Tijuana, B.C.- Desde multas económicas hasta llevar un proceso penal, podrían ser las sanciones que se proponen en una iniciativa de reforma en el Código Penal de Baja California en contra de las “empresas golondrinas” que dejan sin liquidación a sus colaboradores.
Alejandro Arregui, secretario de Trabajo y Previsión Social en el Estado, informó que en conjunto con la diputada local, Michelle Sánchez, se presentó una iniciativa para fortalecer las sanciones y penas en contra de las empresas que cierran operaciones y evaden la responsabilidad con sus colaboradores.
La iniciativa consiste en incluir un capítulo al Código Penal, en el que se establecen sanciones que van desde multas hasta la pena de prisión de cuatro años para patrones y representantes legales que no paguen lo que por ley corresponde a los colaboradores, una vez que la empresa cierra operaciones.
Arregui compartió que desde octubre de 2023 a marzo de 2024, tienen el registro de seis empresas que incurrieron en cerrar la planta sin cubrir las liquidaciones que corresponde.
Indicó que las empresas que empleen estás prácticas estarán cometiendo un delito por evasión fiscal, ya que también, eluden a la autoridad tributaria, además de uno en materia laboral.
Algunas de las empresas que realizan estás prácticas, suelen ser aquellas que llegan a la ciudad para proyectos específicos y cuando lo concluyen se van sin pagar.
En los recientes casos del call center Sigue Corporation y la empresa Rancho la Puerta dijo que identificaron que -en el caso de Rancho la Puerta- la empresa responsable era una que se había subcontratado con la que no concluyó un proceso de conciliación, por lo que los colaboradores se fueron a tribunales laborales.
En el caso del call center dijo que en algunos casos sí se logró una conciliación, y en otros decidieron llevar el caso a tribunal. N
