El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su reconocimiento al presidente Enrique Peña Nieto por la decisión de devolver al Congreso con observaciones parciales, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la Ley 3de3.
“En el marco de la división de poderes, valoramos la sensibilidad del Jefe del Ejecutivo al escuchar la solicitud de diversas expresiones de la sociedad, entre ella los empresarios, a fin de que se revise la viabilidad y pertinencia del artículo 32 y se puedan hacer las correcciones necesarias para que el Sistema Nacional Anticorrupción en su conjunto sea operativo y eficaz”, manifestó el organismo empresarial.
El Consejo Empresarial refirió que en relación con la publicidad de las declaraciones de los servidores públicos a la que refiere el artículo 29, confía en que el Comité Coordinador que se integrará por ciudadanos, defina el esquema más eficaz para transparentar la información y asegurar la rendición de cuentas, siempre dentro del marco constitucional.
“Los empresarios tenemos claro que debemos ser parte de la solución al problema de la corrupción. Afirmamos que cualquier acto de corrupción por parte de un privado debe ser sancionado con todo el peso de la ley. En este sentido, coincidimos plenamente con quienes reclaman que la corrupción sea castigada con igual severidad tanto en el sector público como en el privado”, indicó el CCE.
El presidente Enrique Peña Nieto ejerció este jueves su derecho a veto sobre una parte de la ley anticorrupción al considerar que establece “excesivas” obligaciones a las empresas y sus trabajadores.
Los senadores y diputados aprobaron la semana pasada las siete leyes que dan vida al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción de México.
El artículo 32 de una de estas legislaciones, la Ley General de Responsabilidad Administrativas establece que cualquier empresa y sus trabajadores deberán presentar declaraciones patrimoniales y de intereses si ejerce recursos públicos o tiene cualquier tipo de contrato con gobiernos, lo que generó críticas del empresariado.
Expertos consultados por Newsweek en Español dijeron que este añadido a la Ley 3de3 que se hizo en el Senado tenía un tufo de revancha que solo afectaba a los sectores poblacionales de menores recursos.
“Esto es muy absurdo porque estamos creando un Sistema Nacional Anticorrupción para los que manejan poder y recursos, la ciudadanía tiene otras maneras de reportar. Yo creo que los senadores cometieron un gravísimo error en una lógica que no se entiende, que, por las declaraciones que han hecho algunos de ellos, tienen como un tono de revancha”, dijo Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana.
La noche de ayer, Humberto Castillejos, consejero jurídico del presidente, dijo en un mensaje a los medios que Peña Nieto “ha escuchado con atención las voces que argumentan que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones”.
Para el gobierno mexicano, “la presentación de las declaraciones de millones y millones de mexicanos que salen todos los días a ganarse la vida de forma honesta, en nada ayudaría a combatir la corrupción y en todo perjudicaría su vida privada y pondría en riesgo sus derechos humanos”, agregó Castillejos.
El presidente enviará a los legisladores su propuesta de “modificaciones” que “de ninguna manera disminuye la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a aquellos particulares que actúen de forma irregular ante el Estado”, expuso el consejero.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), gremio que reúne 36.000 empresas, festejó el veto parcial de Peña Nieto.
“El objetivo de este Sistema (Nacional Anticorrupción) es contar con un andamiaje que permita castigar el mal uso de los recursos públicos” y no entorpecerlo, indicó en un comunicado la Coparmex tras confiar en que la “corrección” de la ley se lleve a cabo a la brevedad posible.
La aprobación de las siete leyes anticorrupción fue precedida de una polémica generada por la sanción de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En su artículo 29, esta ley que llegó al Congreso a través de una pujante iniciativa ciudadana que recolectó más de 600.000 firmas, establecía el llamado “tres de tres”, es decir, que servidores públicos estarían obligados a presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses.
Pero los legisladores añadieron: “salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales” de los servidores públicos, lo que debilitó antes de su nacimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, según expertos.
