El presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha ordenado a las secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, de Hacienda así como a la Procuraduría General de la República (PGR) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) instrumentar una estrategia integral para combatir el robo de combustible al tiempo que ha lanzado un llamado para desmantelar por completo a estas bandas delictivas, cuyos integrantes son conocidos como “huachicoleros”.
La reacción del gobierno mexicano ocurre a un día de un enfrentamiento en Puebla entre militares y “huachicoleros” el cual dejó un saldo de 10 muertos, entre ellos 4 elementos castrenses. El ataque fue resultado de un operativo contra el robo de hidrocarburos. La agresión ha dejado al descubierto la gravedad de este delito y la capacidad de maniobra de estas agrupaciones criminales que según versiones oficiales han usado como “escudo” y “carne de cañón” a la población de las zonas donde operan.
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“El robo de combustibles es un delito, quienes lo practican exponen a sus familias y dañan a sus familiares. La delincuencia organizada engaña y utiliza al población para cometer ese ilícito”, dijo este viernes el mandatario mexicano durante la conmemoración del 5 de mayo en el Campo Marte. Peña Nieto lamentó la muerte de cuatro soldados y aseguró que esos “cobardes actos de agresión en contra del personal del Ejército mexicano” serán castigados.
A partir de la declaratoria de guerra que hiciera el gobierno mexicano en el año 2000 contra los grupos del narcotráfico, estas agrupaciones criminales diversificaron sus fuentes de ingreso, dedicándose también a la extorsión, secuestro y al robo de combustible de los ductos de Pemex, el cual deja a la empresa estatal pérdidas por unos 2000 millones de dólares.
En este entramado, el estado de Puebla figura como el principal territorio de las tomas clandestinas, aunque el principal bastión en la entidad es la zona del Triángulo Rojo, por la cual pasa un oleoducto de combustible a la Ciudad de México desde el estado de Veracruz. Sólo en los primeros cuatro meses del año, militares y policías decomisaron dos millones de litros de combustible, detuvieron a 340 presuntos ladrones, y se decomisaron 1080 automóviles usados para el tráfico de gasolinas, de acuerdo con cifras estatales.