Ayer en la Ciudad de Guatemala la gente salió a las calles a protestar. Académicos, universitarios, activistas de derechos humanos, organizaciones indígenas, iglesias, campesinos y empresarios. Todos cargando banderas de su país o pancartas. Cientos, tal vez miles de negocios no abrieron sus puertas, en las que se leía la leyenda “#YoEstoyPorGuate”. El pueblo guatemalteco había declarado paro nacional.

“La corrupción nos está quitando la vida”, leía una de las pancartas que portaban los manifestantes durante la marcha que salió de la sede central de la estatal Universidad de San Carlos (USAC), en la periferia sur de la capital, hacia el centro histórico, donde luego se uniría a la de otros manifestantes.

Entre el ensordecedor ruido de trompetas de plástico y bandas musicales mezclado con el estallido de petardos, la catedrática Miriam Flores, de la USAC explicó “El presidente debe renunciar ante el clamor del pueblo”.

Guatemala enfrenta una crisis política inédita en su historia reciente, desatada por la vinculación del presidente Otto Pérez y su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se encuentra en prisión preventiva, con una red que orquestó un fraude multimillonario en las aduanas.

La Línea

La red, denominada “La Línea” cobraba sobornos en las aduanas nacionales y fue descubierta el 16 de abril por la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente adscrito a la ONU.

Hasta el momento han sido detenidas unas 30 personas, incluidos altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el ente recaudador de impuestos, además de Baldetti, sospechosa de beneficiarse de los sobornos y consentir la operación dirigida por su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, actualmente prófugo.

En “La Línea”, intermediarios facilitaban a los importadores un número de teléfono que servía para enlazar con una estructura de funcionarios de las aduanas que permitían la evasión de impuestos mediante el cobro de sobornos.

Esta red luego se encargaría de alterar documentos de importación. Para operar sin obstáculos, promovían la remoción de empleados gubernamentales.

El presidente Otto Pérez es, de acuerdo con los peritajes, uno de los líderes de la banda de defraudación aduanera. Según una denuncia en su contra, Pérez y Baldetti daban las órdenes para poner a personas que les permitieran tener el control total de la SAT, beneficiándose de los sobornos.

En grabaciones telefónicas se hacen alusiones a personajes como el “1 y la 2”, el “mero mero” (jefe máximo), la “mera mera” (jefa máxima) y “el dueño de la finca”, que según la fiscalía hacen referencia al gobernante y a la entonces vicepresidenta.

En las últimas horas de protesta, la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la Contraloría General de Cuentas se sumaron al clamor de la calle en favor de la renuncia de Pérez.

Baldetti a prisión

La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció al cargo recibió este miércoles un duro golpe cuando un juez ordenó su prisión preventiva en una cárcel común, al considerar que existen pruebas de su participación en el esquema de fraude fiscal.

El juez Miguel Ángel Gálvez explicó que la decisión se debe a la posibilidad de obstaculizar a la justicia y el peligro de fuga de Baldetti, quien tiene también ciudadanía italiana.

Al finalizar la audiencia judicial, Baldetti dijo a la prensa y bajo custodia policial que ni ella ni el presidente estaban involucrados en el fraude fiscal que se les imputa.

Además, pidió a su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, prófugo y señalado en las investigaciones como el operador de la estafa en las aduanas, que “se entregue para aclarar la situación”.

Según la investigación, los posibles delitos en que incurrió la exfuncionaria son asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera.

Gálvez ordenó recluir a la ex vicepresidenta en la cárcel común de Santa Teresa, en la periferia norte de la capital, y que la retiraran del cuartel militar Matamoros, donde se halla actualmente detenida. El juez concedió tres días a las autoridades del Sistema Penitenciario para habilitar un espacio en la cárcel de mujeres que garantice la vida de la exfuncionaria, pero el encarcelamiento del presidente es más complejo.

“Otto, la cárcel te espera”

Una de las pancartas en la marcha del jueves en la Ciudad de Guatemala leía “Otto, la cárcel te espera”, sin embargo el presidente posee inmunidad que podría exentarlo de enfrentar a la justicia.

Con tono enérgico y negando su participación en la estafa al fisco, Pérez aseguró el domingo en un mensaje a la población que no renunciará al cargo y que “dará la cara” para enfrentar a la justicia, aunque lleva cinco días sin aparecer en público.

“Les afirmo que no renunciaré y que con toda entereza enfrentaré y me sujetaré a los procesos que en ley correspondan”, afirmó en una grabación transmitida por algunas estaciones de radio y canales de televisión.

Ante la postura del presidente, la Procuraduría General de la Nación, recomendó el miércoles a Pérez que renuncie para evitar así que el país entre en un período de inestabilidad política por el descontento popular.

La PGN “recomienda al señor presidente constitucional de la República de Guatemala presentar su renuncia al cargo con el fin de evitar la ingobernabilidad que traiga como consecuencia la inestabilidad de la Nación”, señaló en un comunicado la Procuraduría, entidad que actúa como representante legal del Estado en temas jurídicos y administrativos.

A la petición se adhirió la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, ente fiscalizador del gasto público, al señalar que “en aras de mantener la paz social” y evitar “consecuencias insospechables”, el presidente debe renunciar al cargo. Posteriormente, autorizó a sus funcionarios a participar en una marcha contra la corrupción.

Pérez se encuentra en una encrucijada legal luego de que la Corte Suprema de Justicia aceptó iniciar, a solicitud de la Fiscalía y la CICIG, el trámite parlamentario para quitarle la inmunidad al mandatario y así poder ser sometido a la justicia.

La corte Suprema de Justicia el martes autorizó al Congreso a formar una comisión, que comenzó labores el jueves, para analizar si le retira la inmunidad para que sea investigado penalmente.

El fraude en las aduanas, junto a otros casos de corrupción, mantiene al gobierno en una crisis institucional que aumentó la desconfianza de la población en la clase política Algunos sectores han llamado a aplazar las elecciones generales del próximo 6 de septiembre para aprobar cambios legislativos que eviten futuros casos de corrupción.

(Con información de AFP)