EL PRESIDENTE estadounidense, Joe Biden, utilizó de inmediato sus poderes ejecutivos para comenzar a dar forma a su programa de trabajo y revertir varias de las acciones de su predecesor, Donald Trump.
Después de la ceremonia de investidura, Biden firmó una serie de órdenes ejecutivas, además de ordenar otras acciones con el objetivo de cambiar el curso de la nación.
A continuación, Newsweek analiza las órdenes ejecutivas que Biden firmó el primer día de su presidencia.
Promover la igualdad racial y el apoyo a las comunidades desatendidas a través del gobierno federal.
Biden firmó una orden ejecutiva donde hace un llamado al gobierno federal a “usar un enfoque amplio para fomentar la igualdad para todos, incluidas las personas de color y otros grupos que históricamente han sido desatendidos, marginados y afectados en forma adversa por la persistente pobreza y desigualdad”.
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“Promover de manera positiva la igualdad, los derechos civiles, la justicia racial y la igualdad de oportunidades es responsabilidad de todo nuestro gobierno”, se lee en la orden.
“Debido a que el fomento de la igualdad requiere un enfoque sistemático para incorporar la justicia en el proceso de toma de decisiones, los departamentos y organismos ejecutivos (agencias) deben reconocer y compensar las desigualdades en sus políticas y programas que obstaculizan la igualdad de oportunidades”.
En este documento se ordena trabajar para identificar métodos de examinar la igualdad, de manera que cada organismo federal se someta a una evaluación de igualdad y para que se destinen recursos para “impulsar la justicia y la oportunidad”.
Esta orden también revierte la prohibición de Trump de otorgar capacitación con fondos federales en la que se destaque el concepto del privilegio blanco.
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Proteger al personal federal y exigir el uso de cubrebocas.
Como parte de las acciones de Biden para hacer frente a la crisis del COVID-19, el presidente ordenó el uso de cubrebocas en las propiedades federales.
En la orden se indica que: “Para proteger al personal federal y a las personas que interactúen con dicho personal, y para garantizar la continuidad de los servicios y actividades del gobierno, los empleados federales en funciones o que trabajen de manera presencial, los contratistas federales presenciales y otras personas que se encuentren en edificios federales o en terrenos federales, deberán usar cubrebocas, mantener la distancia física y cumplir con otras medidas de salud pública, según se indica en los lineamientos de los CDC [Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades]”.
Organizarse y movilizarse para combatir el COVID-19.
Otra de las órdenes se centra en el deseo de “actuar de manera rápida y agresiva para combatir la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)”.
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Dicha orden se titula “Organizar y movilizar al gobierno de Estados Unidos para proporcionar una respuesta unificada y efectiva para combatir el COVID-19 y dar a Estados Unidos el liderazgo de la salud y la seguridad mundial”.
En esta se establecen los puestos de Coordinador de la respuesta ante el COVID-19 y de Asesor del presidente y Vicecoordinador de la respuesta ante el COVID-19 dentro de la Oficina Ejecutiva del presidente.
Estos funcionarios serán responsables de coordinar los esfuerzos federales relacionados con temas como la distribución de vacunas y la realización de pruebas.
También se ordena que los directores de los organismos deberán informar a dichos funcionarios sobre “cualquier obstáculo a la respuesta ante el COVID-19″ tan pronto como sea posible, para que ellos puedan coordinar las respuestas a dichos obstáculos.
En la orden también se tiene en cuenta la preparación ante posibles amenazas biológicas y pandémicas.
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La revisión de las políticas y prioridades de cumplimiento de las leyes de inmigración civil.
Esta orden revoca un decreto anterior emitido por Donald Trump. En dicho decreto, identificado con el número 13768 y conocido también como Mejoramiento de la seguridad pública en el interior de Estados Unidos, se establecía que a las ciudades santuario y a las jurisdicciones que no cumplieran con las medidas de ejecución de las leyes de inmigración se les retirarían ciertos fondos federales.
“La política de mi gobierno consiste en proteger la seguridad nacional y fronteriza, hacer frente a los desafíos humanitarios en la frontera sur y garantizar la salud y la seguridad pública. También debemos apegarnos al debido proceso de la ley, al tiempo que salvaguardamos la dignidad y el bienestar de todas las familias y las comunidades”, se establece en la orden.
“Mi gobierno restablecerá las políticas y prácticas para hacer que el cumplimiento de las leyes de inmigración civil se apegue a estos valores y prioridades”.
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Revocación de varias órdenes ejecutivas relacionadas con la normativa federal.
Esta orden también tiene como objetivo revertir las acciones de Trump al eliminar seis de sus decretos.
“Es política de mi gobierno utilizar las herramientas disponibles para hacer frente a los desafíos urgentes que enfrenta la nación, entre ellos, la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), la recuperación económica, la justicia racial y el cambio climático. Para afrontar con efectividad estos desafíos, los departamentos y organismos ejecutivos (agencias) deben estar equipados con la flexibilidad para usar acciones regulatorias sólidas para hacer frente a las prioridades nacionales”, se lee en la orden.
“Esta orden revoca las políticas y directivas perjudiciales que amenazan con frustrar la capacidad del gobierno federal para hacer frente a esos problemas y empodera a las agencias para usar adecuadamente las herramientas regulatorias para alcanzar esos objetivos”, se indica.
Esto incluye la revocación de la Orden Ejecutiva 13771, que exigía que cualquier departamento u organismo ejecutivo que anunciara una nueva regulación también debía proponer la derogación de dos regulaciones en compensación.
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Garantizar un recuento y distribución legales y precisos con respecto al censo decenal.
Esta orden también busca rechazar las posturas asumidas por Trump y garantizar que todas las personas que viven en Estados Unidos estén representadas en la Cámara de Representantes.
Su objetivo es garantizar que la población de cada estado “para fines de representación ante el Congreso” se determine “independientemente de si sus residentes poseen una condición de inmigración legal”.
Esto revierte el memorando anterior de Trump, emitido en julio de 2020, titulado Excluir a los extranjeros ilegales de la base de distribución después del censo de 2020.
Proteger la salud pública y el ambiente, y hacer que la ciencia vuelva a abordar la crisis climática.
Aquí se ordena revisar todas las acciones emprendidas por el gobierno anterior que puedan entrar en conflicto con los objetivos de Biden con respecto al clima.
En esta orden se revoca una serie de órdenes ejecutivas relacionadas con el clima realizadas por el expresidente.
“Nuestra nación tiene el compromiso permanente de empoderar a nuestros trabajadores y comunidades, promover y proteger la salud pública y el ambiente, y conservar nuestros tesoros y monumentos nacionales, que son lugares que guardan nuestra memoria nacional”, se indica en la orden.
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Prevenir y combatir la discriminación con base en la identidad de género o en la orientación sexual.
“Todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad y deben ser capaces de vivir sin temor, sin importar quiénes son o a quién aman”, se indica en la orden.
“La política de mi gobierno consiste en prevenir y combatir la discriminación con base en la identidad de género o en la orientación sexual”.
En la orden se establecen revisiones para que los organismos garanticen su entera cooperación con el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y otras leyes que prohíben la discriminación con base en la identidad de género o la orientación sexual.
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Compromisos éticos del personal de la rama ejecutiva.
En esta orden se establece que cada persona nominada para cada organismo ejecutivo a partir del 20 de enero deberá firmar un compromiso ético.
En dicho compromiso se establece que: “Me comprometo con la toma de decisiones basada en los méritos y exclusivamente en interés del público, sin tener en cuenta las ganancias privadas o los beneficios personales.
“Me comprometo a llevar una conducta que mantenga la independencia de la aplicación de la ley y que impida la inadecuada interferencia con las decisiones de investigación o de juicios legales por parte del Departamento de Justicia.
“Me comprometo a tomar decisiones éticas con respecto a mi empleo después de trabajar en el gobierno, las cuales no deberán dar la impresión de que he utilizado mi servicio en el gobierno para obtener ganancias privadas, incluido el uso de información confidencial adquirida y relaciones establecidas para el beneficio de futuros clientes”. N
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Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek
