La Red Lupa, junto a diferentes organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que las instituciones del estado de Guanajuato se han quedado rezagadas para atender la problemática de las personas desaparecidas, mediante el estudio En la Lupa Guanajuato.
Esto es parte del proyecto“Si no buscamos nosotras, nadie lo hará”, el cual está financiado por la Unión Europea, y ha incluido entre sus objetivos integrar una Red para realizar una evaluación ciudadana de la implementación de la Ley General y de las leyes locales en materia de desaparición de personas y construir un espacio de diálogo y debate público a nivel federal y estatal.
Participaron 48 organizaciones de las 32 entidades del país. Por Guanajuato, las firmantes fueron la Plataforma de la Paz y la Justicia en Guanajuato, el colectivo Proyecto de Búsqueda de familias de personas desaparecidas.
Advirtieron que la Comisión Estatal de Búsqueda no brinda información suficiente sobre cómo se planifican las búsquedas y cómo definen los puntos de búsqueda, mismos que son aportados por las mismas familias y colectivos de búsqueda.
“No se conoce ningún ejercicio de análisis de información o contexto por parte de la institución para establecer estos puntos”, advierte el estudio.
Sobre la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado (FGE) señalaron que las deficiencias las encuentran las familias cuando acuden a las agencias de la Fiscalía en los municipios más pequeños, pues los ministerios públicos no tienen la capacitación adecuada para la atención a las víctimas ni entienden cómo operar los protocolos.
En cuanto a los servicios periciales, aclararon que a pesar de que tienen recursos y presupuestos considerables, no hay resultados visibles de sus actuaciones. Por ello, advirtieron que existe un rezago mayor en la identificación y entrega de restos humanos. El Centro de Identificación Humana cuenta con personal, edificio y tecnología pero continúa aumentando el rezago forense.
“Se procesan casos desde el 2020 pero anterior a este año no hay acciones. Se intentó llevar a cabo una mesa de identificación y exhumación forense con Colectivos y familiares pero no volvió a sesionar, nunca se les presentó el plan de trabajo por región”.
Sobre el Poder Judicial, consideraron que las Declaraciones Especiales de Ausencia por Desaparición no tienen el debido proceso, debido a que muchos familiares de personas desaparecidas llevan más de dos años sin obtener la sentencia y por lo tanto no tienen derecho a los efectos que buscan en sus casos, como la patria potestad y la guardia y custodia de niños, niñas y adolescentes.
Respecto al Congreso del Estado, recordaron que los colectivos y defensores de derechos humanos han urgido y presentado modificaciones a la Ley en materia de desaparición de personas, pero en general no aceptan las necesidades presentadas.
