La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) hizo un llamado a autoridades locales y estatales para que atiendan a las más de 900 víctimas de violación de derechos humanos en la entidad.
Para ello solicitó al Gobierno del Estado, la instalación del Sistema Estatal de Atención a Víctimas, que incluye una Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas y un Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
Este sistema se contempla desde 2018 en la Ley de Víctimas para el Estado de Baja California, pero no ha contado con presupuesto para su creación.
Por eso, al Poder Legislativo le recomendó la asignación de recursos para el funcionamiento de este sistema.
“Esta recomendación es dirigida a todas las víctimas para visibilizar y darle voz, nombre y rostro”, dijo Miguel Ángel Mora Marrufo, ombudsperson de la CEDHBC.
Entre 2011 y 2019, la CEDHBC emitió 178 recomendaciones en la entidad, pero solo el 17% fueron atendidas.
De 2015 a la fecha, la comisión estatal acreditó a 958 personas como víctimas de violaciones a derechos humanos. Sin embargo, las autoridades solo se han responsabilizado de 15.
La Comisión no puede sancionar a las autoridades si éstas no atienden las recomendaciones, pero sí puede dar recomendaciones individuales, tomar medidas cautelares y realizar exhortos para presionar.
En rueda de prensa, este jueves, Mora Marrufo dio lectura a cinco recomendaciones generales para la atención de víctimas, también para determinar garantías y protocolos que aseguren su protección y no revictimización.
Están dirigidas a la Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, a la Legislatura del Estado, los cinco ayuntamientos y al gobierno estatal.
Entre estas está la designación de servidores públicos para dar seguimiento, realizar las gestiones necesarias para que todas las víctimas sean recompensadas y solicitar recurso para ello al Congreso del Estado.
Mora Marrufo mencionó que las recomendaciones generales ya fueron entregadas por escrito hace una semana y que los ayuntamientos de Tijuana y Ensenada ya respondieron, asegurando que están en disposición de apoyarlas.
Entre las víctimas identificadas en Baja California, se encuentran 600 habitantes de Lomas del Ruby que en el 2018 perdieron sus viviendes a causa de un deslave, pero también se incluye a víctimas de tortura, desparación forzada, y casos de fallecimiento por omisiones médicas, entre otras violaciones a derechos humanos.
