Se les conoce como “sembradores de agua” porque lograron recuperar el manto acuífero de su región, en el valle de Ocotlán. Ahora temen que la decisión de EPN permita la explotación del recurso y lo vuelvan a perder.

Los campesinos zapotecos del valle de Ocotlán, Oaxaca, vivieron en 2005 una fuerte sequía que se prolongó por tres años. También por esas fechas se enteraron de que en su región existía un decreto de 1967, el cual establecía una veda de agua para uso agrícola, con la que los campesinos de la región debían pagar hasta 24,000 pesos para acceder al líquido.

De ahí su preocupación y rechazo ante los decretos firmados, el pasado 5 junio, por el presidente Enrique Peña Nieto, en los que se eliminó la veda de 295 cuencas hidrológicas en el país (que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos del país).

Entre las cuencas donde se levantó la veda se encuentran dos de Oaxaca: Papaloapan y Atoyac. Ahí se ubican los ríos Cortijos, Ometepec o La Arena, Atoyac-Salado, Papaloapan, Valle Nacional, Paso de la Reina y Río Verde, entre otros.

Los funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a escala federal y en Oaxaca aseguraron que los decretos tienen la finalidad de garantizar y beneficiar a la población con el uso doméstico, medioambiental y público urbano a través de concesiones, pero los campesinos ocotlecos aseguran que dicha figura es solo un papel que no les garantiza el acceso al líquido y que los decretos son un recurso para privatizarla.

“En este momento la Conagua solo nos da un cierto volumen de agua que no alcanza para regar nuestras tierras durante el año. Es un engaño eso de que por medio de concesiones van a apoyar, en todo el tiempo que he vivido en el campo, el campesino no ha tenido beneficios, y llevo 45 años viviendo aquí”, dice Ángel Ruiz Méndez, presidente de la Coordinadora de los Pueblos Unidos por la Defensa del Agua (Copuda).

Junto a Ángel Ruiz se encuentran otros campesinos de San Sebastián, San Antonino Castillo Velasco, San Pedro Mártir, San Pedro Apóstol, San Felipe Apóstol y Santiago Apóstol, algunas de las 16 comunidades afectadas por la veda de 1967 (decretada por el presidente Gustavo Díaz Ordaz) y la sequía ocurrida entre 2005 y 2008 que provocó migración y los obligó a movilizarlos.

LOS SEMBRADORES

La sequía motivó a los campesinos zapotecos a buscar alternativas para sortear la falta de agua.

Primero comenzaron a trabajar de manera rústica, hicieron lo que ellos llaman un arenero, un pozo de dos anillos de 90 centímetros hecho con concreto, arena y grava, que funciona a manera de filtro, donde se quedan los residuos del agua de lluvia, mientras que esta pasa por un tubo conectado a un pozo de absorción.

Obtuvieron agua así y comenzaron a trabajar en otras comunidades, apoyados por la organización Flor y Canto, pues las autoridades locales no quisieron contribuir.

Actualmente las 16 comunidades de la región cuentan con 300 pozos de absorción en lugares estratégicos para captar agua de la lluvia. Luego planearon las ollas y finalmente los retenes, con los que recolectan el agua para poder realizar su trabajo diario: el de la agricultura.

Los campesinos zapotecos cultivan rábano, cilantro, cebolla, epazote, chile, flores como la penumbra, crisantemos, casa blanca, rosas, los cuales son su sustento familiar.

“La Conagua no ha puesto un grano de arena para fortalecer los mantos acuíferos; nosotros los campesinos hemos revertido la escasez y hemos visto los resultados”, comenta Ángel Ruiz.

QUE EL AGUA SEA LIBRE

Las obras de captación de agua realizadas en las 16 comunidades les sirvieron como fundamento para demandar sus derechos. En abril de 2013, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa obligó a la Conagua a realizar una consulta indígena para votar por la posible modificación del decreto de veda. Algo que hasta la fecha, según denuncian los campesinos, sigue su curso, pero con una serie de violaciones al proceso.

Además, las multas por excedentes fueron suspendidas. También lograron prórrogas de subsidio de energía eléctrica para el campo a concesiones vencidas. Pero su mayor logro, sin duda, ha sido ver renacer el agua en sus tierras: por eso, precisamente, es que les llaman los sembradores de agua.

Los campesinos señalan que la tierra es la madre de las comunidades porque de ella sale el sustento; es la vida misma: el agua es la sangre que corre por ella y una herencia de sus ancestros. “Sabemos nuestros derechos indígenas, sabemos cómo utilizar el agua, porque de eso vivimos, y sin embargo, las autoridades quieren venir a decirnos cómo utilizarla”.

Su mayor preocupación es qué va a pasar con los pueblos, ya que no fueron consultados sobre los decretos anunciados por el presidente Peña el 6 de junio, en los cuales cambian el estatus de zonas de veda a zonas de reserva. Desde luego, también les preocupa la veda que para ellos sigue vigente.

La propuesta de la Conagua respecto a la veda de 1967 es hacer un censo a la comunidad zapoteca que registre el número de integrantes de cada familia y los animales con los que cuentan para así darles la cantidad de agua requerida. Pero los campesinos argumentan que si la familia aumenta el volumen de consumo ya no será suficiente y nuevamente tendrán que pagar.

La Conagua busca establecer una zona reglamentada, una concesión colectiva con un volumen de consumo específico, medidores volumétricos y ser la autoridad administradora del agua. La propuesta de las comunidades afectadas es de coadministración, un plan de manejo y cuidado integral del líquido; un reglamento comunitario y el reconocimiento de sus derechos a escala nacional e internacional. Además, los campesinos piden al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que el agua sea libre.

VEDA CONTRA RESERVA

Los campesinos ocotlecos consideran que las zonas de reserva parcial de los decretos de Peña Nieto tienen efectos jurídicos contrarios a los que se expusieron de manera oficial: “Solo flexibilizan o legalizan la explotación del agua”.

En esto coinciden también organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos en Oaxaca, así como el abogado y catedrático de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), Jesús Matías Hernández, quien señala que los decretos tienen la intención de legitimar la extracción de grandes volúmenes de agua para la técnica de fracking, que es una extracción de petróleo a grandes profundidades. “Por eso levantaron la veda, de alguna manera legaliza la explotación”, sostuvo.

Su argumento se basa en la diferencia entre zona de veda y zona de reserva de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, vigente al día de hoy, pero que no contempla la reforma al párrafo 5° del artículo 27 de la Constitución mexicana que cambia el régimen sobre las aguas nacionales. Tampoco contempla el derecho humano al agua, establecido por la ONU en 2010.

Matías Hernández explica que, de acuerdo con la fracción LXV de dicha ley, una zona vedada no autoriza ningún aprovechamiento de agua, adicional a lo establecido previamente a su promulgación.

En cambio, en una zona de reserva (fracción LXIV del artículo 3 de esa misma ley) se puede realizar, aunque con algunas limitaciones, para la explotación, uso o aprovechamiento de una porción o la totalidad de las aguas disponibles, con la finalidad de prestar un servicio público, implantar un programa de restauración, conservación, preservación o cuando el Estado resuelva explotar dichas aguas por causa de utilidad pública.

El abogado explica que la “utilidad pública” es básicamente un concepto sinónimo de beneficio popular, es decir, que no favorezca a una persona física o moral, sino que se beneficie el pueblo. Aunque, precisa, “en la práctica ha sido lo contrario”.

En este contexto, agrega, la creación de zonas de reserva parciales garantiza un volumen para los usos público urbano y ambiental o para conservación ecológica en las cuencas hidrológicas. No obstante, podría liberar una porción o la totalidad de las aguas disponibles para la explotación, de cualquier uso, incluyendo el sector industrial, si las autoridades lo consideran de utilidad pública.

RESERVA NO AFECTA A CAMPESINOS

El coordinador de actividades de Conagua Pacífico Sur, Noel Espinoza, asegura que las reservas establecidas por el presidente Peña Nieto no afectan a las poblaciones del valle de Ocotlán, ubicadas aproximadamente a una hora de la capital, pues las cuencas están ubicadas en otra zona.

Explica que, en el caso de Oaxaca, los decretos establecen una reserva de 80 por ciento de la disponibilidad de las cuencas y un 20 por ciento que podrá ser concesionado, de acuerdo con la prioridad que establece la Ley de Aguas Nacionales, la cual da preferencia al uso doméstico, público urbano, agricultura y acuacultura, aunque admite que, una vez que se cumpla con las necesidades, podría concesionarse a un industrial u otro servicio.

“A través de este esquema podrían otorgarse concesiones y apoyos de Sagarpa a los campesinos y grupos de agricultores que no han podido acceder a ellos”, destaca el funcionario.

Los campesinos de Ocotlán esperan que se resuelva positivamente su caso, pues a pesar de que se viola su derecho humano al agua, ellos han logrado por sus propios medios recuperar hasta 80 por ciento de la recarga del acuífero de la zona.