El próximo 1 de junio, México hará historia al celebrar por primera vez elecciones populares para cargos del Poder Judicial. Sin embargo, el proceso ya enfrenta serias controversias: este martes, el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtió que entre los miles de aspirantes hay candidatos con posibles nexos criminales.
En declaraciones a la prensa, Fernández Noroña —legislador del partido oficialista Morena— señaló que algunos postulantes “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad” y pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar sus candidaturas. “Sí, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar”, afirmó, sin ofrecer nombres o cifras concretas.
CONDICIONES QUE COMPROMETEN LA CONTROVERTIDA ELECCIÓN
La inédita reforma constitucional, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso, permite que por primera vez los ciudadanos elijan directamente a jueces, magistrados y ministros. En total, se someterán a votación 881 cargos federales —incluidos nueve ministros de la Suprema Corte— y 1,749 puestos judiciales locales.
El proceso ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Críticos advierten que abrir el Poder Judicial a elecciones populares podría poner en riesgo su independencia. Organismos como la ONU y el gobierno de Estados Unidos han expresado inquietudes, al igual que la mayoría de los actuales ministros de la Suprema Corte mexicana.
La polémica crece con la aparición de perfiles cuestionables. Medios locales han señalado el caso de Silvia Delgado, aspirante a jueza penal, quien integró el equipo legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el célebre narcotraficante condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Otros candidatos han sido vinculados a decisiones judiciales que favorecieron a criminales, así como a casos de desapariciones, asesinatos o violencia de género.
LAS ESPERANZAS DE UN PROYECTO CON PROBLEMAS
Fernández Noroña minimizó el impacto sobre el proceso electoral, asegurando que “no son muchos” los casos irregulares detectados. El Senado, además de revisar los perfiles, fue responsable del sorteo que definió a los candidatos.
La reforma, considerada sin precedentes a nivel mundial, pretende democratizar el acceso al Poder Judicial, pero enfrenta críticas por su potencial para abrir la puerta a presiones políticas o del crimen organizado. A medida que se acerca la fecha de votación, crecen los llamados a reforzar los filtros de selección y garantizar que quienes accedan a estos cargos cuenten con trayectoria y probidad incuestionables. N
(Con información de AFP)
