La garantía y respeto de los derechos humanos se encuentran en un riesgo potencial con el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido al proceso ilegitimado por la que fue electa en el Congreso de la Unión, así como por sus vínculos partidistas con MORENA, así lo refirió el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

“Creo que se quedó un poco a ciegas en materia de derechos humanos, porque es difícil que esta persona, por su capacidad, por la forma en la que llegó, con su vinculación con la directiva del propio partido, como se demostró, sea una persona que le pueda señalar sus fallas en derechos humanos”.

De visita por Aguascalientes para impartir una conferencia, indicó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, perdió una oportunidad importante para contar con una persona crítica y profesionalmente apta para señalar las fallas del sistema gubernamental en materia de derechos humanos.

“Al presidente lo que más le hubiera servido es tener a una persona muy conocedora, muy profesional, muy desvinculada de ella, como sucede en las empresas con los auditores externos que pueden señalarle formas autocorrectivas, y que quizá el presidente no la comprendió o se sintió retado por las fuerzas sociales y reaccionó imponiendo a esta persona”, mencionó.

En otro tema, el ministro en retiro lamentó la falta de cambios de fondo en la aplicación de la justicia en casos de perspectiva de género, como el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, en donde fue cuestionable el desempeño de los jueces que llevaron el caso, al grado de que la opinión pública ha reclamado que sean cesados de su cargo.

“A mí lo que me preocupa es que cuando sucede un caso tan desafortunado como este todo el mundo se pone atento, todo el mundo declara y dice que va a ser la última vez, pasan 6 meses y uno se da cuenta que no hubo medidas estructurales, entonces no hay continuidad ni seguimiento, no hay una marcha constante y esto sí me parece que es muy penoso”.

Criticó además la falta de seguimiento y continuidad de este tipo de casos para evitar que se sigan replicando.

Por otra parte, José Ramón Cossío expresó que si bien algunos grupos delictivos ligados al tráfico de drogas podrían ser considerados por las autoridades de gobierno de los Estados Unidos como organizaciones terroristas, no se ven cercanas acciones de intervencionismo en nuestro país.

“Alguien mencionaba que si Estados Unidos podía introducir drones al territorio nacional y a través de los drones dispararle a los delincuentes, yo no creo que eso esté permitido, pero sí creo que incrementarían todas las acciones de fiscalización de las personas vinculadas, el congelamiento de cuentas bancarias en Estados Unidos, el arresto de las personas que podrían estar relacionadas, como una especie de red o de malla, todo eso sí se puede incrementar”, añadió.

Nepotismo y enriquecimiento ilícito, actos de corrupción más frecuentes en el Poder Judicial

Sobre la corrupción en los poderes judiciales, el ministro en retiro de la Corte señaló que en los últimos años se han aplicado sanciones a impartidores de justicia que han sido señalados de actos de corrupción como nepotismo y enriquecimiento ilícito.

Al respecto, dijo que se han aplicado sanciones, que van desde una amonestación pública hasta destituciones del cargo, incluyendo a jueces que recibían recursos a cambio de emitir un fallo a favor de alguna de las partes.

“Ahorita la idea es que sí ha habido actos de nepotismo, algunos temas de corrupción, pero los años que yo estuve en el Poder Judicial de la Federación sí se destituyeron cantidades importantes de jueces, que presentaban su reclamación, algunas veces la ganaban por vicios en los procesos y otras veces la perdían, pero la única forma de ver la problemática es comparándola en los últimos 10 años y ver las sanciones que se están imponiendo”.

Por ello, destacó la necesidad de implementar programas de supervisión de las declaraciones patrimoniales de los integrantes de los poderes judiciales, a fin de señalar y sancionar posibles actos de corrupción.

“Lo que se necesita son programas de monitoreo y ahí donde brinquen las cuentas llevar a cabo las revisiones apegadas a derecho y si no se pueden acreditar que se apliquen las sanciones”, finalizó Cossío Díaz.