Los negocios relacionados con lavado de dinero salpican en México a futbolistas, cantantes y también a políticos. En el Ayuntamiento de Tijuana, las sospechas e investigaciones por blanqueo de dinero alcanzaron a negocios de la familia del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, y a otros funcionarios.

Aunque el caso más sonado en esta frontera es el juicio por lavado de dinero en California contra el regidor Luis Torres Santillán, del que salió exonerado, no es el primero donde involucran a políticos de la región.

El Baño de María, empresa fundada en Guadalajara, fue boletinada en junio de 2013 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por lavar dinero para el narcotraficante Rafael Caro Quintero.

La investigación del gobierno estadounidense señala que la empresa blanqueaba dinero del capo a través de la compra-venta de enseres de baño y maquillaje acusa como parte de la estructura criminal a 14 franquicias en el país.

En Tijuana estaba una de ellas y pertenecía a Erika Francisca Zatarain Galaz, nuera del presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro.

Aunque la investigación del gobierno estadounidense incluyó el negocio de los Gastélum, ni el político ni su familia desmintieron el boletín del Departamento del Tesoro.

La decisión de la familia de servidores públicos panistas fue guardar silencio.

Algo similar hicieron los socios fundadores de la compañía con sede en Guadalajara, que nunca desmintieron las acusaciones del gobierno estadounidense, y a los meses disolvieron la sociedad.

Esto contrasta con la actitud que tomaron el futbolista Rafael Márquez Álvarez y el cantante popular conocido como Julión Álvarez.

El 9 de agosto de este año, el capitán de la selección mexicana y el artista chiapaneco fueron acusados por la OFAC de ser testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”.

El mismo día que el Departamento del Tesoro los denunció, el deportista y el cantante se deslindaron de las acusaciones.

“Me siento con la obligación de dar una aclaración a todos ustedes”, dijo el cantante en un video. Por otro lado, el futbolista se presentó ante la Procuraduría General de la República a declarar voluntariamente.

En una conferencia de prensa, el seleccionado nacional dijo sobre su nexo con el cártel de “El Tío”: “Niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización”.

Con la familia del alcalde la situación fue distinta.

Cuando el departamento del Tesoro denunció que El Baño de María y sus franquicias lavaban dinero para Rafael Caro Quintero, Erika Francisca y el primogénito del presidente municipal cambiaron el nombre de la tienda pero continuaron con la venta de jabones y maquillajes.

Cualquier empresa o persona boletinada por la OFAC queda vetada para hacer negocios en Estados Unidos y sus bienes son bloqueados por el gobierno norteamericano.

Además, los estadounidenses tienen prohibido sostener tratos comerciales con ellos.

Las designaciones o sanciones del Departamento del Tesoro a través de la OFAC se basan en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act), creada en 1999.

Desde que existe la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, han sido boletinadas 37 empresas y 52 personas físicas de Baja California en su lista de narcotraficantes o terroristas.

En muchos casos, las visas turísticas o de negocios de las personas vinculadas por la OFAC con organizaciones criminales, son canceladas.

No es el caso del alcalde de Tijuana, quien sostiene reuniones de trabajo periódicas en los Estados Unidos.

Este reportero no pudo documentar si Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del presidente municipal y su nuera, Erika Francisca Zatarain Galaz, fueron sancionados por el gobierno estadounidense o si sus visas fueron suspendidas.

La relación entre El Baño de María y la familia de Gastélum Buenrostro está documentada desde julio de 2010, cuando Erika Francisca contrató el servicio de energía eléctrica del local 103-A de Plaza Galerías, donde instaló el negocio de jabones y fragancias.

Los familiares del alcalde explotaron la franquicia vinculada con lavado de dinero durante tres años.

El Baño de María que se ubicaba en Plaza Galerías Hipódromo, en Tijuana, hoy se llama Must Co, una marca registrada a nombre de Erika Francisca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI).

Dos meses después de la sanción del Departamento del Tesoro, Erika Francisca y su esposo, como representante legal, tramitaron el cambio de marca ante el IMPI, de acuerdo a registros públicos de la Secretaría de Economía.

Los recibos de compra de Must Co todavía llevan el nombre de Erika Francisca.

El alcalde de extracción panista admite que su nuera y su hijo operaron la franquicia que fue señalada como parte de la estructura criminal de Rafael Caro Quintero.

—¿Sí sabe que (la empresa) la tenía su nuera?, se le pregunta en un evento donde anunciaron programas para la prevención del delito.

—Claro que sí lo sé. Y los ayudamos a instalarlo. Cuando se vino la problemática, inmediatamente, mi hijo y su esposa dejaron de participar en eso.

—¿Sí sabe que su nuera aún tiene el negocio y solo le cambió el nombre?

—Claro que sí.

—¿No le ve peligro por lavado de dinero?

—No, absolutamente. Más me preocupo por ellos, lo que pudiera pensarse. Créeme que no.

En 2016, cuando Juan Manuel Gastélum Buenrostro era candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la alcaldía de Tijuana, publicó en su declaración de intereses que su nuera tenía una “tienda de productos de belleza”, sin especificar el nombre comercial.

Uno de los promotores de la iniciativa “Ley 3 de 3”, que incluye la declaración de intereses, es el empresario Roberto Quijano Sosa, hoy regidor sin partido en la administración que encabeza Gastélum Buenrostro.

“Baja California y Tijuana en particular, es una tierra fértil para el lavado de dinero porque hay una grandísima actividad comercial”, reconoce el miembro de la Confederación Patronal de la República Mexicana, (Coparmex).

Quijano Sosa, que ha sido contrapeso en el cabildo de Tijuana junto a ediles del Partido Encuentro Social (PES), cree que la familia del alcalde desconocía las actividades criminales de la empresa.

“Probablemente la muchacha compró una franquicia y de alguna manera se vio involucrada”.

Esta es una explicación similar a la que dio Luis Torres Santillán, empresario también miembro de la Coparmex y regidor recientemente exonerado por lavado de dinero en una corte de California, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes de prensa, Torres Santillán se declaró culpable de desconocer las leyes fiscales de California, que lo obligaban a contratar una casa de cambio con licencia estatal para realizar los depósitos de su negocio de granos y semillas.

La regidora del PES, Mónica Vega, no opina igual sobre la inocencia de los servidores públicos.

“A veces lo que haga la gente cercana, aunque esté fuera de nuestro alcance, o lo hagan nuestras familias, de cierta manera puede lastimar. Sobre todo en momentos donde hay muy poca credibilidad en la clase política”.

Sobre el Baño de María, Mónica Vega dice que el responsable es Juan Manuel Gastélum Rivera, hijo del alcalde.

“Lo que sí es una realidad, es que el hijo del alcalde tendría que dar una explicación, porque ha estado en la función pública”.

De hecho, cuando El Baño de María Tijuana fue boletinada por la OFAC y era operado por la familia del alcalde, Erika Francisca, su esposo y su suegro, eran servidores públicos y militantes del PAN.

 

Juan Manuel Gastélum Buenrostro era diputado en la 62 legislatura, su nuera era asesora en el mismo Congreso y su hijo dirigía la Unidad Regional para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en el estado.

Erika Francisca asesoraba al diputado federal de Baja California Sur, Alfredo Zamora García, también militante del PAN.

Tres meses después de la acusación en contra de El Baño de María, Gastélum Buenrostro y Zamora García se manifestaban juntos en la Cámara de diputados en contra del aumento al Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“No aumento IVA al 16% en fronteras”, decía la cartulina que levantaban los dos panistas en la fotografía que envió personal del diputado Zamora a medios de comunicación.

En general la relación entre el narcotráfico y los funcionarios de gobierno ha subido de nivel, dice Vicente Sánchez Munguía, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

El académico dedicado a estudiar la administración pública, dice que es común que los funcionarios de gobierno en niveles locales, sean presionados por criminales para ayudarlos en sus actividades.

Si antes los gobiernos locales toleraban las actividades criminales, ahora participan en ellas, aunque muchas veces, bajo amenaza o extorsión, explica Sánchez Munguía.

Otras veces son los políticos quienes buscan ayuda de los delincuentes.

“Hay una relación también donde los agentes de la política han entrado en contacto con estos para encontrar financiamiento para sus campañas”, dice el investigador.

 

 

No es una sorpresa que Rafael Caro Quintero tenga intereses económicos en esta región fronteriza.

Caro Quintero es uno de los narcotraficantes prófugos más longevos de México, y uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, que tiene presencia en toda la costa oeste mexicana.

“De alguna manera Baja California forma parte de esas organizaciones criminales que controlan el corredor del Pacífico”, dice el académico.

Parecería que en ese intento por penetrar en la vida económica de la frontera más dinámica del mundo, el narcotráfico “se lleve entre las patas” a algunos los políticos, o que los políticos se relacionen con ellos.

“Lo que tiene sí tendría que cuidar mucho el alcalde en el ámbito moral y legal, sería que dentro de su actuar no tenga él directamente relación comercial con esa empresa”, dice la regidora Mónica Vega.

Aunque Must Co no tienen trato comercial con el ayuntamiento que preside Juan Manuel, la familia ha gozado de las relaciones políticas del panista.

El trabajo como asesora que tuvo Erika Francisca con el diputado Zamora García no es el único.

Parece que con Gastélum Buenrostro hay una tendencia por vincular a su familia con la función pública, a través de otros panistas.

Ahora su hijo Juan Manuel trabaja en el congreso local como asesor de la diputada panista, Alfa Peñaloza Valdez, reconoce el propio alcalde.

 

 

Y coincidentemente el hijo de la legisladora, Víctor Lagunas Peñaloza, ofrece servicios para las redes sociales del Ayuntamiento de Tijuana.

Lagunas Peñaloza administra redes sociales del gobierno y del alcalde a través de la empresa Five Star Promotions S.A. de C.V., confirma el titular de la dirección de Comunicación Social, Moisés Márquez.

Esta empresa registrada por las accionistas Noemí Mejía Borrayo y Alexia Isabel Acevedo Fonseca, goza de un contrato anual de 573 mil pesos con impuestos.

Moisés cree que el enroque entre los hijos de los panistas pudiera ser casualidad.

“No recuerdo que hubiera alguna indicación de contratarlo por ser hijo de la diputada”, dice Márquez.

 

 

El problema es que ante las sospechas, la ciudadanía deja de creer en los funcionarios.

“En medio de denuncias, de demandas, de un evidente mal ejercicio de los recursos públicos, pues yo creo que cualquiera de estas cosas le pega [al alcalde]”, dice Mónica Vega.

Y en cuanto a la presencia del crimen organizado, el investigador del Colegio de la Frontera Norte cree que el problema sustancial es que los gobiernos descuidaron la seguridad.

Dice que hasta hace unos años, había una coordinación eficiente entre las policías que facilitaron el blindaje de la región y ayudaron a bajar la incidencia delictiva.

“Yo creo que eso se relajó y ahora tenemos algunas consecuencias”.

Esa serenidad ha dejado en Tijuana una estela de 1,014 personas asesinadas en lo que va del año, la cifra más alta en los registros de la ciudad.

Esto sucede mientras los funcionarios Gastélum apuestan que un cambio de nombre comercial, reemplaza desmarcarse públicamente de un narcotraficante prófugo.

Maquillaje puro.