La herencia de Carpio, el primer fiscal de la gobernadora Marina del Pilar

Cuando Marina del Pilar Ávila Olmeda inició su mandato, el fiscal general del estado de Baja California era el abogado Guillermo “El Titi” Ruiz Hernández, propuesto a esa posición por el exgobernador Jaime Bonilla. Ruíz presentó su renuncia en cuanto se llevó a cabo el cambio de gobernador, lo cual ya durante la transición había ofrecido. La gobernadora Marina del Pilar solicitó al Congreso del Estado una modificación constitucional para hacer viable la candidatura del Lic. Ricardo Iván Carpio quien no cumplía con el requisito de 10 años de ejercicio profesional a partir de la expedición de la cédula profesional, para lo cual se redujo a 5. En enero de 2022, el nombramiento por 6 años de Carpio fue aprobado por el Congreso del Estado. En agosto de 2023, 19 meses después de ocupar la titularidad de la fiscalía, presentó su renuncia. Apenas duró un cuarto del período para el que fue electo.

Durante su gestión, Carpio dejó una herencia de homicidios e impunidad por homicidio doloso que sitúa al estado como uno de los lugares de mayor impunidad no solo en México sino en todo el mundo. De enero de 2022 a julio de 2023 se cometieron 3,635 homicidios dolosos, una tasa aproximada de 65 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que en el país fue de 21, es decir que en Baja California se cometieron el triple de homicidios dolosos de los que se cometieron a nivel nacional.

Durante la gestión de Carpio se abrieron 767 causas penales y se imputaron a 1,169 personas, y fueron 508 los sentenciados durante este período, lo cual no quiere decir que lo hayan sido por homicidios cometidos durante estos 19 meses. Es decir, que, de los 3,635 homicidios cometidos, solo al 21%, uno de cada 5, la fiscalía le abrió una causa penal ante el poder judicial. El resto, un 79% ni siquiera ha tenido la oportunidad de ser juzgado por que no se le ha abierto una causa penal. Por otro lado, la cantidad de imputados, 1,169, equivale al 32% de los homicidios dolosos cometidos. Esto implica que del 68% de los homicidios no hay siquiera un acusado de haberlo cometido.

Pero la estadística de sentenciados es aún más alarmante. Durante la gestión de Carpio, fueron sentenciadas 508 personas por el delito de homicidio doloso, lo cual no quiere decir que lo hubieran cometido entre enero de 2022 y agosto de 2023. Suponiendo que así fuera, en el mejor de los casos, solo el 14% de los homicidios cuenta con alguna persona sentenciada por haberlo cometido. Esto equivale a una impunidad de 86% en materia de homicidios dolosos que deja Carpio como herencia.

Es importante recordar que es la Fiscalía General del Estado de Baja California, cuyo titular hasta agosto de 2023 era Ricardo Iván Carpio, la responsable de presentar ante el poder judicial las acusaciones por homicidios, y de presentar las pruebas que permitan a los jueces decidir si son suficientes para sentenciar al inculpado. La dependencia que omitió presentar causas penales para hacerle justicia a 2,868 personas asesinadas, es la fiscalía. También es esa instancia la que solo ha logrado 508 sentencias dejando a 3,127 asesinatos sin alguna persona juzgada por haberlos cometido.

Adicionalmente a los datos duros sobre homicidios e impunidad que Carpio deja por herencia, habría que señalar la impunidad de casos de periodistas como lo fueron Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López de cuyos homicidios solo se detuvo a autores materiales y siguen sin enfrentar a la justicia los autores intelectuales desconociéndose el móvil de ambos asesinatos. Durante su gestión, algunos de sus colaboradores cercanos se vieron involucrados en distintos incidentes como el de su secretario que fue detenido al intentar cruzar con metanfetaminas a los Estados Unidos.

En lugar del fiscal Carpio fue designada por el Congreso del Estado, a propuesta de la gobernadora Marina del Pilar, la Lic. María Elena Andrade. Se trata de una servidora pública con una carrera en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública que le permiten un conocimiento de todas las áreas que tendrán que ver con su gestión como fiscal. Ha estado en el poder judicial, en la fiscalía en diversos cargos, fue la secretaria técnica para la implementación del nuevo sistema de justicia penal cuyos resultados fueron reconocidos en todo el país, estuvo al frente de la policía municipal durante la gestión de la actual gobernadora como presidenta municipal de Mexicali, y su cargo más reciente fue el de comisionada estatal del sistema penitenciario. Es sin duda, una de las fiscales mejor preparadas que hemos tenido en Baja California que goza además de un gran prestigio como persona honesta sin escándalos ni acusaciones de corrupción.

Dadas las presiones de gente cercana que se especula tuvo la gobernadora en la designación de su primer fiscal, podemos decir que ahora sí, María Elena Andrade es la primera fiscal de la gobernadora Marina del Pilar. N