¿QUÉ PESA MÁS: el “derecho” de algunos ciudadanos a violar leyes, reglamentos o a discriminar? ¿O la obligación de las autoridades para señalar y sancionar esas violaciones? Para esto último, ¿es válido que los funcionarios exhiban, muestren y hasta “juzguen” —como dicen algunos— esas actitudes, al llamar a los infractores #VecinoGandalla”, #LadyCochina o #LordMeLaPelas?
Desde hace años, las empresas estadounidenses han estado bajo presión en China por dos motivos importantes. Primero, el país es un estado policial, donde el Partido Comunista sofoca la libertad de expresión y su colosal aparato de seguridad se asegura de que cualquier disidente o levantamiento popular sea aplastado de inmediato. Por consiguiente, las compañías tecnológicas son una amenaza para el gobierno, o bien, una herramienta potencialmente útil para los propósitos del régimen.
Ese es el debate de fondo a raíz de la actuación de Arne aus den Ruthen Haag, city manager de la delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, quien decidió, como parte de sus funciones, transmitir en vivo, vía Periscope, las infracciones que cometen algunos capitalinos.
La polémica surgió el pasado 16 de febrero cuando el funcionario delegacional, durante un operativo, ordenó el retiro de vehículos que estaban estacionados sobre la acera en avenida Paseo de la Reforma, cerca de la Fuente de Petróleos.
Las unidades eran de los guardaespaldas del empresario libanés Raúl Libien Santiago, director General Ejecutivo de Miled, un grupo con sede en Toluca, Estado de México, propietario de una revista semanal y de una cadena radiofónica del mismo nombre, así como de los periódicos ABC, El Mañana y El Vespertino.
Los escoltas lo obligaron a subir a uno de los vehículos, lo golpearon en el rostro y le quitaron el teléfono mediante el cual hacía la transmisión. La escena se pudo ver en tiempo real, por lo que originalmente se pensó que se trataba de un secuestro.
Más tarde todo se aclaró cuando Arne, acompañado por la jefa delegacional, Xóchitl Gálvez, acudió a presentar la denuncia correspondiente por lesiones y robo ante una oficina del Ministerio Público.
El hecho desató un debate en la sociedad sobre si al exhibir a los infractores se violaban sus derechos humanos. La delegada defendió el derecho de su colaborador para presentar en flagrancia a vecinos, restauranteros, conductores y escoltas abusivos, transgrediendo la ley.
“Pareciera que vivimos en la ley de la selva, sin facultades y sin instrumentos que nos permitan poner orden. Estoy convencida de respetar los derechos humanos, pero me queda claro que los vecinos también tienen que respetar el libre tránsito y una vida saludable. Ese es el equilibrio”, argumentó.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de la Ciudad de México respaldó a la funcionaria y se pronunció a favor de los operativos; incluso, pidieron más city managers para toda la capital.
Mediante un comunicado argumentó que el uso de Periscope por parte de Arne aus den Ruthen Haag “ha logrado hacer público y detestable lo que antes sucedía en lo oscuro, en el anonimato, que es campo fértil para la corrupción, para la manifestación de ‘poder’, de ‘influencias’, en pocas palabras, para aparición de capitalinos de ‘primera’ y de ‘segunda’”.
Y añadió: “Necesitamos ponerle rostro, nombre y apellido a aquellos que están afectando la ciudad, corrompiendo el pacto de convivencia y paz social”.
El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, dijo que están a favor de combatir el tráfico de influencias, por lo que reiteró su apoyo a la delegada. Mientras que el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, pidió a la Comisión de Derechos Humanos local “no ponerse del lado del infractor”.
Agregó que si la tecnología “nos permite captar la arbitrariedad y difundirla, pues qué mejor. Eso sirve para exhibir deformaciones sociales”. Pero la ombudsperson capitalina, Perla Gómez, no comparte esas opiniones.
Advirtió que las personas que son exhibidas en Periscope podrían ser víctimas de violencia en las redes sociales, por lo que pidió que se evite la difusión de su imagen con esta herramienta.
Incluso, informó que investiga tres quejas contra servidores públicos de la delegación Miguel Hidalgo por actos presuntamente violatorios “de los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la honra y la protección de la imagen”.
La Comisión reconoció que algunas de las conductas grabadas son reprochables y merecen sanción; sin embargo, advirtió que con la utilización de Periscope se expone a las personas a una “violencia innecesaria”, por lo que pidió a las autoridades que cancelen la publicidad de la imagen y de los datos personales de las personas agraviadas.
¿REGULACIÓN O CENSURA?
La polémica, a decir de Jacqueline L´Hoist, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), abrió un debate que no se ha dado en ninguna parte del mundo.
“Yo creo que en Miguel Hidalgo abrieron la puerta a un nuevo ejercicio que nunca habíamos tocado en la Ciudad de México, ni en el país, ni en el mundo. Se atrevieron a hacer algo de mucho valor. Ahora nos toca que no se nos salga de las manos”, expresó.
Con objeto de reglamentar la utilización de estas nuevas herramientas tecnológicas, se determinó crear un protocolo. En su redacción participan los diputados de la Asamblea Legislativa, el gobierno de la Ciudad de México y los jefes delegacionales, la Comisión de Derechos Humanos local, el Copred y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (InfoDF).
En un primer borrador se plantean cosas que me parecen absurdas; por ejemplo, que antes de difundir las imágenes “se debe solicitar la autorización de las personas” a las que se está señalando por cometer alguna infracción, y se exige a los funcionarios e instituciones “salvaguardar los contenidos para que no se haga mal uso de los mismos o se viralicen en redes sociales”.
Es una sinrazón pretender que alguien que viola leyes o reglamentos acepte que se publique el video donde se le cacha in fraganti, pero es peor exigir al funcionario que controle el comportamiento de ese material subido a las redes. Cuando eso ocurre, ya no le pertenece y la comunidad del ciberespacio se apropia de él y le da el manejo que quiere.
Hay, en cambio, elementos que me parecen rescatables dentro de estos primeros lineamientos: como restringir que los servidores públicos que usan estas herramientas, juzguen y condenen mediante un hashtag esas conductas, por más deleznables que sean.
Me parece que las imágenes y las reacciones verbales de los infractores hablan por sí solos y que resulta innecesario etiquetarlos como “gandallas” o “cochinos”, lo que además genera otras reacciones. Cuando Arne aus den Ruthen Haag fue cuestionado por su actuación, respondió con un tuit que luego bajó: “Ultimadamente me vale madres ser políticamente correcto”.
La propia Xóchitl Gálvez ha hecho propuestas que me parecen oportunas y perfectamente atendibles. Entre ellas, que el funcionario se identifique plenamente ante el ciudadano que incurre en una falta cívica; que le lea el reglamento o la ley donde se identifica esa conducta y las sanciones a las que es acreedor, y que se establezca el trabajo comunitario como una opción para reponer la falta.
DE FONDO, LA IMPUNIDAD
Cuando se exhibe públicamente a quien se apropia del espacio público; a quien con prepotencia presume “influencias” y se cree intocable; a la autoridad que viola las leyes que debe hacer cumplir; y a quien discrimina por razones económicas, sexuales o de raza, se genera una grata sensación de justicia.
Tras la risa o el enojo iniciales, lo que queda es cierta satisfacción porque se dio un paso en contra de ese cáncer que carcome nuestra convivencia diaria y que lleva por nombre impunidad.
Es cierto, cuando se capta y se difunde una imagen, lo que se pretende es que quien es exhibido sienta vergüenza por la infracción cometida. Y paralelamente se genera un repudio social hacia su persona y hacia su conducta.
Esto puede generar desviaciones: que el objetivo ya no sea el cumplimiento de la norma, sino la humillación del sancionado a la enésima potencia a través de las redes sociales.
¿Cómo alcanzar el equilibrio y permitir que herramientas como Periscope ayuden a combatir la impunidad? Aplicando las leyes y reglamentos. Cada conducta ilegal está tipificada en ellos y la autoridad está en obligación de aplicar las sanciones que corresponden a cada falta, a todos por igual y sin excepciones.
Sólo así alcanzaremos el tan anhelado Estado de derecho que, en términos simples y llanos, significa la posibilidad de vivir con civilidad, educación y armonía. Necesitamos, como ciudadanos, ser más conscientes y responsables de nuestro entorno y respetar los derechos de terceros.
Por desgracia, en tanto llegamos a ese estadio ideal, quizá tengamos que seguir recurriendo al escarnio y la publicación de los evidentes “gandallas” y “cochinos” a quienes lo son, y exhibiendo al #Lord y a la #Lady que reflejan lo peor de nosotros como sociedad.
