Mientras la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJH) acumula, desde 2012, 20 procesos penales contra mujeres hidalguenses por el delito de aborto, en el Distrito Federal 590 han interrumpido legalmente su embarazo desde la reforma que despenalizó esta práctica, hace siete años.

Entre quienes solicitan intervención médica para detener el proceso de gestación, las que radican en Hidalgo ocupan el cuarto sitio a nivel nacional, sólo superadas por residentes del DF, Estado de México y Puebla, reveló la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF), en respuesta a una solicitud de información dirigida por Criterio (folio 0108000053715‏).

La fiscalía estatal, por su parte, dio a conocer que en lo que va de 2015 ha recibido una denuncia por aborto; es decir, contra una mujer que recurrió a esta práctica sin autorización de la ley, la cual establece, en el artículo 155 del Código Penal, una sanción de uno a tres años de prisión y una multa de 10 a 40 días de salario mínimo.

La procuraduría precisó que en 2014 inició 11 procesos penales por este delito; cinco en 2013, y tres más en 2012. Antes de ese año, afirmó, no cuenta con registros.

Entre los casos penados por interrupción de embarazo se encuentra el de María de la Luz, denunciada el 27 de febrero de 2012 por tentativa de homicidio, tras llegar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con sangrado vaginal. Ella fue remitida a la cárcel distrital de Tizayuca y, todavía embarazada, procesada por ese ilícito.

“Yo quería a mi bebé y la muestra de ello es que aquí lo tengo junto a mí, y en ese momento tenía las pruebas de que había llevado todo el control prenatal, los cuidados, pero me tacharon de asesina”, narró la mujer al equipo que llevó su defensa legal, a cargo de la asociación civil Grupo de Información y Reproducción Elegida (GIRE).

El 17 de abril de 2014, María de la Luz, quien siempre sostuvo que su sangrado fue involuntario, “quizá un intento de aborto, pero involuntario”, fue absuelta de los cargos en su contra.

La PGJH también reveló que en el distrito judicial de Pachuca no se ha autorizado ningún aborto asistido por abuso sexual, el cual es legal en todo el país.

Del resto de distritos, la fiscalía local no cuenta con información debido a que el Ministerio Público (MP) inicia denuncias por violación y, aunque dentro de ese proceso la víctima puede solicitar la interrupción del embarazo, esta estadística no se cuantifica al no ser un ilícito.

El año anterior, en la capital hidalguense, a una menor de 13 años de edad, víctima de abuso sexual, el MP no le autorizó el aborto asistido debido a que había superado los 90 días que permite la ley.

Luego de que la niña interrumpiera la gestación en la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo su caso y anunció que analizará, a solicitud del ministro José Ramón Cossío, cuestiones relacionadas con la penalización del aborto en Hidalgo, como el plazo de 90 días para permitir esta práctica y las facultades de las autoridades judiciales para decidir si autorizan o no la interrupción del embarazo en casos de abuso sexual, máxime cuando se involucra a menores y adolescentes.

Además de que había sobrepasado los 100 días de gestación, la procuraduría argumentó que la denuncia no fue realizada por parte de la madre de la afectada antes de tener conocimiento de la concepción, “tal como lo establece el mismo precepto legal”.

Aunque la PGJH no posee datos respecto a interrupciones del embarazo practicadas por los servicios médicos de la entidad en el resto de distritos, la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) respondió a GIRE, en 2013, que de 2007 a 2012 no realizó ningún aborto por violación sexual. Criterio solicitó a la dependencia estatal una actualizados sobre estas cifras; sin embargo, contestó que debido a la protección de datos no podía abundar al respecto.

De acuerdo con los informes de Incidencia Delictiva del Fuero Común que anualmente realiza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de 2007 a 2014 se denunciaron en el estado 2 mil 381 violaciones.

En los dos primeros meses de 2015 se iniciaron 72 investigaciones por este ilícito, 30 en enero y 42 en febrero; sin embargo, la fiscalía estatal precisó que en lo que va de este año ninguno de estos casos ha llegado hasta el término en que el Ministerio Público autorice un aborto asistido.

Por ello, la dirigente de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), Bertha Miranda, pide que se difundan las causales del aborto en Hidalgo a la población e instituciones públicas, quienes, dijo, no actúan conforme a la ley por desconocimiento.

“Las mujeres abortan con o sin leyes, es mejor que lo realicen con atención médica especializada”, ha insistido en reiteradas ocasiones.