En el Senado de la República de México se aviva la discusión para tipificar los crímenes contra mascotas en todo el país.
La osezna de Coahuila (amagada, torturada y exhibida por personal de Protección Civil del estado para unos cuantos “selfies”), Pay de Limón (el pastor belga mutilado por narcotraficantes), Milo (el cachorro al que le partieron la cara con un machete), Flash (un pequeño terrier utilizado como bandera por agentes de la policía de Nezahualcóyotl), las víctimas de Juan Castillo, el Matagatos (quien sirve mininos como “carnada” para pitbull), el jaguar regio (destazado y hervido por comuneros del municipio de Linares en una noche etílica), Sinforosa (una perrita que fue lanzada desde la azotea de un edificio en Xochimilco con cohetes amarrados a sus cuatro patas), Lechuga (una poodle abusada sexualmente y arrojada a una coladera tras “oponer resistencia”)… en fin, la lista es interminable.
En México, la problemática de la crueldad hacia las “bestias del Edén” va en aumento; de acuerdo con cifras oficiales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), de las 108 519 especies que habitan en tierra azteca, un asombroso total de 2556 se encuentran en riesgo, y aunque una serie de “agentes de cambio” han decidido lanzarse de colmillos abiertos para contrarrestar estas pérdidas, nos encontramos ante un panorama social donde la gente ya no se sensibiliza por la muerte de sus semejantes, por lo que el resto de los seres vivos se encuentra destinado a la perdición.
Y es que, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), existen distintas especies que son maltratadas por placer dentro de la República, entre ellas los perros, los ratones y las arañas, “así como los toros y otros animales cuyo daño ocurre como parte de actividades consideradas arte o deporte”. En cuanto a los atentados en su contra, la dependencia de gobierno expresa que las crueldades más frecuentes hacia la fauna nacional responden al hacinamiento, golpes, abandono, desnutrición, alteraciones conductuales (al obligar al animal a vivir forzosamente a la intemperie o dentro de un inmueble mal acondicionado).
Pero, eso sí… hay de martirios a martirios.
El Mochaperros Alaska
Desde que plataformas como Twitter, Facebook y YouTube se sirvieran para difusión del agravio contra todas las formas de vida por medio de actitudes violentas, la mismísima Constitución Política de la República se ha visto superada por la melosa reciprocidad entre redes sociales y denuncia ciudadana como herramienta de castigo y alerta.
La promoción de albergues y adopciones tanto de mamíferos como de aves y reptiles abarca al menos el 1.8 por ciento de la información que circula dentro de los servidores, y cada vez existe mayor escarnio ante las “gestas de tortura animal”, pues la indignación por cualquier falta de respeto hacia los cuadrúpedos saca la fiereza de los defensores al momento y, para bien o para mal, ya es imposible ocultar bajo tierra que el castigo para los responsables es inexistente.
Ejemplo de ello fue el suceso ocurrido en Querétaro el pasado 19 de marzo, cuando un joven autodenominado como Alaska Vega difundió en Facebook una grabación en la que detallaba los movimientos necesarios para llevar a cabo una “adecuada cirugía estética canina” en tres exhibiciones: sin cuidado, sin higiene… y sin piedad.
Compartido 12 000 veces (al menos hasta la semana pasada, cuando tanto su perfil en la red social como su cuenta de YouTube fueron dados de baja), el video mostraba cómo el oriundo del municipio de El Marqués y supuesto egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) era asistido por un compinche anónimo para mutilarle las orejas a un par de cachorros con tijeras y sin anestesia, lo que le valió la malquerencia de los internautas que calificaron el hallazgo como una “escalofriante apología”.
Alaska, quien supuestamente responde al nombre de Eloy Vega y reside en la comunidad de El Pozo, se jactaba de otros cuantos logros en su muro: menores de edad paseando en triciclo a los cachorros previo a ser mutilados, botellones de alcohol apilados en su habitación, suscripciones a páginas pornográficas, instantáneas que le muestran fanfarroneando con armas de fuego para sus colegas y un jocoso retrato donde le remoja el gaznate a un bebé con un merecido trago. Pero de entre todas sus conquistas, pareciera que los 300 pesos de ganancia por el servicio de embellecimiento perruno constituía el mayor blasón de sus “trofeos”.
Al respecto, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Gustavo Zepeda Ruiz, confirmó días más tarde la comparecencia de los responsables del maltrato animal, esto luego de que se recibieran formalmente tres denuncias en el Centro Cívico.
“Procedimos a la movilización de las personas que integran la Unidad de Control Animal y de la Coordinación de Inspección y Normatividad para dar con el paradero de estas personas”, refirió Zepeda Ruiz, quien confirmó que los implicados en el caso tienen entre 20 y 25 años de edad.
Tras rendir su declaración ante las autoridades capitalinas y “mostrarse arrepentidos y preocupados por la situación”, se hizo justicia para el Mochaperros y su patiño, quienes fueron vapuleados con todo el peso de la ley al verse obligados a pagar una multa de tan solo 16 000 pesos (la máxima existente) por concepto de la infracción catalogada como falta administrativa; sin embargo, los agentes ministeriales decidieron apiadarse de los responsables y facultarlos para saldar su deuda en “abonos”.
“Ambos son carpinteros y afirmaron que era la primera vez que hacían esto con animales. Esperamos que en breve estén iniciando con un convenio de pago ya que, debido a sus condiciones económicas, no cuentan con el dinero para hacerlo en una sola exhibición… también deberán asistir a unas pláticas sobre cuidado animal”, refirió el funcionario público al congratularse de que ambos cachorros fueran obsequiados a una familia responsable.
Jadeo legislativo
Aunque algunos legisladores de la entidad celebraron que Alaska fuera conducido ante la justicia gracias a la creciente cultura de la denuncia ciudadana, también lamentaron que la conducta de este y otros jóvenes pudiera quedar impune en el futuro, pues aunque la Ley de Protección Animal en el estado fue aprobada por el Congreso local en diciembre de 2013, esta aún no ha sido publicada.
“No existe la publicación y, por tal motivo, no ha entrado en vigor. Por parte de los municipios de Querétaro han recibido bien esta medida, por lo que no dudamos contar con la voluntad del gobierno del estado para que no se retrase su publicación”, señaló el diputado queretano Yairo Marina Alcocer, quien fue altamente reconocido por la prensa local por emitir una de las tres denuncias contra el Mochaperros.
El legislador por parte del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) agregó que la Comisión de Desarrollo Sustentable (que él preside) ya trabaja en una iniciativa para tipificar la conducta de maltrato animal.
El dictamen en cuestión tiene por objeto “asegurar las condiciones para el trato digno y respetuoso de todas las especies animales, regular la posesión, procreación, desarrollo, aprovechamiento, transporte y sacrificio de especies, instrumentar mecanismos en materia de conservación y aprovechamiento de la fauna silvestre y su hábitat, así como promover la cultura de protección y respeto a la naturaleza” en todas sus áreas.
Entre sus adeptos, el código establece que “todo animal tiene derecho a vivir y ser respetado”, por lo que ningún ser humano podrá “exterminar, maltratar o explotar a los animales para realizar trabajos más allá de aquellos que por sus características de especie pueda llevarlos a cabo”, obligando a cualquier miembro de la sociedad a ofrecer “la atención, cuidados y protección” que su animal de compañía así lo requiera a lo largo de “la duración de su vida conforme a su longevidad natural”.
Con base en la querella presentada por el diputado del Verde y otros miembros de la cúpula legislativa, es de mencionar que el Senado de la República ya analiza un dictamen de reformas al Código Civil Federal que intenta establecer con claridad una serie de medidas que sancionen firmemente el maltrato, abandono y sacrificio de la fauna tanto silvestre como doméstica.
Experta en el tema, la senadora Verónica Martínez Espinoza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), subrayó que la jugada pretende determinar “el bien jurídico de los animales”, para lo cual se les debe de excluir del régimen jurídico de “cosas”, como aún los define el Código Civil Federal en su Artículo 753.
“Lo anterior ha provocado una falta de sensibilidad hacia ellos, ha facilitado los actos de crueldad y maltrato del cual son objeto”, expuso la también integrante de la Comisión de Justicia, quien considera urgente “tratar al animal de forma jurídica como ser ‘sintiente’ y no como ‘cosa’, lo que convertiría la protección de los animales en un equivalente a la salvaguarda del medioambiente, consagrada en el artículo Cuarto constitucional y en tratados y convenios internacionales”, acorazándolos bajo todo el peso de la ley de forma permanente.
Jaula de contradicciones
Pero, vaya, cuando se trata de proteger constitucionalmente a los animales, a veces pareciera que a México le encantan las medias tintas.
Tal es el caso del estado de Querétaro, donde desde el pasado mes de diciembre se prohíbe el uso de animales en circos, pero, simultáneamente, se considera a la fiesta brava como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El caso se repite en la ciudad de México, cuyo reglamento penal persigue el maltrato a la fauna doméstica y silvestre, pero cuya Ley de Espectáculos permite la celebración de corridas de toros, carreras de perros y espectáculos circenses.
Si bien es cierto que a nivel federal existen varias regulaciones en la materia, incluidas la Ley de Sanidad Animal, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, cada entidad cuenta con una regulación de protección animal propia (a excepción de Oaxaca) e incluso varios municipios han “puesto sus propias reglas”.
Es de mencionar que la gran mayoría de los territorios aztecas (menos el Distrito Federal, Puebla y Yucatán) contemplan sanciones únicamente administrativas en caso de maltrato (como amonestaciones de hasta 250 salarios mínimos o arrestos por 36 horas), y a excepción de Querétaro, Morelos, Colima, Guerrero y Chihuahua (que prohíben los circos con animales), todas las demarcaciones permiten las peleas de gallos, la charrería y las corridas de toros (considerada patrimonio en estados como Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Aguascalientes, Guanajuato y Tlaxcala gracias a la inyección financiera que representa para el sector ganadero).
Del lado opositor, contamos con Veracruz, donde al menos tres municipios desairan el rejoneo (Veracruz, Boca del Río y Teocelo)… pero a modo de contraste se yergue Tlacotalpan, famosa demarcación que, con motivo de los festejos a la Virgen de la Candelaria, obliga a seis cebús a cruzar el Río Papaloapan bajo los influjos de bebidas embriagantes para posteriormente hostigarlos a base de puntapiés hasta provocar una estampida a modo de “pamplonada”.
Luego está el caso del estado de Jalisco, donde los municipios de Tlajomulco y Zapopan se convirtieron en las primeras regiones del país en vetar por completo los circos con animales… pero también nos encontramos con Guadalajara, cuya plaza de toros es la segunda más grande de la nación gracias a su capacidad para albergar a 18 000 espectadores.
No… pues “guau”.
Juan Pablo Arredondo R. R. es reportero y editor del periódico A.M. de Querétaro y articulista de la revista Cinéfila. Twitter: @DemonLetters
