Después de varios meses de trabajo, el Congreso de Aguascalientes aprobó una serie de modificaciones en el Código Penal Estatal a fin de despenalizar el aborto, como lo había ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a finales de agosto de este año.

El presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Jaime González de León, explicó que, para llevar a cabo este ejercicio, los diputados acordaron sesionar en privado, emitiendo sus votos a través de cédulas.

“Esto derivó de un gran acuerdo entre los 27 diputados y diputadas, y el acuerdo fue que sesionáramos en privado, y lo establece la Ley Orgánica. Esa sesión se llevó a cabo el día de ayer, se sesionó en privado, existe la posibilidad de que la votación se haga por cédula, así se llevó, por lo tanto, no se sabe quiénes votaron en un sentido y quienes votaron en otro”.

El legislador panista señaló que la votación recibió una mayoría a favor, con el objetivo de dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte.

Con esta aprobación, se reformaron los artículos 101, 102 y 103, así como el párrafo IV del artículo 196 del Código Penal de Aguascalientes. Ahora, la ley establece lo siguiente:

• – El aborto es la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación.
• – Al responsable de aborto se le aplicarán de 6 meses a 1 año de prisión y el pago total de reparación de los daños.
• – Si la mujer o una persona gestante únicamente interviene otorgando el consentimiento para que otro le aplique un aborto, se le aplicarán de 1 a 3 años de prisión y de 40 a 80 días de multa.
• – El aborto forzado consistirá en la interrupción del embarazo en cualquier momento sin consentimiento de la mujer embarazada o persona gestante. Al responsable se le aplicarán de 3 a 6 años y de 70 a 120 días de multa, y al pago de la reparación de los daños.
• – Si existe violencia física sobre la mujer embarazada o persona gestante, al responsable se le impondrán de 6 a 8 años de prisión y de 80 a 160 días de multa.
• – No se aplicarán sanciones en caso de que el aborto sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada; cuando el embarazo haya sido causado por hechos como violación o estupro; cuando sea aplicado para salvar la vida de la persona gestante, a juicio del médico que la asista, ni cuando sea aplicado al detectar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que den como resultado daños físicos o mentales.

El legislador apuntó que los médicos tendrán la obligación de proporcionar a las usuarias la información objetiva, veraz y oportuna sobre los procedimientos, consecuencias y afectos, así como los apoyos y alternativas existentes para que puedan tomar una decisión de manera libre, informada y responsable.

Finalmente, reconoció que el tema podría generar una serie de manifestaciones en contra del aborto por parte de diversas organizaciones. Ante ello, indicó que el Congreso de Aguascalientes será respetuoso de todas las opiniones.

Cabe recordar que esta modificación se impulsó por parte de diversas organizaciones civiles de Aguascalientes y de representación nacional, como GIRE, Morras Help Morras, TERFU, CECADEC y Cultivando Género. El tema llegó hasta la SCJN, autoridad que ordenó la despenalización del aborto en la entidad. Posteriormente, dio la misma orden a nivel federal.

Falta trabajo por hacer, señalan asociaciones

Por su parte, la integrante de Cultivando Género A.C., Angélica Contreras, indicó que, si bien este es un cambio importante en Aguascalientes, las autoridades y las asociaciones tienen que trabajar aún más para garantizar la salud de las mujeres y personas gestantes.

Por ejemplo, mencionó que se debe revisar la existencia del presupuesto y la infraestructura necesaria para que se pueda acceder a un procedimiento de aborto en todos los municipios.

“Este es el inicio de otros procesos, porque ahora falta adecuar el tema a la ley de salud y también ver la parte de presupuestos para que el procedimiento pueda garantizarse en todos los municipios”., dijo. “Si ya se despenalizó, el sector salud tiene que garantizar eso, garantizar la salud de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

En este sentido, afirmó que las asociaciones seguirán atentas a las decisiones que se tomen en materia de salud y derechos reproductivos.