El gobierno de México indaga a policías federales y del estado de Guerrero para determinar si tienen alguna responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el pasado 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, confió a la agencia Reuters el fiscal especial para el caso, Alfredo Higuera.
“Han declarado elementos de todas las corporaciones, incluyendo en esto, naturalmente, elementos del orden federal”, comentó Higuera, quien asumió su cargo el pasado mes de junio, días después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportara severas fallas en la investigación oficial, entre ellas alteración de pruebas y tortura durante las detenciones.
El funcionario federal dijo a Reuters que han dado con hallazgos relevantes al cruzar información de cientos de llamadas de policías y otros funcionarios la noche del hecho, así como de detenidos y de los propios estudiantes.
“Esta es una investigación que rebasa cualquier situación, tanto por el número de víctimas como por el número de participantes”, dijo.
Higuera explicó que fueron recogidas cerca de 100 nuevas declaraciones entre julio y septiembre, de las cuales 39 son de policías ministeriales de Guerrero y 19 de policías federales que estarían involucrados en el caso.
“No es sólo llamarlos a declarar. Los hemos investigado en distintos aspectos, como su historial laboral, su foja de servicio, su modo de vivir y su situación financiera”, afirmó Higuera. No obstante, admitió que hasta ahora ninguno ha sido detenido.
El fiscal del caso Ayotzinapa dijo que también se está tratando de ubicar a una persona que en los teléfonos aparecía registrada como el “Caminante”, a quien unos 20 policías llamaron decenas de veces durante las horas en las que los estudiantes eran atacados y detenidos en las calles de Iguala, entre las 21:00 horas del 26 de septiembre y la 01:00 del día siguiente.
También indicó que la fiscalía ya analiza, entre otras líneas de investigación, si los jóvenes pudieron haber sido separados en grupos y llevados a distintos lugares. Refirió que para ello están utilizando una tecnología llamada LIDAR, utilizada en arqueología, para ubicar posibles fosas en un radio que abarca no solo Iguala y Cocula sino también municipios cercanos como Huitzuco y Tepecoacuilco.
Reuters menciona que uno de los abogados de los familiares de los jóvenes, Santiago Aguirre, reconoció que ha habido avances en la investigación sobre todo en el análisis de la tecnología y en llamar a declarar a más policías.
Sin embargo, el fiscal no promete prontos resultados de un caso ocurrido hace casi dos años y con un expediente de más de 200 tomos: “No podemos (…), por la naturaleza misma de un trabajo de investigación, el establecer un tiempo para la conclusión del tema”.
