La Auditoría Superior del Estado (ASE), presentó este martes una denuncia penal en contra del gobierno estatal que encabezó Francisco “Kiko” Vega.
Acusó que mil 586 millones de pesos fueron desviados a través de operaciones financieras simuladas con proveedores inexistentes, y presentó ante la Fiscalía Estatal testimoniales y documentos sobre las irregularidades que encontró luego de realizar una revisión especial.
Se trata de recursos ejercidos del 2014 al 2019, los cuales derivan de pagos a más de cien supuestos proveedores a través de 273 operaciones inusuales.
De acuerdo a un comunicado, estos gastos representan cerca del 40% del presupuesto anual de la Secretaría de Salud en la entidad.
Esta denuncia penal señala como presuntos responsables el ex Gobernador del Estado, a sus dos ex titulares de la entonces Secretaria de Planeación y Finanzas, hoy Secretaría de Hacienda y a 9 funcionarios más, entre subsecretarios y directores de área.
Fue presentada ante la Unidad de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía General del Estado (FGE) por el Auditor Superior del Estado, José Sergio Soto García y la diputada y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Eva Rodríguez.
Además, la ASE está por concluir otras auditorías que podrían llegar incrementar la cifra del dinero que fue desviado a más de 2 mil millones de pesos, informó el Congreso del Estado a través de un comunicado de prensa.
La Auditoría Superior del Estado documentó información que podría ser constituido de delitos de carácter penal federal, así como del fuero común.
En el ámbito federal los delitos que pudieron haber cometido los ex funcionarios son Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En el fuero común serían Enriquecimiento Ilícito, Ejercicio Ilícito del Servicio Público, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y los demás que pudieran ser constitutivos en base a las conductas de los servidores públicos.
De acuerdo al Congreso del Estado, la Auditoría Superior de Fiscalización hizo una revisión de trabajos facturados y pagados en el ejercicio fiscal del 2018.
Con base en las irregularidades detectadas, la amplió a los ejercicios fiscales del 2014 a 2019.
Observaron en términos generales operaciones inusuales repetitivas que el Ejecutivo del Estado realizó del 2014 al 2019.
Detectaron prestaciones de servicio sin convocatoria, ni licitaciones a las que están legalmente obligados, sin contratos por la prestación de servicios y sin recepción ni evidencia del servicio prestado, por mencionar algunos de los movimientos.
No es la primera denuncia penal que enfrenta el ex gobernador panista en menos de un año.
En noviembre de 2019, “Kiko” Vega y otros cuatro funcionarios, también fueron denunciados por el supuesto desvío de más de mil 200 mdp en la última parte de su mandato.
Su esposa, Brenda Ruacho de Vega también fue señalada con una denuncia penal por probables malos manejos en la contabilidad del centro CRIT y de las Villas del CRIT, cuando fue Presidenta Estatal del DIF.
Pues según el Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez, se detectó que en su mandato abrieron cuentas de banco en las que captaron fondos públicos utilizándolos presuntamente para fines personales.
