¿Qué tienen en común las mujeres de la comunidad de Paanama en Sri
Lanka, los pobladores de la comunidad Sawhoyamaxa en la región del Chaco de
Paraguay o los grupos indígenas Yonamami y Kayapo en Brasil? Su lucha por garantizar la legitimidad de sus
tierras y sus derechos sobre ellas.
En cada uno de los casos, detallados en el
informe “Common Ground: Securing Land Rights and Safeguarding the Earth”
(Interés común: Garantizar los derechos a la tierra y salvaguardar la Tierra),
los pobladores se enfrentaron a los despojos y la ocupación ilegal para
defenderse.
“Tuvimos que unirnos y ganar esta lucha
para conseguir justicia, no sólo por nosotras mismas, sino por nuestras hijas e
hijos y por las generaciones anteriores que nos dejaron la tierra a nosotras”,
afirma Rathnamali Kariyawasam, una mujer esrilanquesa que cultiva arroz y
procesa pescado.
Si bien algunas comunidades han alzado sus
voces para la defensa de sus territorios, cerca de 2 mil 500 millones de
personas están en riesgo de pobreza y hambre si no se acciona para proteger las
tierras indígenas y comunitarias, de acuerdo el reporte elaborado por la
Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land
Coalition, ILC), Oxfam y la Iniciativa para los Derechos y Recursos (Rights and
Resources Initiative, RRI, entre otras.
El documento citado detalla que actualmente
sólo el 10 por ciento, del más de 50 por ciento que les corresponde por derecho consuetudinario, está reconocido como propiedad
de pueblos indígenas y comunidades locales. Por lo que diversas organizaciones
internacionales hacen un llamado para pedir justicia social para compartir y
gestionar de manera eficiente los recursos del planeta.
Los organismos reconocen el papel que
desempeña la titularidad legal plena de los pueblos indígenas y las comunidades
locales sobre la tierra en la conservación de la diversidad cultural y en la
lucha contra la pobreza y el hambre, la inestabilidad política y el cambio
climático.
De ahí, la importancia de impulsar una
movilización sin precedentes de los millones de personas de pueblos indígenas,
instituciones, Gobiernos, empresas y de la ciudadanía mundial para que se
garanticen y se respeten los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y
las comunidades en las localidades.
Sin embargo, pese a que muchas personas son
conscientes de ello, sigue
habiendo un abismo de separación entre las intenciones y la realidad, a menudo
como consecuencia de los enormes desequilibrios de poder entre las grandes
empresas y los Gobiernos por un lado, y las comunidades locales y los pueblos
indígenas por el otro, cita el informe.
La
receta para los abusos de derechos, la pobreza y el acaparamiento de tierras
“Common Ground: Securing Land Rights and
Safeguarding the Earth” explica que hay una batalla abierta entre los intereses
comerciales y los derechos humanos, en la que las comunidades tienen que hacer
vales sus derechos permanentemente.
En la India, tras la aprobación de la ley
forestal de 2006, los bosques pasaron a ser un bien comunitario y no del
Estado. En países como Brasil, Indonesia y la India, las comunidades reciben
asistencia con los procedimientos (a menudo complejos) necesarios para obtener
los títulos de propiedad, todo con la finalidad de reducir la brecha entre el
10% de la tierra que tiene reconocimiento legal y el 50 por ciento que les pertenece por
derecho consuetudinario.
Sin embargo, diversos informes siguen
proporcionando información sobre los retos que tienen que enfrentarse los
pobladores en el camino por defender sus tierras.
La empresa de consultoría sobre inversiones
TMP Systems, cita el reporte, ha señalado que las empresas tropiezan con
conflictos relacionados con la tierra y sus pobladores, por ejemplo aprueban
proyectos de gran envergadura que abarcan tierras donde viven decenas de miles
de personas pueden ser aprobados por los directivos sin que la población local
sepa nada hasta que aparecen las máquinas excavadoras.
Por su parte, la Organización No
Gubernamental (ONG) Global Witness recopiló una creciente tendencia de
asesinatos de activistas defensores de los derechos a la tierra y del medio
ambiente. De acuerdo con sus cifras, desde de 2002 se han registrados cerca de
mil muertes documentadas, siendo Brasil, Honduras, Filipinas y Perú los países
más peligrosos en este sentido.
Otro estudio citado en el reporte que
abarca desde Guatemala a Afganistán revela que casi todos los conflictos
civiles alrededor del mundo desde 1990 tienen en su origen las disputas sobre
los derechos sobre la tierra.
De acuerdo con el informe, alrededor del
15% de la tierra del planeta está ahora “protegida” por leyes estatales; sin
embargo en muchos casos la ocupación de la tierra y la explotación de sus
recursos sigue siendo una constante en los pueblos.
En México, por ejemplo, la nueva política
en materia energética reivindica que la explotación petrolera es un “interés
social” que puede invalidar los derechos de la tierra.
En ese contexto, pese a que a cada vez se
conocen mejor los beneficios prácticos del reconocimiento y el cumplimiento de
los derechos a la tierra consuetudinarios y se plasman en pomposos acuerdos
internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de
París sobre el cambio climático (2015), en el terreno la acción todavía es
escasa.
A decir de la Relatora Especial de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria
Tauli-Corpuz: “Reconocer los derechos a la tierra de los pueblos indígenas y
las comunidades no sólo significa respetar los derechos humanos de cerca de 2
mil 500 millones de personas, sino también reducir los conflictos, luchar contra
el cambio climático y proteger y expandir los ecosistemas importantes y
frágiles de nuestra Madre Tierra.”