¿Qué se siente ser un hombre libre tras nueve meses de cárcel? El periodista maya Pedro Canché elige en su respuesta tres imágenes de su primer semana fuera de la celda: “Me acerco al piso a ver cómo caminan las hormigas, observo las hojas de los árboles y si un árbol me gusta quiero abrazarlo”, se ríe.
Una cámara de la Deutsche Welle ha viajado 9741 kilómetros de Berlín al Distrito Federal para entender este suceso insólito a los ojos de una región desarrollada del planeta: en pleno siglo XXI, en un país en teoría democrático, un reportero fue encarcelado por denunciar a un gobernador. De saco negro, camisa naranja y corbata rosa, como si con ese estallido de color festejara la libertad, esta mañana Canché explica su proceso penal a la documentalista de la TV alemana Carolina Machhaus. De pronto, señala un rincón de esta sala en la colonia Condesa: ahí está, dice, la gran culpable de que él, un humilde reportero de Felipe Carrillo Puerto —pequeña ciudad del sureste de México—, derrotara en tribunales al rabioso aparato del gobierno de Quintana Roo que lo hundía tras las rejas.
Cuando es aludida, Araceli Andrade apenas alza la mirada: la abogada de 41 años revisa correos en su celular, contesta mensajes y acuerda entrevistas que a su cliente le piden medios extranjeros, como la emisora holandesa Radio Nederland Wereldomroep que espera su turno en este lugar, las oficinas del organismo Artículo 19 que protege a periodistas amenazados como Pedro.
La entrevista acaba y Araceli se levanta: la mujer de poco más de 1.50 metros, desde hace diez años abogada de Lydia Cacho y otros periodistas que sufren abusos, sonríe. Y es que hoy suma una victoria: derrotó a Roberto Borge, el gobernador quintanarroense que buscó eliminar a su defendido, Pedro, liberado el 29 de mayo: “En este país hay que defender con uñas y dientes la libertad de expresión”, lanza Araceli como un grito de guerra.
CADÁVERES Y NECROPSIAS
El inmenso patio era un campo de batalla. Las multitudes de alumnos del Centro Escolar Niños Héroes corrían, se empujaban, chocaban, y el recreo dejaba caídos en combate: los más pequeños. Alumna de quinto de primaria, Araceli se cansó de ver lesionados en su escuela poblana y tocó a la puerta de la directora, Alicia León: “¿Y si separamos el patio en dos, para chicos y grandes? —sugirió la niña—. Los grandes podemos hacer rondines para cuidar a los chicos”. Idea aprobada: al patio le nació una frontera y se fundó la “guardia estudiantil” que hoy, luego de treinta años, asegura la paz del plantel. “Como ves, desde los diez años quería ser abogada”, se carcajea Araceli, a quien aquellas tardes de la década de 1980, de regreso en casa, la ilusión de justicia no la soltaba: “Mi madre sufrió a mi padre: no era proveedor, ni respetuoso, ni buen hombre. Nada que ella mereciera”.
Aunque la realidad la empujaba a ser abogada, la familia no. Araceli, su madre concertista, y Rafael, su papá, baterista de la banda Vía Láctea, para irla moldeando como músico profesional la metieron al Conservatorio de Puebla. En cuanto podía, la pequeña abandonaba las rigurosas clases de piano y cruzaba al Paseo Bravo: “Me iba de pinta a los juegos de enfrente”.
Cuando a los dieciocho años entró en la carrera de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Araceli tenía la seguridad de que, con sus papás molestos porque no optó por el arte, debería arreglárselas para pagar la carrera. Lavó platos en una cocina económica, vendió instrumentos en el Centro Musical Olmedo y atendió una purificadora de agua en días en que brotaba su vocación, el Derecho Penal, al que se introdujo con prácticas en la Procuraduría estatal: “Aunque tratara con delincuentes, viera cadáveres, necropsias o sangre, no tenía pesadillas ni me espantaba. Pero ese tentador mundo agreste se alejó por un tiempo: el Sistema de Administración Tributaria en Quintana Roo le ofreció hace una década ser abogada fiscalista: los impuestos amenazaban destruir la veta humanitaria de la mujer que se volvería la gran abogada de periodistas amenazados en México, el país más peligroso de América —según Reporteros sin Fronteras— para ejercer ese oficio.
DENGUE HEMORRÁGICO
Por millones, los mosquitos Aedes aegypti avanzaron sobre la selva tropical, las lagunas, los manglares y las marismas de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, y se posaron en la ciudad vecina Felipe Carrillo Puerto. Ahí no hubo piedad: en casas, parques, escuelas, calles, picaron en masa a los pobladores.
Si bien en el invierno de 2013 el virus de la fiebre del dengue corría en el torrente sanguíneo de cientos personas, el mal se mantuvo sigiloso en los medios de comunicación. Hasta que llegó un exeditor de revistas devenido periodista independiente, Pedro Canché: tras investigar, en su página web (http://pedro-Canché-herrera.webnode.mx) el reportero denunció que en el estado había 882 casos de dengue, cuatrocientos de ellos del severo tipo hemorrágico y “un número indeterminado de muertos a causa esta pandemia”. Entre los seis muertos de su ciudad, informó, estaban su tía y su prima: Rosa Kooch y su hija, Wendy Herrera. En una nota del 7 de noviembre —donde reconstruyó las historias de ambas desde su infección hasta su deceso— presentó un registro de la falta de equipo hospitalario, las recetas médicas incorrectas, la falta de presupuesto para fumigación y reclamó al gobernador, Roberto Borge, y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades no atreverse a declarar “emergencia médica” una crisis que aniquilaba la salud de cientos de indígenas mayas.
Pero la bomba quizá fue otra. Canché arrojó un desafío al poder al exigir al mandatario quintanarroense un encuentro cara a cara en la emisora local XHRTO 100.5 FM: “Estoy retando a debatir el tema del dengue al gobernador (…) a quien hago responsable de las muertes”.
La venganza del gobierno, sin embargo, se archivó durante un año. El 16, 17 y 18 de agosto pasados, Canché cubrió con su cámara un plantón popular en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado local. La indignación se encendía porque en una zona del país abatida por la sequía y la pobreza las tarifas subirían de 60 pesos bimensuales a entre 200 y 500.
Cerca de la medianoche del 19 de agosto, elementos de la Policía Municipal y de la Subprocuraduría de Justicia del Estado (varios con rostro cubierto) llegaron a desalojar a unos treinta manifestantes que cerraban las oficinas desde hacía nueve días. No hubo diálogo: los policías con equipo antimotines atacaron a los pobladores y recobraron las instalaciones. La ocupación y el choque posterior, que dejó lesionados y cerca de veinte detenidos por los probables delitos de “ultrajes a la autoridad y motín”, fue grabado y divulgado en internet por Canché.
Y entonces la venganza salió del cajón.
MILLONARIO MUY PELADO
“Odiaba ser fiscalista”, admite Araceli, quien una mañana de 2005 al salir de su nueva casa, en Cancún, vio un recado de Clara, su vecina: “Lydia Cacho busca una abogada. Preséntate en su oficina”. Condujo a la calle 12 Poniente y entró en el Centro Integral de Atención a la Mujer y sus Hijos (CIAM) que dirigía la periodista. Les urgía alguien con sensibilidad para ayudar a un niño de nueve años violado por su padre: había una diligencia al día siguiente.
Una de esas mañanas de 2005 el CIAM se alistaba para una posada, cuando Araceli oyó desde su oficina la alarma de la camioneta de Lydia. Es decir, se estaba activando uno de los protocolos de seguridad para estar en guardia “lo mismo ante la amenaza de un narco que si un carnicero saca un machete”.
Pasaron segundos y oyó pasos acelerados. Berenice, una compañera, subía corriendo a darle aviso: “Están secuestrando a Lydia, ayúdame”.
Araceli abordó un auto y siguió la camioneta donde su jefa acababa de ser metida a la fuerza. Segundos después sonó su celular. Era Tonatiuh, escolta de Cacho: “No es un secuestro; es una orden de aprehensión”, aclaró.
Ya en la Procuraduría, Ana Morales, amiga y asesora de la periodista, avisó a Araceli: “Se van a llevar a Lydia a Puebla, donde una persona la denunció por calumnias y difamación”. Un textilero de ese estado negaba haber protegido al empresario cancunense y pederasta Jean Succar Kuri, como señalaba el libro Los demonios del edén, escrito por Lydia Cacho.
“¿Él cómo se llama?”, preguntó Araceli. “Kamel Nacif”, respondió Ana.
“Escuché Kamel y se me vino el mundo encima”, confiesa Araceli.
—¿Por?
—Kamel, quien había pagado el operativo de once personas fuera del CIAM, era un hombre que yo conocía desde niña. Mi tío Héctor Anaya (esposo de la hermana de mi mamá) era su prestanombres y contador desde hacía años. Mi hermano viajaba con mis primos en el jet de Kamel. Crecí sabiendo que era un millonario muy pelado. Al oír “Kamel” esperé lo peor y no me equivoqué. Dije: “Esto no será sencillo, aquí hay un mafioso poderoso y peligroso”.
Al día siguiente, Lydia fue llevada a un cuarto en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. Custodiada por un judicial, le dieron un colchón ensangrentado y con orines.
Araceli vio a Lydia como una víctima inminente y se puso a trabajar. Lo primero fue exigir que la periodista no fuera torturada y juntó 70 000 pesos para una caución con la que fue liberada al otro día, el sábado 3 de diciembre de 2005. Tiempo después, sacó el caso de Puebla (pues ahí Kamel era muy poderoso) y lo atrajo a Quintana Roo, donde Lydia quedó libre de los cargos. Araceli, además, defendió a cuatro víctimas de Succar, quien el año pasado recibió, tras un trabajo conjunto de la abogada con el despacho Olea & Olea, una sentencia de 112 años de cárcel por pederastia.
La mujer que en 2005 era una anónima fiscalista del gobierno se volvió así protagonista del litigio del “góber precioso”, el más célebre que haya existido en México entre el poder político y empresarial contra una periodista: “Ella no me pidió ser su abogada, pero tuve que serlo —justifica Araceli—. Y a raíz del caso de Lydia hice mi testamento. Soy consciente de dónde estoy parada”.
TÚ ERES MI EMPLEADO
El teléfono de Araceli Andrade sonó un día de inicios de septiembre de 2014. La abogada vio que la llamada provenía de un número desconocido del DF y atendió. Leopoldo Maldonado, oficial del organismo para protección de periodistas Artículo 19, la necesitaba: Pedro Canché, un reportero de Quintana Roo, había sido detenido acusado de sabotaje. Y ese “sabotaje” respondía a que Pedro había difundido en YouTube el cierre y el desalojo violento de las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. El enojo gubernamental por la difusión de las imágenes debió volverse ira cuando, al día siguiente de la trifulca, Canché transmitió un video en YouTube donde le hablaba así al gobernador Borge: “Estoy en desacuerdo con la ineptitud de todo, empezando por usted. Y te hablo como mi trabajador porque yo te pago, soy el pueblo, ustedes están ahí y son trabajadores, tú eres mi empleado”.
—¿Eso fue intolerable para el gobernador?
—Pedro no le dijo una sola grosería —responde Araceli—: sólo fue directo y eso al gobernador le remueve la entraña. Los políticos están expuestos a la opinión pública: unos los manejan mejor; otros peor. Borge no lo soporta. Con cantidades estratosféricas compra a los medios del estado para que nadie hable mal de él. Pedro es uno de los pocos que no pudo comprar. Como era un crítico, vino el escarnio.
El escarnio llegó a las 10 a. m. de un sábado, hora y día en que nadie espera una desventura. El 30 de agosto, Pedro salía de una gasolinera de Carrillo Puerto rumbo a Cancún, donde vería a sus hijos y compraría material para su carpintería. Al pagar se acercó un auto rojo con tres judiciales. Desde el exterior le avisaron que tenían una orden de aprehensión y lo llevaron detenido.
Araceli oyó la historia, aceptó la propuesta de llevar el caso de Canché y con ello volvió a la representación de periodistas amenazados después de diez años buscando la justicia para mujeres y menores abusados sexualmente en una institución que recibe un promedio de 150 denuncias al mes.
Araceli fue al juzgado, leyó el expediente del caso de Pedro. “Fue un déjà vu —asegura—: era un caso muy parecido al de Lydia”. Enumeró mentalmente las coincidencias: 1) un periodista señala abusos de poderosos; 2) los poderosos lo detienen y le atribuyen delitos no cometidos; 3) el expediente está plagado de mentiras e inconsistencias jurídicas; 4) el denunciado es tratado con violencia.
“Cerré el expediente, salí del juzgado, hablé a Artículo 19 y les dije: este es un caso político, no hay nada jurídico que hacer”. Araceli entró a la cárcel municipal y vio por primera vez al procesado de la Celda 1 Módulo 2, molido a trancazos. “Pedro me narró la golpiza que le dieron en pecho, espalda, riñones, costillas, omóplatos. Al llegar a la cárcel lo alzaron del cuello y entre cinco lo azotaron contra la puerta metálica de la celda, y después contra la plancha de cemento de su cama: el golpe derivó en una luxación de hombro y daño a las cervicales que arrastra hasta hoy. Aunque vi un hombre desesperado con mezcla de dolor físico y psicológico, tenía claridad mental”.
Araceli le confesó que no existía artilugio jurídico para salvarlo; debía negociar con el gobierno. “Me dijo: ‘¿No es traición?’, y le expliqué: ‘A usted hay que sacarlo a como dé lugar, aquí corre riesgo’. Aceptó, y dijo: ‘En la cárcel no sirvo a nadie’”. El gobierno asumió tácitamente que estaba detrás de la denuncia al aprobar una negociación. En nueve meses Araceli entró tres veces en las oficinas del gobierno estatal en Chetumal. En la primera se sentó con el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Carlos Cardín.
—¿Cómo fue ese encuentro? —la cuestiono.
—Yo pedí el auto de libertad para Canché y ofrecí no dar a conocer las graves inconsistencias del expediente. Me dijo: “Tienen que bajar (de internet) lo publicado contra el gobernador”. Dije “ok”. Después pidió: “Que Pedro no hable contra el gobernador el resto del sexenio”. Dije “acepto”. Pidió que Pedro saliera (de prisión) de madrugada sin presencia de medios. Acepté. Me pidieron que Pedro se fuera de Carrillo Puerto y le dije: “Ok, se va a vivir a Cancún”. Pero eso no bastaba: querían que abandonara Quintana Roo. Mi respuesta fue: “Eso no lo voy a permitir, eso es exiliarlo”.
A las once de la noche del 4 de septiembre de 2014 el funcionario se mostró complacido pese a la última negativa: “El subsecretario me dijo: ‘Es muy bueno el trato’ y le dije: ‘Ok, mañana en vez de dictarle auto de formal prisión díctenle auto de libertad’. Me aclaró: ‘No depende de mí, debo subir esta plática’. Y por ‘subir’ entiéndase que iba a hablar con el secretario de Gobierno (Gabriel Mendicuti) y el gobernador”, explica Araceli.
—Las condiciones que aceptaste eran brutales…
—Lo consulté con Artículo 19. Era muy duro porque le pondrían a Pedro una mordaza que nunca quiso, pero lo aceptamos.
Al despedirse de Araceli, el subsecretario le sugirió quedarse en Chetumal porque en cuatro horas, a las 3 a. m., podía llamarla para avisar que Pedro era libre. Esperó once horas, el teléfono no sonó. A las 10 a. m. ella lo llamó: “Licenciada, usted me cayó muy bien y estas oficinas están abiertas para usted, pero las cosas van a seguir su curso”.
La abogada viajó dos horas a Carrillo Puerto, entró en el juzgado y vio al juez penal Javier Ruiz dictar auto de formal prisión contra Canché por planear e incitar la toma de la oficina de Agua Potable. Entre las pruebas aportadas había una serie de imágenes en las que Canché tomaba fotos a la ocupación de las instalaciones. Es decir, su labor periodística era un sabotaje.
El procurador del estado, Gaspar García, buscó dar soporte a las acusaciones y declaró que Canché “pagó pasajes y entregó de mil a cinco mil pesos a cada manifestante”, además de obstruir las oficinas de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. “Y eso está catalogado en el (artículo 204) Código Penal (de Quintana Roo) y es sabotaje”, incriminó el procurador.
El encarcelamiento de un periodista por sabotaje fue entendido por organismos internacionales como un encarcelamiento por informar. Y al gobierno de Quintana Roo, preocupado por no manchar Cancún y sus otros polos turísticos, eso le preocupó. Amnistía Internacional, Ifex, Reporteros Sin Fronteras, Pen International y otras ONG divulgaron el caso, y entonces el gobernador insinúo querer dialogar. El 29 de septiembre Araceli fue llamada a la oficina del procurador estatal, Gaspar García. “Me pidieron un mes (para la liberación) y no cumplieron”. Luego, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le solicitó acudir el 8 de diciembre a la oficina del secretario de Gobierno. “Con (Gabriel) Mendicuti nos dimos un agarrón: insultó y denostó a Pedro, le mostré todas las violaciones del proceso y le dije: ‘Si lo liberan nadie se entera de estas violaciones. Si no, las doy a conocer y esto se convierte en un Góber precioso 2 con el gobernador Roberto Borge como protagonista. Me respondió: ‘El martes le doy una respuesta’. Aún sigo esperando”.
PERITOS CON WINDEX
En el documento Más violencia, más silencio, publicado a inicios de julio, Artículo 19 informa que en la primera mitad de 2015 hubo 227 agresiones contra la prensa, sólo 30 por ciento menos de las que hubo en los doce meses del año pasado. En lo que va de 2015, siete periodistas han sido asesinados. Y hasta el corte de la PGR de febrero pasado, en los últimos quince años fueron asesinados en México 103 periodistas. Araceli representa a los periodistas de la revista de investigación Luces del Siglo —caracterizada por su posición crítica ante el gobierno de Quintana Roo—, que ha sido clonada con una versión oficialista cerca de cincuenta veces, tanto en su versión digital como impresa. A raíz del Caso de Pedro Canché, la abogada asesora al organismo Artículo 19.
—Para inhibir el asesinato de periodistas, las investigaciones deben dar con los responsables. ¿En México cómo se investiga un crimen? —pregunto a Araceli.
—Por la serie CSI (Crime Scene Investigation) muchos jóvenes mexicanos se enamoraron de la criminalística, y quieren ser peritos en dactiloscopía, documentoscopía. Estudian y luego viene el problema: el Estado no provee laboratorios ni tecnología. Los peritos me dicen: “No tenemos nada, nosotros creamos (sustancias para peritajes) con jabón, talco, químicos de cocina para medio sacar una huella”. Es un desastre. En feminicidios y otros delitos que llevo veo peritos cargando su botella de (limpiador) Windex con mezclas caseras. Así buscan resolver casos e imputar a los asesinos de periodistas.
—En México es demasiado fácil matar un periodista: basta pagar a alguien y decirle dónde estará. Pum. Se acabó. ¿Los asesinatos seguirán porque los homicidas saben que la autoridad nunca llegará a ellos?
—Ayer (18 de junio) mataron a un periodista tabasqueño (Ismael Díaz). No podemos vivir con el estigma de “México mata periodistas”. Quizás algunos (que se sienten afectados por un periodista) prefieren ahorrarse el problema de armar un caso judicial, y más al ver cómo acabaron las denuncias contra Lydia y Pedro Canché. Es horrible: ¿resulta que como a veces la justicia funciona es preferible asesinar? Esa ecuación no me gusta. Hay que recrudecer las penas contra la libertad de expresión: ante ataques crudos, penas crudas.
—¿En México aún se necesita meter dinero ilegal para que la justicia “funcione”?
—Desde estudiante veía que les daban dinero a los MP, a sus secretarios. Me ofendió muchísimo ver eso y prometí jamás recibir ni dar dinero. Nunca he dado un peso de mordida ni a un judicial ni a un MP. Gente me dice: “Si como abogada no das dinero, no ganas”. Falso: el derecho está en los libros y la jurisprudencia, no en la cartera. ¿Dónde está la justicia si todo lo arreglas con la cartera? Con ese criterio, el rico puede y el pobre no. La corrupción no se ha acabado, pero no por eso dejo de combatirla. El día que la transparencia sea una lucha perdida me pasaré al lado oscuro. El sistema sigue preponderantemente corrupto, pero llevo once años trabajando sin dar un peso a un judicial, a un MP. Lo más que dirán es: “Araceli me regaló un cupcake” (ríe).
—¿Cómo limpiar la justicia para que la vida de los periodistas no corra riesgos?
—¡Ah, es la pregunta del millón! Uno: promover reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que sus recomendaciones se vuelvan exigencias que terminen en denuncias penales —la CNDH tiene boca, pero no dientes—. Y dos: hay que promover reformas para que atentar contra la libertad de expresión sea un delito grave y quien quiera cometerlo lo piense dos veces. Hoy cualquier culpable sale mediante caución. En este país hay que defender con uñas y dientes la libertad de expresión.
GAME BOY
La vida se volvió un huracán de idas y vueltas entre Cancún, donde Araceli radica, y Carrillo Puerto. Oía el despertador, tomaba desde casa un taxi a las 4:30, y a las 5 a. m. abordaba el autobús que la dejaría a las 8:30 en la ciudad donde la recibían las hermanas de Canché. A las nueve arrancaban las diligencias: hablaba con Pedro, visitaba el tribunal, dialogaba con testigos, definía estrategias y regresaba a Cancún en un viaje de tres horas y media porque la noche era el último momento para darle de cenar a su hijo “Chuchito”, hacer las tareas e ir a dormir. La rutina extenuante se repitió sin descanso al menos tres veces por semana del 4 de septiembre al 28 de mayo. “El juicio en Carrillo Puerto me deshizo en lo físico y psicológico: no nos ahorraron ni una molestia. Aunque salíamos victoriosos de cada audiencia, de cada testigo, de cada palabra, nos iban sepultando. Las autoridades no llegaban, no nos atendían. Un día me dije: “No quiero ir más a Carrillo Puerto. Ya no puedo con esto”.
—Eres mamá. ¿Cómo hiciste para cumplir?
—Para dirigir a nuestros hijos las mamás tenemos integrado un satélite (se ríe). Mis amigas me ayudaron a llevar y traer a mi hijo y lo monitoreaba por celular. Pero fue la locura: los viajes cargando pilas de documentos fueron incontables.
—Defender periodistas no da tregua.
—Te cuento algo. Por mi defensa a Lydia descuidé muchísimo a mi hijo de cinco años. Un día tenía tanto trabajo en un juzgado que lo encargué a mi hermana. En un momento se distrajo y Chuchito salió de la casa a la 141 Poniente, una avenida espantosa donde pasan muchos autobuses. Mi hermana comenzó a buscarlo desesperada: estaba perdiendo un hijo que no era suyo. Pidió auxilio a seguridad, buscó en hoyos de construcciones cercanas donde pensó que se pudo caer, y nada. El niño caminó solo 2.5 kilómetros hasta llegar a casa de mi tía. Tocó y mi prima le abrió: “¿Qué haces aquí?”. “Vengo a jugar Game Boy”.
“Cuando llegué a casa por mi hijo sin saber todo lo que pasó, mi hermana estaba verde, era un muerto viviente: ‘Perdí a tu hijo, pero ya lo encontré’, me avisó. Tomé el coche, fui por Chuchito, imaginé a mi pirinolita caminando y lloré diciéndome: ‘Soy la peor madre del mundo’. Lo vi, lo abracé, y cuando me calmé, le dije: ‘Llévame caminando y cuéntame qué pasó en el camino’. Me contó: ‘Aquí agarré un palo para que no me mordieran los perros, aquí un viejito me preguntó quién era’. Para jugar Spider Man mi hijo había hecho solo el camino que le enseñó su abuela. No lo podía creer: me di cuenta de que lo había subestimado, y que si bien era independiente y se sabía cuidar, ningún asunto laboral valía lo que me estaba ocurriendo.”
—No debe ser fácil ser hijo de una abogada de menores violados, periodistas amenazados.
—Va en segundo de secundaria; toca piano, guitarra, flauta y es DJ; ¡y resuelve el cubo de Rubik en dieciséis segundos! Si no fuera así no aguantaría mis trotes.
OSCURIDAD
Después de seis meses de buscar salidas en los laberintos jurídicos para que Canché fuera exonerado, Araceli supo que el juez sexto de Distrito, Reynaldo Piñón Rangel, podría ordenar la liberación del periodista. La abogada consiguió el documento y comenzó a leerlo en el patio de la cárcel, junto a Canché, a las 6 p. m. del 26 febrero: “El desglose del juez de por qué Pedro no había cometido sabotaje era fantástico, impecable: las 49 hojas decían con maestría que el juez de Carrillo Puerto (Javier Ruiz) no valoró correctamente ciertos elementos, no tomó en cuenta otros y otros los pasó por alto. Me estaba llenando de ilusión, y mientras leía le decía a Pedro: ‘Vamos bien, vamos bien’. Pero al final el documento decía: ‘Por lo tanto se le pide al juez que componga su auto de formal prisión cumpliendo los siguientes siete puntos’. Es decir, el juez federal reconocía la inocencia de Pedro, pero le decía al juez de Carrillo Puerto: ‘Vuélvelo culpable con estos siete puntos’. En derecho eso es tan absurdo como si en la escuela repruebas un examen y el maestro te dice: ‘Llévatelo a tu casa para que lo compongas’. Leí los siete puntos y fue un desencanto. Eran una burla”.
—¿Fuiste sincera con Pedro?
—No. Me tragué todo. Le dije: “Ánimo, es una victoria, están reconociendo su inocencia”.
Araceli fue con el juez Piñón: “Le hice ver que se habían violado los derechos de Pedro, que su prisión era coartar la libertad de expresión, que consentir un encarcelamiento así era decirle a los periodistas: ‘A cualquiera de ustedes le puede pasar’. Le dije: ‘Su amparo es preciosísimo, pero acaba con una bofetada. Es Pedro contra el sistema’”.
Ningún argumento sirvió: “Fue horrible: advertí que la justicia federal también se compraba, que mis maestros, la Constitución y las jurisprudencias, todos mis años de estudio y trabajo, valían nada ante la manipulación del poder.
—¿Y qué con la punta de la pirámide, los jueces? ¿Sus sentencias se tuercen porque los amenaza la delincuencia o altas autoridades?
—El problema de los jueces son sus jefes. Los grandes enemigos de los MP son sus directores de Averiguaciones Previas e, incluso, sus procuradores, que les piden actuar contra la justicia. Los MP cuidan su trabajo cumpliendo órdenes.
—Al saber que Pedro no obtendría su libertad, ¿cuál fue tu siguiente acción?
—Ese día mi vida cambió: lloré muchísimo y me cuestioné: ¿sigo siendo abogada? ¿Qué caso estudiar tanto, echarle tantas ganas, defender tanto la justicia si por ser político o por tu cartera compras la justicia? La justicia federal estaba siendo cómplice de esta gran farsa. Mi desencanto dura hasta hoy. Por fortuna soy abogada más como misión que como profesión.
—¿Cuándo volviste a ver un filo de luz?
—Ya nunca. Desde entonces sólo hubo oscuridad.
¿NO ESTÁS JUGANDO CONMIGO?
“Sólo hubo oscuridad”, dice Araceli para referir la fase que se abrió en el caso de Canché cuando el juez federal le negó la libertad. Y en medio de la oscuridad, siguió trabajando. Ante las vallas electrificadas de la justicia mexicana buscó que los faros iluminaran el caso de Pedro, lo hicieran visible, y desde entonces reforzó las gestiones con organismos internacionales: acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Amnistía Internacional y al Committee to Protect Journalists con sede en Washington. Si la justicia nacional no era recta por sí sola, quizá ante los ojos del mundo lo sería.
El 28 de mayo, Araceli tomó un avión a Puebla para ir a descansar. Ese día sonó su teléfono. La llamada era del mismo número desconocido mediante el cual, en septiembre de 2014, le pidieron defender a Pedro. Esta vez, Leopoldo Maldonado, oficial de Artículo 19, le dio otras noticias: el magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Quintana Roo, Adán Villarreal, había otorgado a Canché un amparo liso y llano. “¿En serio, no estás jugando conmigo?”, le preguntó Araceli. El periodista sería un hombre libre.
La abogada vio a Pedro por primera vez fuera de prisión en las oficinas de Artículo 19 en el DF el viernes 29 de mayo: “Nos abrazamos y lloramos”.
Pero Araceli no se conforma con ese instante emotivo, ni con saber que Pedro seguirá siendo periodista en su ciudad: “La MP que armó el expediente contra él, Tila Patricia Galera León, cometió muchas arbitrariedades; no a título personal: ella ni conocía a Pedro. ¿Por qué ese encono firmado por ella? Le dijeron: “Lo haces o te corro”, no hay que ser iluminado para saberlo.
—¿Y tú harás algo contra eso?
—Me topé a esa MP en un juzgado y le dije: “Licenciada, un gusto conocerla en persona, soy la abogada de Pedro Canché”. Se puso pálida y le informé: “Me gusta conocer la cara de quien voy a denunciar y meter a la cárcel”. Me dijo: “¿Por qué me va a hacer eso, licenciada?”. Respondí: “Es la consecuencia de sus abusos, que voy a probar y ameritan cárcel”. Me dijo: “Haga lo que crea conveniente”. Y le dije: “Es una promesa”. Ella se pasó los derechos Constitucional, Romano y Penal por el arco del triunfo.
Araceli ya comprobó que su teléfono está intervenido, y sabe que defender a periodistas amenazados, mujeres y menores violados aumenta los riesgos.
—¿Cómo haces para llevar una vida normal con casos tan agitados?
—Entiendo la diferencia entre comprometerme al mil y engancharme. Puedo llorar en una banqueta porque a una niña de tres años la violaron brutalmente, pero no por eso me engancho. Acaba la jornada y me conecto con mi otra vida —mi hijo, mi familia—, y para no perder la razón no dejo que mis casos me persigan. No soy desalmada y los casos tocan mi alma: acompaño el dolor y tengo compasión, pero poseo una habilidad de los defensores de víctimas de derechos humanos: sé que no es mi historia. Si tu emoción cruza el límite caes en (el síndrome de) Burnout: te vuelves violento y pierdes objetividad.
Hasta ahora no usa guardespaldas, pero cuenta con un botón de pánico, repite rutas establecidas, usa en su casa cámaras de seguridad. Pese a todo eso, persigue la vida de una persona cualquiera en Cancún: se asolea junto a su hijo en Playa Langosta, cocina una cochinita pibil cuyo prestigio hasta ahora ningún paladar rebate (“puedo cocinar un banquete entero pero, eso sí, no lavo una cuchara”) y lee cuantas novelas Caballo de Troya (“y todo lo que no tenga que ver con la realidad”) salgan al mercado, como para fugarse un rato del terror de un México que no le asegura a nadie la vida.
“Y si me acuesto es porque hice todo lo que estaba en mis manos ese día: hoy puede caber mucho, mañana menos, pasado el triple. No me ahorro los ‘te quiero’ a mi familia, mi hijo, mis amigos. Existen dos miedos: el primero te paraliza; el segundo te activa, te hace estar más alerta, analítico, deductivo. Mi miedo es el segundo. No sé si mañana voy a estar, soy consciente en lo que trabajo. No sé cómo moriré, pero esa no es una elección; cómo vivir sí lo es. Y elijo vivir de este lado.”