Ni una pluma, ni un vehículo, y ni una computadora pueden ser utilizados en el desarrollo de las actividades relacionadas a las campañas políticas, advierte el consejero del Instituto Estatal Electoral, Javier Mojarro. Para las y los funcionarios públicos que trabajan en cualquier dependencia, ya sea municipal, estatal o federal, la principal obligación es mantener su función bajo los principios de neutralidad e imparcialidad. Para esto, deben separar el ejercicio de su función, y su derecho como ciudadanos a ejercer actividades políticas y electorales.
El consejero detalla que si bien pueden realizar actos proselitistas, estos deberán ser fuera de su horario laboral, y fuera de edificios públicos.
“Sin utilizar ningún recurso que esté a su alcance. Esto es importante: a veces pensamos que los recursos públicos son únicamente dinero o una cuenta en el banco. No. Son todos aquellos bienes que están a disposición, como puede ser mobiliario, equipo de computo, automóviles, papelería, electrónicos, etcétera”, explica.
“Todo eso” continúa, “debe dejarse en las oficinas, no utilizarse a favor de alguna entidad política, partido o coalición”.
También subrayó que los propios funcionarios y quienes laboran en general en las dependencias, también son considerados como recursos humanos, por lo que los jefes no deben condicionar o coaccionar, incluso amenazar al personal para que acuda a algún acto o evento proselitista.
Suspensión de propaganda electoral en campañas.
Otro punto importante, explicó el consejero, es que desde este domingo y hasta que concluya la jornada electoral, deberá suspenderse la difusión de propaganda gubernamental. Esta medida contempla a todas las dependencias, con algunas excepciones.
“La que esté orientada a servicios de educación, salud, protección civil, y aquellas que orienten a la ciudadanía a pagar sus impuestos y contribuciones. Todo lo demás debe suspenderse, porque esta propaganda, que es pagada con recursos públicos, podría desbalancear la contienda entre las candidatas” asegura Mojarro.
Todos pueden denunciar.
Ciudadanos, partidos políticos, asociaciones, cualquiera puede iniciar una denuncia ante las autoridades electorales en caso de detectar acciones en contra de las reglas de este proceso, explica el consejero.
Si bien este proceso aún tiene que hacerse de manera presencial, se requieren pruebas mínimas para que las autoridades estén obligadas a realizar una investigación. A eso, agrega, el hecho de que pueden acceder a bases de datos para sustentar estas faltas.
“Con pruebas mínimas, incluso una fotografía, ya nosotros tenemos la obligación de hacer una investigación. Yo sé por ejemplo que en el caso de los vehículos, estos ya no tienen emblemas, pero nuestra facultad nos permite acceder a registros de placas, y lo podemos cruzar con inventarios públicos de las dependencias, y mandar información al tribunal. Mejor que no se la jueguen.” advierte.