Hay palabras que se transforman, que adquieren un nuevo sentido, y cuando se les nombra traen a la memoria un pasado o un presente nada glorioso: Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, San Fernando… A esta lista nacional se han sumado dos vocablos de origen náhuatl: Tlatlaya (“Tierra que arde”) y Ayotzinapa (“Tortuga preñada cuatro veces”). Hoy estas palabras son sinónimos de ejecuciones extrajudiciales, desaparecidos e impunidad.
Las palabras Tlatlaya y Ayotzinapa también son el resumen de lo que ha sucedido durante los tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto en el tema de los derechos humanos.
México tiene una larga trayectoria en violaciones a los derechos humanos. El asesinato de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, en octubre de 1968; las desapariciones forzadas que comenzaron a registrarse desde finales de la década de 1960 y se agudizaron durante los años 1970; así como las represiones contra campesinos e indígenas en Guerrero y Chiapas, en la década de 1990, son sólo algunos capítulos de esta historia que tomó un nuevo giro a partir de diciembre de 2006.
Después de esa fecha, con la llamada “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón, el país comenzó a escuchar con más fuerza ciertas palabras: “desaparecidos”, “tortura”, “ejecuciones” y “desplazados”. Una de las herencias del sexenio de Calderón es la crisis en derechos humanos que vive México.
“A partir del sexenio de Enrique Peña Nieto hay una continuidad en esa crisis; incluso, podemos decir que se agudiza y se entra en un estado de negación de la realidad”, explica Humberto Guerrero, coordinador del área de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Guerrero no es el único que menciona las palabras “crisis”, “continuidad”, “negación”. Académicos y representantes de organizaciones civiles coinciden en que durante los tres años del actual gobierno se han intensificado las violaciones a los derechos humanos en México.
“Estamos enfrentando una crisis generalizada de impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos, junto con una política de negación y simulación”, destaca Luis Daniel Vázquez, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
La administración de Enrique Peña Nieto se ha caracterizado por “haber mantenido la crisis de derechos humanos; por no dar una respuesta adecuada, efectiva y oportuna a temas como los desaparecidos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y los desplazados”, apunta José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Rocío Culebro, directora del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, organización de sociedad civil, considera que se ha perdido la oportunidad de avanzar en materia de derechos humanos. “Este sexenio —subraya— se ha caracterizado por una pobreza en derechos, una alta impunidad y una gran corrupción. Hoy el gobierno está sumamente señalado por no garantizar el derecho a la vida, al debido proceso, a la reparación del daño y a la justicia”.
VIOLENCIAS INSTITUCIONALES
La crisis en derechos humanos que vive México tiene números y también escenarios.
En el país, de acuerdo con cifras proporcionadas por el propio gobierno, hay poco más de 26 000 personas desaparecidas. “En realidad no sabemos cuántas personas están desaparecidas porque no todos los casos han sido denunciados”, apunta José Antonio Guevara Bermúdez, director ejecutivo de la CMDPDH.
Varias regiones del país están marcadas por la desaparición de personas, pero el escenario que simboliza esta violación de derechos humanos es la ciudad de Iguala, donde la noche del 26 de septiembre del 2014 desaparecieron 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. Desde entonces, la palabra Ayotzinapa tiene un nuevo significado en el país.
AYOTZINAPA ES EL
MÁXIMO EXPONENTE de
la triple violencia que se
vive en el país: la violencia
institucional, la violencia
criminal y la violencia
represiva, que se aplica
contra quienes se oponen a
la violencia institucional. // ADOLFO VLADIMIR / CUARTOSCURO
Ayotzinapa —señala el académico José Luis Caballero— es el máximo exponente de la triple violencia que se vive en el país: la violencia institucional (que tiene que ver con la falta de justicia y la desigualdad), la violencia criminal y la violencia represiva que se aplica contra quienes se oponen a la violencia institucional. “Se ha creado un régimen brutal de violaciones a derechos humanos”.
Antes de Ayotzinapa, otra palabra ya se había sumado al catálogo de violaciones a los derechos humanos: Tlatlaya. En este municipio del Estado de México, el 30 de junio de 2014, militares mataron a veintidós personas, entre ellas una menor de edad de quince años, a quienes se les relacionaba con un grupo del narcotráfico. Meses después, gracias a una investigación periodística y al testimonio de un sobreviviente, se conoció que la mayoría de las veintidós personas se habían rendido; aun así fueron víctimas de una ejecución extrajudicial.
Tlatlaya no es el único escenario que simboliza las ejecuciones extrajudiciales. El 6 enero de 2015, policías federales dispararon contra civiles desarmados en Apatzingán, Michoacán, lo que dejó dieciséis muertos y varias familias desplazadas. Igual que en Tlatlaya, una investigación periodística mostró que se realizaron ejecuciones extrajudiciales y que el Ejército también participó.
Desde diciembre de 2006 hasta el 30 de octubre de 2014, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 57 recomendaciones contra diferentes dependencias por ejecuciones extrajudiciales; 56 de ellas fueron por hechos ocurridos durante el sexenio de Calderón; y sólo una por acciones realizadas durante los tres años de gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con datos proporcionados por la comisión a través de una solicitud de información.
“El Ejército no tiene una autorización legal para estar en las calles; al hacerlo está violando la Constitución. El artículo 21 señala que las tareas de seguridad pública se harán mediante instituciones de carácter civil. Por consiguiente, toda muerte que produce un militar en el ejercicio de sus funciones es una ejecución extrajudicial”, apunta el director ejecutivo de la CMDPDH.
Los números también muestran cómo la tortura ha tomado una nueva fuerza:
De diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) recibió 487 denuncias por tortura. Mientras que durante los primeros dos años de gobierno de Enrique Peña Nieto, de enero de 2013 a diciembre de 2014, se recibieron 3568 denuncias, de acuerdo con datos obtenidos por la CMDPDH a través de solicitudes de información.
Del total de denuncias presentadas entre 2013 y 2014, 1273 de ellas fueron en contra de militares.
Desapariciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. En los tres delitos, la impunidad es el común denominador. “No hay responsables ni políticos ni en el ámbito penal. Esa impunidad coloca el mejor escenario para que estas violaciones a los derechos humanos sigan cometiéndose”, considera José Antonio Guevara.
El abogado Humberto Guerrero reflexiona sobre lo que sucedió a partir de finales de la década de 1960 en México, con la llamada “guerra sucia”, y la actualidad. “Hay una línea de continuidad con el pasado: hay estructuras y cotos de poder que, desde entonces, quedaron intocables, como el Ejército, aunque no es el único”.
LOS OTROS DERECHOS VIOLENTADOS
México no sólo tiene una crisis en el tema de los derechos civiles y políticos —entre los que se encuentran el derecho a la vida—; académicos y representantes de organizaciones civiles coinciden en que el país presenta una situación crítica en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, entre los cuales están el derecho a la alimentación, a la vivienda digna, a la educación, a la salud, a la seguridad social, al trabajo y al agua.
De 2012 a 2014, de acuerdo con los datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), aumentó el número de personas que vive en la pobreza y hoy suman 55.3 millones. De ellos, 11.4 millones son los más pobres entre los pobres, ya que viven en pobreza extrema; es decir, no tienen garantizado ni siquiera su derecho a la alimentación.
Además, hay 8.5 millones de mexicanos en situación vulnerable, por lo que cualquier día, quizá por una enfermedad o por la falta de empleo, pueden entrar en las filas de la pobreza. Así que alrededor de 63.8 millones de personas, poco más de la mitad de la población del país, no tienen garantizados todos sus derechos.
“La marginación social, a final de cuentas, lleva a una violación de derechos humanos”, recuerda Humberto Guerrero, y apunta que las llamadas “reformas estructurales están privilegiando intereses privados, y eso agudiza la desigualdad y la marginación”.
Si en un mapa de México se marcaran aquellos lugares en donde existen conflictos provocados por proyectos mineros, energéticos (como los campos eólicos), construcción de presas o acueductos, expropiaciones, contaminación de fuentes de agua, autorizaciones gubernamentales para la siembra de transgénicos y explotación de recursos naturales, seguro que buena parte del país aparecería señalado.
La violación a los derechos humanos también ha provocado que existan 281 000 personas desplazadas, de acuerdo con la CMDPDH.
Los casos más recientes se registraron en octubre pasado, en comunidades rurales de Durango y Sinaloa, cuyos habitantes se vieron obligados a dejar sus casas por los operativos que realizaron diversas fuerzas de seguridad para reaprender a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien se fugó de la cárcel en julio pasado.
“No existe ninguna institución del Estado que esté atendiendo a las víctimas de desplazamiento”, apunta José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH.
El nivel de violencia que enfrentan los defensores de los derechos humanos es otra arista más de la crisis.
La CMDPDH puso en marcha la campaña “Haz que se vean”, para visibilizar la labor que realizan cuarenta defensores de derechos humanos que han recibido amenazas por su trabajo; incluso, algunos de ellos han sido desplazados.
Mientras, la CIDH cada vez recibe más solicitudes de México para proporcionar medidas cautelares a víctimas de violaciones a derechos humanos que han recibo algún tipo de amenaza a su integridad física. En 2011, por ejemplo, se recibieron 62 solicitudes; mientras, en 2014 el número se elevó a 93.
“Si no se asume la magnitud de la crisis, entonces las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal no pueden responder en forma efectiva a la realidad del país”, señala Humberto Guerrero, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
PARADOJA NACIONAL
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), creada para la observancia y defensa de los derechos humanos en el continente, la palabra México se menciona cada vez más. Y no es porque reciba halagos. Desde 2006 van en aumento el número de peticiones que llegan a este organismo internacional para que se investiguen violaciones a los derechos humanos cometidas en el país.
Si en 2006, la CIDH recibió 193 peticiones de ciudadanos mexicanos, seis años después el número fue poco más del doble: 431. Para 2013 se contabilizaron 660 peticiones. En 2014 el número bajó a 500, pero aun así no dejó de ser la cifra más alta del continente. Ese año, el país que le siguió a México fue Colombia, con 396 peticiones.
Los organismos internacionales —comenta Humberto Guerrero—, no sólo han detectado la crisis que vive México; “también han resaltado que esa crisis no tiene que ver con la falta de capacidades o de experiencia técnica, sino con falta de voluntad política”.
Guerrero explica que hasta hace unas décadas las recomendaciones que los organismos internacionales en derechos humanos hacían a México tenían que ver con la construcción de capacidades técnicas, en edificar el andamiaje institucional y legal para prevenir y sancionar violaciones a los derechos humanos: “Había una especie de voto de confianza para el Estado mexicano”.
Ahora, agrega, el mensaje que están dando los organismos internacionales es otro: México ya cuenta con el andamiaje legal e institucional, pero hay una brecha entre las leyes y la realidad.
A partir de la Reforma Constitucional en Derechos Humanos de 2011, México realizó una serie de acciones en el ámbito jurídico para elevar el tema de los derechos humanos.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto —explica José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana— se ha tomado la inercia de la reforma constitucional para colocar los derechos humanos en el discurso e impulsar algunas leyes. Sin embargo, “no se ha pasado de la regulación a la emancipación… Tenemos una crisis muy grave de derechos humanos, con una reforma constitucional de primer mundo”.
México ha firmado todos los tratados y ratificado la mayoría de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. “A escala internacional eso es lo que presume el gobierno, pero en el país no se aplican esas leyes. Hay un doble discurso”, dice Rocío Culebro, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia.
Después de realizar una visita a México, entre septiembre y octubre pasados, los representantes de la CIDH presentaron un mensaje en el que señalan que se constató “una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país”.
MANIFESTANTES QUEMAN
una bandera con la imagen
del presidente Peña a
lo largo de la avenida
Reforma, durante una
protesta que exigía justicia
en el caso de los 43
estudiantes desaparecidos
de Ayotzinapa, el 1 de
diciembre de 2014. // YURI CORTEZ / AFP
PALABRAS CON PESO
Hay palabras que tienen un peso especial, sobre todo cuando se habla de derechos humanos.
Existen tres categorías jurídicas para calificar la situación de derechos humanos en un país: “casos aislados”, “práctica generalizada” y “práctica sistemática”. Cuando se señala que una práctica es “generalizada” —como lo hizo la ONU en sus informes sobre México para los temas de desaparecidos y tortura— se apuntan que son violaciones a los derechos humanos que se realizan en forma constante en casi todo el territorio nacional.
Incluso, en octubre pasado, al finalizar su visita a México, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que la ciudad de Iguala, Guerrero, donde se desapareció a 43 estudiantes de Ayotzinapa, es “un microcosmos de los problemas crónicos que sustentan la incesante ola de violaciones de derechos humanos que tiene lugar a lo largo y ancho de México. De manera particular pone en relieve la prevalencia de la impunidad y el desdén por las víctimas que afecta a todo el país”.
Hay palabras que no gustan, que incomodan. Al gobierno de Enrique Peña Nieto el término “generalizada” no le ha gustado nada.
Desde finales de la década de 1990 y durante los dos sexenios panistas, explica el abogado Humberto Guerrero, por lo menos se dio un discurso de apertura al escrutinio internacional; “si bien en la práctica no se implementaban las recomendaciones, al menos no había una confrontación con los organismos internacionales. En el sexenio de Peña Nieto eso cambió: hay una negación de la crisis en derechos humanos, la cual va acompañada de una política de confrontación directa con los organismos internacionales”.
Hay varios momentos que muestran esta política de negación y confrontación. Uno de ellos se registró en marzo pasado, después de que el relator de las Naciones Unidas, Juan Méndez, presentó un informe en donde se señala que la tortura y los malos tratos “son generalizados en México”.
El embajador de México ante la ONU, Jorge Lomónaco, negó que la tortura fuera generalizada en el país, eso “no corresponde a la realidad”, y pidió que los informes de los relatores se sustentaran en la “realidad objetiva”.
Incluso, el entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), Juan Manuel Gómez Robledo, acusó al relator de la ONU de ser “poco profesional y ético”.
Entre octubre y noviembre de 2014, la Ciudad de México fue escenario de multitudinarias manifestaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.
La respuesta del gobierno federal a estas movilizaciones, señala Luis Daniel Vázquez, fue la presentación de un Decálogo de Seguridad. “No se reconoció que se tenía una crisis de Estado. Fue muy evidente la negación. Un decálogo sobre la política de seguridad es algo insuficiente y muy pequeño para la crisis que se vive”.
En el punto ocho de este decálogo se enlistaron las acciones en materia de derechos humanos, entre ellas la expedición de las Leyes Generales en Materia de Tortura y Desaparición Forzada; el fortalecimiento de protocoles para investigar casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial; la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y de un Sistema Nacional de Información Genética; la publicación del reglamento de la Ley General de Víctimas y la operación de un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
La mayoría de estas acciones no se han concretado.
VÍCTIMAS: ¿LA NUEVA OPOSICIÓN POLÍTICA?
Las consecuencias de perpetuar la crisis de derechos humanos se hacen cada vez más visibles. No sólo se alimenta el círculo vicioso que permite las desapariciones, la tortura o las ejecuciones extrajudiciales. También se “erosiona el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos, a la legalidad”, señala José Antonio Guevara.
Académicos y representantes de organizaciones civiles coinciden en que esta crisis debilita aún más a las instituciones: “puede aumentar la radicalización, el que veamos cada vez más casos de gente que quiere hacer justicia por su propia mano. La impunidad que se vive, la corrupción y la violación a los derechos humanos es un coctel que puede generar un colapso completo de la institucionalidad. En esa encrucijada nos encontramos”.
Esta crisis también ha puesto en el escenario político a un nuevo protagonista: las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
Para el académico Luis Daniel Vázquez, hoy el principal “sujeto político de oposición al gobierno es el movimiento de derechos humanos”.
El investigador explica que la oposición partidista está desaparecida, los sindicatos desdibujados y las comisiones de derechos humanos (tanto las estatales como la nacional) no son un contrapeso; “los principales golpes a la legitimidad del gobierno mexicano han venido del movimiento de derechos humanos”.
Para el director ejecutivo de la CMDPDH, José Antonio Guevara, el trabajo del movimiento de derechos humanos no debería ser visto como una “oposición política; el trabajo cotidiano de las organizaciones civiles, no puede ser leído así… No pueden leer nuestro trabajo como un enfrentamiento al gobierno o al presidente. Lo que estamos pidiendo es que el presidente Peña Nieto haga su trabajo, que es garantizar los derechos humanos”.
Humberto Guerrero, de la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señala que el movimiento de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en especial los colectivos de familiares de personas desaparecidas, sí son un contrapeso al gobierno de Peña Nieto: “Los pocos espacios que se han logrado generar para incidir o generar cambios han venido del movimiento de víctimas y de organizaciones de la sociedad civil, a partir de casos emblemáticos”.
En lo que sí coinciden los representantes de organizaciones civiles y académicos es que la solución a la crisis de derechos humanos que se vive en México no se mira cercana.
Los especialistas señalan que el camino para salir de esta crisis nacional está en el fortalecimiento del movimiento de víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, en la presión ciudadana y en el acompañamiento de las organizaciones internacionales.
Y es que, quienes están en búsqueda de una solución para esta crisis, dice el investigador Luis Daniel Vázquez, son las víctimas de violaciones a los derechos humanos —sobre todo los colectivos de familiares de desaparecidos— y las organizaciones civiles. “El movimiento de defensa de los derechos humanos está apuntando a romper la crisis de la impunidad en las violaciones a derechos humanos, al recurrir a los organismos internacionales”.
El acompañamiento internacional —apunta Vázquez— tiene que ser eso: acompañar a las instituciones locales y fortalecerlas; no suplirlas ni hacer lo que las instituciones no hacen.
El primer paso, mencionan, ya se dio con el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la CIDH, el cual se conformó para aportar asistencia técnica a la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiante de Ayotzinapa y que presentó su informe en septiembre pasado.
Lo que evidenció el trabajo del GIEI es que en México, explica Humberto Guerrero, “se están haciendo mal los procesos de investigación, los cuales son relevantes para contrarrestar la impunidad”. El trabajo que ha realizado el GIEI, añade, es “fundamental, porque a partir de un caso develó las grandes carencias, vicios y corrupción que hay alrededor del sistema”.
El investigador Luis Daniel Vázquez también resalta que en el Informe sobre Ayotzinapa del GIEI se ofrecen “algunas luces de cómo se podrían mejorar las capacidades en tres de las obligaciones principales para combatir las violaciones a derechos humanos: la investigación, la sanción y la reparación para las víctimas”.
El ejemplo del GIEI podría servir para replicarse en algo más grande, dice Humberto Guerrero. La meta, subraya, tendría que ser el empezar a romper la impunidad al sancionar a funcionarios por las violaciones a derechos humanos.
Hay varios ejemplos de naciones que, para salir de una crisis interna, han solicitado ayuda a organismos internacionales. Guatemala lo hizo para enfrentar la impunidad y la corrupción. En Camboya se creó un tribunal mixto, con participación de la comunidad internacional, para juzgar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos —entre ellas miles de desapariciones— durante el régimen de Pol Pot. En Sierra Leona también se creó un tribunal especial para investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos cometidos en la década de 1990.
En su reciente visita a México, Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puso el ofrecimiento de la ayuda internacional sobre la mesa. Ignorar lo que está sucediendo en el país, señaló, no es una opción “para nosotros y no debe ser una opción para los políticos que la población mexicana ha elegido y los representantes del Estado cuya responsabilidad es proteger a los ciudadanos de este país, así como a los migrantes y refugiados en su territorio”.
El alto comisionado de las Naciones Unidas señaló que el país debería fortalecer las procuradurías para asegurarse de que las violaciones a los derechos humanos serán investigadas; fortalecer la capacidad de la policía para que realice sus funciones en el marco de los derechos humanos; adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad publica e implementar las recomendaciones del GIEI y “considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves”.
La CIDH también ha ofrecido al gobierno mexicano su ayuda. En octubre pasado, este organismo expresó su “voluntad de colaborar con el Estado en la búsqueda de soluciones que protejan los derechos fundamentales y cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Enrique Peña Nieto —señala Rocío Culebro, del Instituto de Derechos Humanos y Democracia— tendría que evaluar con seriedad sus primeros tres años de gobierno, “en los próximos tres años tendría que existir voluntad política y solicitar la ayuda de las instancias internacionales especializadas”.
De no ser así, si no se da ningún cambio, si se sigue perpetuando y negando las violaciones a los derechos humanos, seguirán escuchándose palabras como “desaparecidos”, “tortura”, “ejecuciones extrajudiciales”, “desplazados”, “impunidad”. Y otras tantas palabras, como sucedió con Tlatlaya y Ayotzinapa, cambiarán su sentido.
