Analistas del sector coinciden que el Plan Nacional de
Infraestructura fue planeado bajo condiciones muy diferentes a las que ahora se
viven, pero que de origen no tenía congruencia.
Y es que en la presentación del Plan Nacional de
Infraestructura, el Presidente Enrique Peña Nieto afirmó: “a mayor y mejor
infraestructura, hay más oportunidades de atraer inversiones, generar empleo y
mejorar el ingreso de las familias”, y añadió que la zona sur-sureste sería la
que tendría la mayor prioridad del Plan Nacional de Infraestructura (PNI), por
ser la región “que más lo necesita”.
Se plantearon entonces la construcción de trenes de
pasajeros, acceso a internet de alta velocidad, pozos petroleros de aguas
profundas, infraestructura para la extracción de gas shale, plantas
hidroeléctricas que aseguraran el agua destinada a consumo humano y riego, así
como protección contra inundaciones, gasoductos, infraestructura en salud, y
viviendas. Esto es, 743 programas y proyectos de inversión, en el que seis de
cada 10 pesos los pondría el Estado, el resto sería de inversión privada.
Para el doctor Marcelo Delajara, director de Crecimiento
Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el
actuar del Gobierno federal demuestra poca congruencia con lo que anunció “con
mucha fanfarria”: su Plan Nacional de Infraestructura 2014-2018, “que preveía
inversiones multimillonarias durante ese periodo de tiempo, en el que incluso
estaban las obras detalladas una por una, pero que, por lo que se observó con la cancelación del Tren a
Querétaro es que ese Plan venía, de origen, con fundamentos débiles”.
Sin duda, continúa Delajara, hay poca congruencia en el
tiempo de un mismo gobierno en términos de lo que promete y lo que hace. Y si
bien es cierto que la caída en los precios del petróleo fue inesperada, el PNI
está en entredicho por causas internas e incluso por escándalos de corrupción
y, mínimo, debería haber un pronunciamiento del gobierno en el que informe en
qué quedó.
En esto coincide Edna Jaime, directora de México Evalúa,
quien destaca que hoy la confianza en el país está erosionada porque cada
licitación se acompaña de escándalos por conflictos de interés, al grado que la
nueva Ley de Obras Públicas, que está ahora en discusión en el Senado de la
República, es llamada ya “Ley casa blanca”.
La inversión en infraestructura es también un motor de
desarrollo social, al ser una fuente importante en la generación de empleo.
Como lo indicó en entrevista para el portal SinEmbargo
el investigador Julio Boltvinik Kalinka, una política de crecimiento económico
es una política para mejorar e incluye la forma en cómo se puede combatir la
pobreza. Sin embargo, en este caso y de acuerdo con la apreciación de la
doctora María Fonseca Paredes, la infraestructura no coincide con ese
argumento: se ha frenado por la baja producción de las empresas y esto se traduce
también en menos empleos y salarios más bajos.
El Gobierno federal estimó que de 2014 a 2018, el
crecimiento económico se ubicaría entre 3.5 y 3.8 por ciento anuales, pero con
la implementación de las reformas y del PNI se ubicaría en 4, 4.8, 5.1, 5.4 y
5.5 por ciento, también para cada año. La realidad es que el pasado agosto, la
Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) estimó que la economía crecerá
este año entre 1.7 y 2.5 por ciento, la cuarta reducción a la baja que hace en
2015. En tanto, mantuvo la previsión para 2016 a un rango de 2.5 a 3.5 por
ciento.
Analistas de la calificadora Moody’s también se han
pronunciado al respecto y sitúan un crecimiento para el país de 2.3 por ciento
para la economía mexicana para este año y entre 2.5 a 3 por ciento para 2016.
Incluso sostienen que, a este ritmo, un crecimiento de 3 por ciento podría
alcanzarse hasta finales de la década.
Pasaría lo mismo con la Reforma Energética, de la que se
verían resultados en mediano plazo; es decir, más o menos a finales del sexenio
actual.
Alertaron que la posible caída de los convenios y otras
transferencias, comúnmente utilizadas para financiar proyectos de
infraestructura, que están programadas para disminuir 23.58 por ciento respecto
al monto aprobado en 2015, puede llevar a un aumento en el endeudamiento, dado
que los estados pudieran optar por financiar proyectos de infraestructura
planeados a través de deuda.
LA CORRUPCIÓN, UN OBSTÁCULO
El principal objetivo del Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018, de acuerdo con l Tercer Informe de Gobierno, es llevar a México a su
máximo potencial, es convertirlo en una nación más próspera y equitativa.
“Con la puesta en acción de las seis Reformas
Transformadoras en materia económica, el país cuenta con mejores condiciones
estructurales para alcanzar un crecimiento más elevado, sostenido, sustentable
e incluyente, que facilite el desarrollo y el bienestar de la población”,
asegura el documento.
Y así lo afirmó también el Presidente durante su mensaje a
la Nación, en el que se debe perseverar en la implementación de la reformas
–que seguirán siendo prioridad– para beneficiar a las familias mexicanas.
Dijo que concluirán las grandes obras de infraestructura que
tienen proyectas o que ya están en construcción y “continuaremos edificando
sobre las bases que hemos cimentado en la primera mitad de esta administración”
transformando las instituciones y las políticas, así como cambiando las
situaciones cotidianas de inseguridad, injusticia y corrupción.
Para organizaciones civiles, el escenario con menos obra
pública, aunado a débiles mecanismos de transparencia, puede profundizar la
percepción de corrupción que rodea al Gobierno federal.
“La confianza está erosionada porque cada obra pública
importante está acompañada de un escándalo”, destacó Edna Jaime, directora de
México Evalúa, al respecto de la Ley de Obras Públicas que está por votarse en
el Senado de la República, y que especialistas han bautizado como “Ley casa
blanca” o “Ley OHL”.
En el mismo sentido, Eduardo Bohorquez, director de
Transparencia Mexicana, alertó que dado que el gasto público se irá reduciendo,
las condiciones de competencia al rededor de los contratos podrían ser también
más delicadas.
“No habrá más competencia, necesariamente, pero sí puede
haber una competencia desleal que siempre incorpora a la corrupción. Menos
recursos significan menos proyectos, y más jugadores que buscarán atajos para
obtenerlos. Preocupa que el próximo año se tenga un presupuesto acotado y que
quienes quieran encontrar la ruta fácil de la corrupción logren hacerlo de
manera legal. La corrupción puede legalizarse en México a través de
instrumentos como éste”, expuso.
En abril de 2014, Peña Nieto sostuvo que la infraestructura
actual era insuficiente; 2015 fue un año de recortes presupuestales y de
perspectivas de crecimiento corregidas continuamente a la baja. Para 2016,
estas tendencias continúan y las principales reformas parecen no avanzar.
LO QUE SERÍA EL PNI
Según el Statistical Review of World Energy, en 2013, México
ocupó el lugar 6 a nivel mundial en producción de petróleo crudo y el 14 en
producción de gas natural. El objetivo del PNI en este ámbito, era el de
asegurar el desarrollo óptimo de la infraestructura para contar con energía
suficiente, con calidad y a precios competitivos.
Para este sector se planearon 93 proyectos como centrales
eólicas, gasoductos, subestaciones eléctricas, redes y líneas de transmisión,
construcción y remodelación de plantas, terminales de almacenamiento, ductos,
etcétera.
El financiamiento sería a través de la instrumentación de la
reforma energética “será posible atraer inversiones complementarias que
permitirán mantener el superávit energético”.
“El aumento en la inversión estará logrado tanto al
incremento del PIB generado por el efecto combinado de las distintas reformas
estructurales en proceso de instrumentación
y por las oportunidades de negocios que se abren bajo el nuevo marco
legal y regulatorio del sector energético en nuestro país”, puede leerse en el
documento que desglosa el PNI.
Se preveían entonces hasta 20 000 millones de dólares
anuales de 2015 a 2018 a partir de la Reforma.
Sin embargo, la realidad ha sido diferente. La energética,
en la que más se han invertido esfuerzos, tuvo un primer descalabro el pasado
15 de julio, al adjudicar solo 2 de los 14 bloques de exploración y extracción
de hidrocarburos. La empresa que los ganó, el consorcio integrado por Sierra
Oil & Gas S. De R.L. de C.V., Talos Energy LLC y Premier Oil PLC, fue
creada apenas en 2014, “es la primera empresa mexicana independiente de
petróleo y gas”– según la descripción de su página de Internet– y recibió
recursos por 75 millones de dólares de Infraestructura Institucional, entonces
propiedad de Jerónimo Gerard Rivero, cuñado del ex Presidente mexicano Carlos
Salinas de Gortari.
La Ronda Uno fue, o es, el primer paso histórico para abrir
los hidrocarburos al capital privado, luego de décadas de férreo control
estatal. Representa, además, la consolidación de la Reforma Energética, parte
del paquete de “cambios estructurales” promovidos por el Presidente Enrique
Peña Nieto.
(Con información de SinEmbargo)