La presidenta de Perú, Dina Boluarte, puso en riesgo su gobierno a raíz de un escándalo que ya ha sido nombrado ‘Rolexgate’. La mandataria enfrenta una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de unos relojes Rolex que no habría declarado entre sus bienes.
Baluarte deberá explicar esta semana a la fiscalía la procedencia de estos relojes. Sin embargo, su suerte más que de la justicia depende del Congreso, donde la izquierda promueve su destitución.
Boluarte, que asumió el poder en diciembre de 2022 en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, será escuchada por los fiscales el viernes por primera vez desde que la policía allanó su vivienda y despacho presidencial el 30 de marzo.
LA PRESIDENTA DE PERÚ EN MEDIO DE LA TORMENTA POR EL “ROLEXGATE”
La mandataria de 61 años es investigada a raíz del “Rolexgate” que estalló a mediados de marzo por una investigación periodística. Este lunes 1 de abril seis ministros renunciaron en medio de la tormenta. El futuro de su mandato, que concluye en julio de 2026, “es incierto, a pesar de que se juega por dos cuerdas separadas que son la judicial y la política”, dijo a la AFP el analista Augusto Alvarez Rodrich.
Ante el escándalo que produjo el allanamiento al domicilio de la mandataria, Boluarte solicitó adelantar la fecha de su indagatoria, aunque la fiscalía todavía no se ha pronunciado sobre ese pedido. En la diligencia ella deberá exhibir y justificar la compra de la supuesta colección de al menos tres relojes Rolex, que la prensa le atribuye a través de diversas fotografías publicadas en los últimos días.
La fiscalía, sin embargo, puede investigarla por un máximo de ocho meses desde que empezó a hacerlo en marzo. Si decide acusarla deberá esperar a que termine su mandato en julio de 2026 para llevarla a juicio, según fija la Constitución.
Así que sería en “el terreno político, el Congreso, donde se decidirá si ella permanece en la presidencia”, subrayó Alvarez. La fiscalía ya investiga a Boluarte desde 2023 por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, por la muerte de más de 50 civiles “durante las movilizaciones sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023” que pedían su renuncia y adelanto de elecciones.
DESCARTA LA RENUNCIA AL GOBIERNO
El parlamento unicameral comenzó el trámite de una moción de vacancia (destitución) por “permanente incapacidad moral” presentada por Perú Libre, partido izquierdista al que perteneció Boluarte. El pedido es apoyado por 30 congresistas, pero para ser admitido a debate requiere más de medio centenar de votos de los 130 legisladores.
Solo después se iniciaría un juicio político contra la mandataria de Perú por el “Rolexgate”. Para ser destituida, la oposición requiere reunir más de 86 votos. En ese contexto, el primer ministro Gustavo Adrianzén irá el miércoles al Congreso para exponer la política general del gobierno y solicitar un voto de confianza, en un acto que estaba previsto antes de que se desencadenara la crisis.
El Congreso es controlado por una mayoría de partidos de derecha y ultraderecha, que son el sostén de Boluarte. Ella carece de bancada propia. “Hasta el momento no hay posibilidades de una vacancia porque el Congreso es consciente de que sería inevitable convocar a elecciones adelantadas y prefiere evitar ese riesgo”, según Alvarez, también columnista del diario La República.
El escándalo detonó cuando su popularidad no supera 10 por ciento en las encuestas. Boluarte anunció que no renunciará e insistió en que aclarará el caso de los relojes ante la fiscalía. También ha denunciado un “ataque y acoso sistemático” con el fin de debilitar a su gobierno. N
(Con información de AFP)
