drogas por años. Todas deberían ser reguladas, pero eso no está contemplado.
Otro reporte de la OEA de 2013 informa que la marihuana es una de las casi 400 drogas psicoactivas con las que opera el crimen organizado.
En conclusión: ya sea por un criterio farmacéutico, aunque se siga el modelo de Uruguay, donde el Estado adopta un rol activo poderoso en la producción y distribución, legalizar el cannabis en México no tendrá un impacto en el crimen organizado, pues su estructura está diversificada, en negocios ilegales o incluso legales, a través del lavado de dinero.
Quizá por esa razón ahora expresidentes mexicanos y de América Latina se inclinen por la legalización de una de las drogas más demandadas entre decenas, pues la confrontación no ha sido la solución. Ya se dieron cuenta de los estragos. “En años anteriores era impensable que a un presidente se le ocurriera hablar del tema, la presión de Estados Unidos era brutal. La política es así. En cuanto a Fox, su interés es legítimo, cuando sea legal. Así como él habrá decenas de interesados con capital que querrán entrarle, por ejemplo, las marcas de alcohol y tabaco”.
—¿Se legalizará, al principio, en algunos estados, como en Estados Unidos?
—A la larga tendrá que ser una legislación federal, pues hay acuerdos internacionales firmados en ese sentido. Depende de qué pase en Naciones Unidas, si a la larga los países deciden hacerlo. Si es así, un escenario posible es que cada estado decida. Yo me inclino por un esquema como el tabaco y alcohol, que es nacional. Si no, se contrabandeará el producto, lo que seguramente sucederá. Aunque para eso falta, ni siquiera veo cercano legalizar la planta. Así de mal estamos.