Con la aprobación unánime del Congreso del Estado, la entrega de uniformes y útiles escolares gratuitos se integrará como un derecho constitucional para las y los estudiantes de nivel básico en escuelas públicas de Durango. Esta reforma busca garantizar la continuidad de un programa que ya operaba en la entidad y que ahora contará con respaldo legal para su permanencia en futuros ciclos escolares.
El secretario de Educación del Estado, Guillermo Adame Calderón, afirmó que esta modificación representa una medida de largo alcance, ya que asegura la entrega de apoyos escolares más allá de los cambios administrativos o políticos. “Esta decisión convierte una política sexenal en una garantía permanente para las familias duranguenses”, señaló.
El funcionario indicó que el programa, al contar con rango constitucional, adquiere estabilidad y se convierte en una obligación del Estado. Además, destacó el consenso alcanzado entre los grupos parlamentarios, lo cual, dijo, refleja una coincidencia en torno a la importancia de priorizar la educación pública.
Padres destacan apoyo en economía
Carlos Ramírez Espinosa, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, también se pronunció a favor de la reforma. Mencionó que esta política incide directamente en la economía de los hogares, al reducir el gasto destinado a materiales escolares, y también fortalece la equidad entre los estudiantes. “El uniforme y los útiles escolares permiten que todos los niños y niñas arranquen el ciclo en condiciones similares”, expresó.
Ramírez agregó que, además del ahorro económico, el uso de uniforme escolar tiene un impacto positivo en el sentido de pertenencia del alumnado. “Cuando todos llevan el mismo uniforme, se genera un ambiente de inclusión y confianza que favorece el proceso educativo”, indicó.
A partir de esta reforma, la Constitución local establecerá que cada ciclo escolar el gobierno deberá proporcionar, sin costo alguno, un uniforme de diario, uno deportivo y un paquete de útiles escolares a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en el sistema público.
Esta acción, según las autoridades educativas, busca garantizar condiciones mínimas para el acceso y la permanencia en la escuela, con un enfoque de igualdad para niñas, niños y adolescentes en todo el estado.
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