Aquel 4 de septiembre de 2013, Juan Carlos Castillo, dice, nunca imaginó que mientras él trabajaba en el taller de costura, a unos diez kilómetros se fraguaba una historia de violencia sexual en la cual él era el protagonista. Ahora enfrenta un juicio por el señalamiento de una víctima que nunca había visto.

Buscó ser persuasivo frente al Ministerio Público con el testimonio de sus patrones que estuvieron con él todo el día, y hasta de los vecinos que lo vieron estacionar su motoneta a un costado del taller; sin embargo, argumenta, no aceptaron su inocencia y fue consignado ante el juez primero penal de Tulancingo.

A un año tres meses de prisión, su esposa y sus hermanos visitan oficinas del gabinete de justicia mostrando un grueso expediente con el cual piden su liberación. Y sustentan su dicho en una prueba practicada por la Procuraduría General de la República (PGR) que consigna que las presentadas por la víctima no coinciden con la genética de Carlos Castillo.

Esta prueba, que podría ser determinante para cualquier autoridad, según sus familiares, parece no importar mucho al personal del Tribunal Superior de Justicia, el cual se ha negado hasta a permitir una entrevista con el presidente Juan Manuel Menes Llaguno, bajo el supuesto de no dar citas porque se encuentra en preparación para una operación oftálmica.

La víctima, de ocupación profesora, tiene como principal argumento su amistad con la magistrada María Brasilia Escalante Richards, quien, según sus familiares, es quien ha permitido “la injusticia de encarcelar a un padre de tres niños, que además era el encargado de proveer la atención médica a su madre diabética”.

La víctima denunció que ese día de septiembre, 15 minutos antes de las 7 de la mañana, en la colonia El Tepeyac, en Cuautepec, fue sorprendida por un sujeto con vendas en la cara que la sometió y la asaltó, y antes de fugarse la violentó sexualmente.

Ella mostró como prueba principal una prenda íntima con material genético de su atacante y sin muchos preámbulos acusó a Carlos Castillo de entre un grupo de fotografías que le presentó la policía investigadora.

Los hechos de la detención, en la cual hubo torturas y violencia de la policía, quedaron reportados en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) por la visitadora Sarahí Fernández, quien les informó que serían llamados, pero hasta la fecha siguen esperando alguna audiencia.

Carlos Castillo se encuentra aprehendido bajo la causa penal 195/2013 desde febrero de 2014.