Roxana Baldetti, hasta hace poco vicepresidenta de Guatemala, en una audiencia en la corte el pasado 24 de agosto después de ser arrestada por cargos de corrupción. Guatemala enfrenta una crisis política inédita en su historia reciente desatada por la vinculación del presidente Otto Pérez y su exvicepresidenta, en prisión preventiva, con una red que orquestó un fraude multimillonario en las aduanas. La estructura, conocida como “La Línea”, fue revelada el pasado 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, un ente adscrito a la ONU.
El fraude se destapó tras un año de investigación luego de registrarse indicios de contrabando de importadores y tramitadores aduaneros en la Superintendencia de Administración Tributaria, el ente recaudador de impuestos. El Congreso guatemalteco reconoció el pedido de la fiscalía para levantar la inmunidad de Otto Pérez luego de que la Corte Suprema de Justicia autorizó evaluar si existen indicios para ello. El repudio contra el presidente es prácticamente generalizado. Académicos, universitarios, activistas de derechos humanos, organizaciones indígenas, iglesias, campesinos y empresarios exigen su renuncia.