DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS
Este artículo es el último de una serie de cuatro. En los tres anteriores comentamos cómo se inició en el país el cultivo de drogas y el enorme impulso que le dio la Segunda Guerra Mundial a la zona de Badiraguato, Sinaloa, México.
Vimos también cómo se armó la red de influencias políticas para cuidar el tráfico de estupefacientes y los acuerdos no escritos con los estadounidenses que beneficiaron a los cárteles mexicanos. También se mencionó el problema generado al no cambiar las reglas de acceso al poder cuando llegó la democracia a México. Hemos visto causas. Ahora nos ocuparemos de los efectos.
La alternancia democrática se dio precisamente en Baja California, en 1989, con el ascenso a la gubernatura de un panista: Ernesto Ruffo Appel.
Ruffo llegó a un estado donde el contrabando era una institución bien cimentada, los acuerdos entre mafias y autoridades venían de muy atrás, y el riesgo de trastocarlos pudo complicar mucho las cosas a un gobernador cuyo partido aún no tenía la suficiente presencia en el país.
Para entenderlo con facilidad imaginemos por un momento que usted, querido lector, se convierte en el primer gobernador electo de la oposición en BC. Esto suena fantástico, pero si observa con detenimiento no lo es tanto. Para poder hacer cambios usted necesita tanto de un Congreso como de una infraestructura burocrática favorable, y en este caso el Congreso era de mayoría priista.
Es como si usted tiene un coche la mar de poderoso, pero en todas las carreteras que circula, tanto la policía como las casetas pertenecen a sus adversarios. O pacta y negocia, o nomás no avanza.
NEGOCIAR CON EL NARCO
Así, Ruffo se vio obligado a negociar con el narco y también con los estadounidenses. Y lo conveniente fue: “Flojito y cooperando” con México, y “Business as Usual” con los yanquis.
Una cosa quedó clara, y fue que la democracia, por el momento, no iba a cambiar los pactos alrededor del narco.
Baja California fue el principio del cambio luego. vinieron Chihuahua, Guanajuato y Jalisco. En 1997 sucedieron dos cosas, por un lado, se perdió el control de la Cámara de Diputados y, por el otro, el Distrito Federal lo ganó el Partido de la Revolución Democrática.
Un año después Zacatecas también se sumó a las filas del PRD y le siguieron Tlaxcala, Aguascalientes y BCS. Así se fue desgranando la mazorca priista, hasta que en el año 2000 el PRI perdió la presidencia y la cedió al PAN con Vicente Fox Quesada como presidente.
El país se estaba transformando y los cárteles no se quedaron atrás, los cambios venían dándose desde 1985. Hasta ese año dos grandes organizaciones concentraban el tráfico de drogas en México. El Cártel del Golfo y el Cártel de Guadalajara. Pero el asesinato de Enrique Camarena, un agente de la DEA, vino a cambiar el panorama.
La culpa recayó sobre el Cártel de Guadalajara, y sus líderes fueron apresados. Así se desintegró la organización, que se dividiría en tres, los cárteles de Sinaloa, Juárez y Tijuana.
Juárez vio un auge importante en sus operaciones cuando decidió comprar aeronaves de pasajeros y transformarlas para transportar droga en cantidades masivas desde Colombia hasta México, para luego internarlas en Estados Unidos, por tierra, mediante otra ingeniosa red que era prácticamente imparable.
MÁS CÁRTELES DE LAS DROGAS
El Cártel del Golfo también se dividió y de este surgieron Los Zetas, Grupo Ciclones, Los Metros, Los Rojos, Los 8-A, etcétera. De un cártel, con el tiempo, surgían varios para abastecer la demanda. Los cárteles podían desaparecer, pero la demanda estaba ahí, esperando a alguien que la surtiera.
Amado Carrillo comandaba el Cártel de Juárez. En 1997 murió, pero el negocio de la droga siguió creciendo paralelo a la demanda en Estados Unidos. El poder económico que hoy en día tienen los cárteles es enorme. Definirlo es complicado, pues al ser negocios que operan en la clandestinidad no reportan a nadie sus ingresos. Para calcularlos dependemos de los reportes de agencias gubernamentales a las que les conviene exagerar.
Hay una organización estadounidense, integrada por académicos de gran prestigio, a la que el gobierno de Estados Unidos le encargó en 2012 un estudio para determinar los ingresos del Cártel de Sinaloa, el que se presume es el más grande en nuestro país.
La institución se llama RAND Corporation. Después de un minucioso estudio en 2012, RAND determinó que la utilidad del Cártel de Sinaloa había sido de 3,000 millones de dólares en ese año. En pesos del 2012, aproximadamente 40,000 millones.
Este número adquiere sentido cuando se le compara con el presupuesto del Ejército mexicano para el año, que fue de 55,000 millones de pesos. Es decir, la utilidad del cártel fue el 75 por ciento del total del dinero que se le dio al Ejército ese año. Un poder económico brutal, una parte del cual se gastó en armar a las fuerzas paramilitares del cártel y otra, por supuesto, en sobornos.
DEMOCRACIA Y NARCOTRÁFICO
La apertura democrática viene a ser un terreno de fácil penetración para el narco. Desde siempre las elecciones se han ganado con prebendas, ya sea a los corporativos políticos o a los pobladores.
Así, el regalo de tanques de agua o costales de cemento a los pobladores es una tradición en las campañas que, a ojos vistas, se paga con dinero. Y si algo tienen los cárteles es plata. De modo que los grupos criminales se acercan a los partidos para ofrecer dinero a cambio de espacios políticos.
Este fue un punto de quiebre en la política mexicana, pues hasta entonces, la candidatura de un personaje a un puesto de elección requería del beneplácito de la cúpula del PRI, y la lealtad del funcionario estaba con el sistema.
Un ejemplo claro del cambio se dio con la diputada por Cosoleacaque, Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez. Lucero fue primero pareja de Joaquín Guzmán, el Chapo, luego aprendió de su pareja el oficio del narcotráfico, y después el cártel le financió tanto la candidatura como la campaña para ganar la diputación por el municipio.
La lealtad de la diputada Sánchez estaba comprometida con el Chapo Guzmán antes que con el líder de su partido, el de la Cámara, o el mismísimo gobernador del estado.
El poder del narco empezó con puestos menores, diputaciones locales, regidores, presidencias municipales. A donde llegaban, de inmediato disponían de los recursos del puesto y la influencia que da el poder político.
Los partidos políticos, algunos sin percatarse y otros a sabiendas, abrieron sus puertas a cambio de maletas de dinero para cubrir sus gastos. Así hubo desde síndicos hasta presidentes municipales.
POLÍTICOS ALIADOS DEL NARCO
Uno de los más célebres es José Luis Abarca, quien fuera presidente municipal de Iguala por el PRD y que hoy está hoy preso por el caso Ayotzinapa. Abarca compró en el último momento, y por 2 millones de pesos, su candidatura y desplazó al candidato que había ganado la selección del partido, Oscar Díaz.
Los intereses del Cártel de los Beltrán Leyva financiaron su candidatura. La esposa de José Luis Abarca, María de los Ángeles Pineda, era hermana de los principales operadores de los Beltrán Leyva.
Hoy hay en todos los niveles de gobierno elementos cuya lealtad está comprometida con el narco. Algunos funcionarios han gobernado desde la cárcel, como Alfonso Miranda Gallegos, alcalde de Amacuzac, a quien se le identifica como tío de Santiago Miranda, presunto líder del grupo delictivo Los Rojos.
Miranda Gallegos fue acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro. Por estos ilícitos fue apresado el 6 de mayo del 2018, pero su candidatura salió en la boleta electoral de ese año y resultó electo; por ello gobernó unos meses desde la cárcel.
Su sobrino Santiago Mazari Hernández es el líder de Los Rojos y la DEA ha determinado una participación creciente de este grupo en la introducción de heroína en Estados Unidos.
En el nivel de gubernatura tenemos, como botón de muestra, al gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, quien se presume tiene vínculos con el grupo criminal Los Zetas y el Cártel del Noreste. Gallardo fue antes presidente municipal, diputado federal, y ahora gobernador del estado.
En su expediente hay de todo, desde procesos por fraudes y desfalcos hasta ligas con el narcotráfico, pero inexplicablemente las investigaciones en su contra no prosperan.
SIN COMPROMISO CON EL ESTADO
La lista, si se le sigue, abarca un gran sector de la administración pública tanto local como federal. Estos funcionarios no están comprometidos ni con el sistema ni con sus representados, sino con alguna rama del crimen organizado.
Y a todo esto se suma en nuestra contra una política presidencial contraria al sentido común denominada “abrazos, no balazos”. El resultado ha sido un incremento en los índices delictivos prácticamente en todo el país. Las cifras en el cuarto año de gobierno suman: 121,654 muertes violentas, superando las de su némesis, Felipe Calderón, que durante toda su administración contabilizó 120,463.
Recientemente, el asesinato de dos religiosos jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, indignó a la opinión pública que desde todos los foros pidió un cambio.
El presidente López Obrador, sin embargo, se niega a cambiar. Ha llegado al exceso de decir: donde predomina una banda del crimen, las tasas de homicidios son menores, como es el caso de Sinaloa y Durango.
Es decir, admite que en Sinaloa y Durango quien manda es el crimen. Y cree que con cariñitos los narcotraficantes van a renunciar a un poder económico que excede por mucho el que se obtiene con los negocios legales.
Así claudica a la responsabilidad primordial del gobierno: garantizar la seguridad de sus gobernados entregando el país a los diversos grupos criminales para que gane el mejor e imponga su ley para crear un Estado paralelo clandestino.
Hoy tenemos en el territorio nacional dos grupos armados claramente definidos: las Fuerzas Armadas de México y los cárteles mexicanos. Los primeros están dedicados a hacer adobes para construir cuarteles, trenes, aeropuertos, sucursales bancarias; además de administrar aduanas y cualquier ocurrencia del tropical magín presidencial. Los segundos se abocan a incrementar su poder y sus ingresos al expandir su control político y sus redes criminales.
VAGÓN DE CABÚS
Siglo y medio de comercio clandestino entre México y Estados Unidos han producido acuerdos entre traficantes y autoridades. Algunos, para conservar la paz en un mercado de dolor y de tragedia. Otros más viles, donde intervinieron narcos, agente, instituciones y gobiernos. Todos produjeron carretadas de dinero.
La democracia, sin darnos cuenta, le abrió la puerta al crimen para posicionarse en la administración pública y, así, controlar la estructura administrativa. Este control hoy va desde el policía de crucero hasta los altos niveles del gobierno que los protegen con una política de “abrazos, no balazos”. Tenemos al diablo en casa: el dinero le abrió la puerta, y el vicio la mantiene abierta. N
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Salvador Casanova es historiador y físico. Su vida profesional abarca la docencia, los medios de comunicación y la televisión cultural. Es autor del libro La maravillosa historia del tiempo y sus circunstancias. Los puntos de vista expresados en este artículo son responsabilidad del autor.
